Nuevos datos revelan por qué debió maquillar su vínculo con
una consultora satelital del PRO que no podía ser contratada por el Estado. Su
esperanza en los vínculos de Angelici en Comodoro Py.
Por Sebastián Lacunza
Letra P
22/07/2018
Laura
Alonso se quitó la palabra. Un cúmulo de irregularidades para contratar a una
consultora que orbita en el Pro y de maniobras de baja política para ocultarlas
colocaron a la titular de la Oficina Anticorrupción ante una opción
inconveniente: si habla, se incrimina; si calla, incumple sus deberes básicos
como secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Para
eludir la encerrona, Alonso apuesta a jugar en dos campos en los que se siente
más cómoda. Por un lado, deja saber que romperá silencio ante el juez federal
Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, quienes recibieron una
denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero por la contratación irregular de
la consultora de prensa y lobby Consuasor. A la espera de la oportunidad de ser
oída en Comodoro Py, la responsable de Ética Pública tuitea sobre fake news, trending topic del que se
declara víctima. Se desconoce si la estrategia de Alonso fue concertada con
Consuasor, aunque hay indicios para suponerlo.
Mientras
tanto, salen a la luz los motivos por los cuales Alonso prefirió, al menos
desde comienzos de 2017, extender contratos personales a los dueños de
Consuasor y no la firma en sí, pese a que personal de la consultora predilecta
del PRO trabajaba para su oficina sin estar registrado para el Estado.
INADMISIBLE. En enero pasado, el Ministerio de la Producción lanzó una
licitación para un servicio de asesoramiento comunicacional, a la que se
presentó Consuasor SRL, la razón social conformada en diciembre de 2015, en
coincidencia con la asunción de Mauricio
Macri en la Presidencia.
Al
momento de la convocatoria, ya había publicado que al menos media docena de
dependencias estatales -Oficina Anticorrupción, Senado, Gobierno de Salta;
ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa- habían disimulado los pagos a
Consuasor vía contratos con los dueños de la consultora, Facundo Sosa Liprandi
y Alejandro Giúidice (el tercer fundador se había separado de la firma cuando
pasó a formar parte del Gobierno, en 2015).
Federico Falcone, Jonatan Luis y Florencia Castro,
asesores del Ministerio de Producción cuando lo conducía Francisco Cabrer dictaminaron el 17 de abril que la participación
de Consuasor en la licitación resultaba “inadmisible” por dos motivos
cruciales: registraba deuda exigible con el Estado y ni siquiera había
completado el trámite de inscripción en el registro de contrataciones
consecuencia, los funcionarios de Producción evaluaron que la oferta de
Consuasor era “imposible” de analizar. En cambio, el mismo texto aconsejó
admitir al otro oferente, Urban/ UP Comunicación.
Es
decir, Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por un organismo
público, por lo que Alonso, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, el senador nacional Federico Pinedo y otros funcionarios optaron por pagos personales a
Sosa Liprandi y Giúdice. En el caso de la OA, por lo menos 82.500 pesos mensuales
en 2018, con proyección anual de 990.000, según información oficial en poder de
este medio.
NADA FUE UN ERROR. Alonso difícilmente podría negar que el servicio era
prestado por la consultora y no sólo por sus dueños dado que hay pruebas que
demuestran lo contrario. La jefa de Anticorrupción tampoco podría soltarles la
mano a los contratados.
La
funcionaria trató de ocultar durante meses el vínculo con Sosa Liprandi -quien
tuvo un paso por el último PAMI kirchnerista d donde, con anuencia de su titular
Luciano Di Césare, trabajó para la
victoria del PRO- mediante diferentes artilugios. Consultada atrás para esta
nota sobre cuándo se interrumpió exactamente el vínculo laboral de la Oficina
Anticorrupción con los dueños de Consuasor, la secretaria de Ética informó que
no respondería y que lo haría en la causa judicial en el fuero federal.
Es
probable que la jefa de la OA no esté al tanto de que su obligación republicana
de transparencia incluye informar con buena cómo maneja el presupuesto. Ante
ello, Letra P requirió -mediante un nuevo pedido de información- saber además
cuál fue la vía de llegada de Consuasor. Los socios de la consultora tenían
vínculo histórico con el PRO pero, aun así, dos fuentes indican que, en caso de
Alonso, la contratación no obedeció a una relación personal sino a indicaciones
de jefes políticos.
La
obediencia partidaria dispara otra incompatibilidad. Por ejemplo, Alonso
debería investigar si su colega en el gabinete, Triaca hizo nombrar en un
puesto estatal a la empleada a la que maltrataba y empleaba en negro, Sandra Heredia, así como a decenas
ñoquis, pero a enero pasado, cuando se conoció el caso, Sosa Liprandi se
sentaba a la mesa chica de ambos. Con la funcionaría coordinaba cómo decir que
investigaría el escándalo: con el ministro articulaba la estrategia para
aplanarlo.
LA ÓRBITA DEL TANO. El fiscal federal que debería impulsar la denuncia por
negociaciones incompatibles con la función pública malversación de caudales es
el ex secretario de Seguridad de Boca Juniors Stornelli, quien -según Elisa Carrió- conversa sus decisiones
con el lobista gubernamental Daniel
Angelici.
Laura
Alonso debe en gran medida al titular del club de la Ribera su comentado salto
hace una década desde Poder Ciudadano lugares expectantes en las listas del
PRO. El mundo de las ONG fue una importante salida laboral para muchos miembros
de los que quedaron huérfanos en las décadas del 90 y 2000, y unos cuantos
reingresaron a la función pública de la mano de los gobiernos de Macri en la
Ciudad y en la Nación.
En
ese tránsito, para algunos resultó fundamental el padrinazgo de Angelici,
armador del brazo UCR-PRO. Alonso y su pareja, Ernesto Ochoa -mano derecha del “Tano”-, son claros exponente de
esa vertiente.
Con
las fichas puestas en el tejido de Angelici en Comodoro Py, Alonso espera el
destino de una causa que ni siquiera fue abierta.
Además
de celebrar una gracia repugnante de un troll sobre el cadáver de Santiago
Maldonado, Alonso se manifestó esta semana sorprendida por “cómo opera la bola
de fake news”. Le pareció “maravillosa” una descripción de Carlos Pagni sobre
operaciones entre servicios de inteligencia y “usurpadores del título medios y
periodistas”, a quienes no identificó. Insistió sobre los “truchimedios”
dedicados a “calumniar, difamar, engañar y mentir escudados en la libertad de
expresión esparciendo basura con malicia”, y bloqueó a Florencia Moroni, a
quien calificó de “truchitroll” luego de que le preguntara por el estado de la
investigación la supuesta financiación ilegal del PRO.
La fiscal
anticorrupción gugleó fake news y
halló un breve artículo publicado en febrero en el Washinton Post sobre cómo usinas esparcen información falsa con
alguna apariencia verosímil.
Tiempo
después de esa nota, se supo que la consultora de Cambridge Analytica fue
artífice de campañas sucias en redes sociales contra Hillary Clinton y en favor
de Donald Trump. Indagado en junio en el seno del parlamento británico, el ex
CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix admitió que su usina de fake news trabajó también en la
Argentina durante el 2015, en una campaña para promover el cambio político.
Buen tema para que investigue la Oficina Anticorrupción.