El organismo encargado la Etica Pública quedó dentro de un conflicto de
intereses
22 de enero de 2018
La Oficina Anticorrupción
contrató como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además
hace lobbying para empresas privadas. El lobbying consiste en representar
intereses particulares ante el Estado. Ahora puede hacerlo desde el Estado
mismo.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA),
Laura Alonso, contrató como responsable de prensa a una consultora. Es algo de
por sí inusual para funcionarios públicos, que suelen manejarse con voceros y
equipos de comunicación que ocupan puestos estatales. En este caso, además, no
se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo
político, ya que la firma está ligada al PRO. La empresa se dedica nada menos
que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses.
Consuasor, fundada en 2005, fue contratada por la OA a comienzos del año
pasado. Entre sus servicios ofrecidos en la web, figura la estrategia
comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”. También el
lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el
Estado.
De modo que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra
la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es
investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el
escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que
buscan incidir en políticas gubernamentales. Si Consuasor se dedica a abrir
puertas de despachos oficiales para sus clientes, la tarea se le torna mucho
más llevadera desde el riñón de una dependencia pública dedicada a monitorear
el mapa del Estado argentino.
La consultora detalla su oferta de este modo:
- “Brindamos información sensible, imparcial y
detallada sobre decisiones relevantes de gobiernos y parlamentos de
Latinoamérica para quienes toman decisiones”.
- “Con un enfoque profesional, original y ético
del lobbying en tanto gestión de los intereses de nuestros clientes ante
los gobiernos, ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para sus
proyectos”.
El artículo 2 de la ley de Ética Pública, directriz de la OA, establece
que el funcionario debe “velar en todos sus actos por los intereses del Estado,
orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera
el interés público sobre el particular”.
En tanto, el artículo 13 impone que “es incompatible con el ejercicio de
la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o,
de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una
concesión o sea proveedor del Estado”.
La frontera bifuncional de la consultora contratada por Alonso choca con
lo estipulado.
La norma es que ministros, secretarios y altos funcionarios trabajen con
equipos de prensa integrados por empleados públicos fijos o contratados, a
veces bajo condiciones precarias. Dado que la tarea tiene alta sensibilidad
política y suele ir más allá de la vocería, los funcionarios tienen habilitada
la designación de profesionales de su máxima confianza en puestos jerárquicos.
A veces con el rango de director nacional.
Desde 2015, Anticorrupción ha contado con el área regular de Prensa y
con jefes designados ad hoc. La particularidad de la dependencia a cargo de
Alonso es la alta rotación de “prenseros”, como se conoce en la jerga a los
responsables del área. Al menos tres en dos años.
Consuasor fue ganando terreno y se transformó en la voz de Alonso y
jefatura de prensa de la OA. De hecho, una consulta periodística regular
formulada al área de prensa es respondida por la consultora.
Los fundadores de Consuasor son tres jóvenes que estudiaron en la
Universidad Católica, uno de los cuales, Juan Gentile,conocido como Juano,
falleció el 25 de septiembre pasado, a los 34 años. Fue jefe de prensa del
bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO
entre 2012 y 2015, y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del
gobierno de Macri. La muerte por enfermedad del joven, oriundo de la localidad
de 9 de Julio, provocó un fuerte impacto entre funcionarios y periodistas, que
valoraban su carácter siempre afable.
Gentile fue un cercano colaborador de Federico Pinedo en la Cámara de
Diputados. Más aún, Consuasor se atribuye la “asesoría estratégica” de
“President Pinedo” (sic) desde 2006 hasta la actualidad, incluido su papel como
titular provisional del Senado, tercero en la sucesión presidencial. Parte del
área de prensa de Pinedo es manejada por la consultora hasta el día de hoy, en
otro hecho poco usual.
Sosa Liprandi, en tanto, fue gerente de Comunicaciones del PAMI entre
2012 y 2015 bajo la dirección de Luciano Di Césare, durante el gobierno
anterior.
Al producirse el cambio de mando nacional, en diciembre de 2015, Sosa
Liprandi retomó la silla de Consuasor, aunque con la función ambigua antes
descripta, y Gentile ingresó a la Casa Rosada. Fuentes consultadas indicaron
que el joven fallecido no tuvo vínculo formal con Consuasor mientras se
desempeñó como subsecretario.
El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice, ex jefe de
Relaciones Institucionales de Walmart.
ONGs
Alonso fijó como una de las prioridades de su gestión el vínculo con las
organizaciones no gubernamentales, mundo del que proviene. Cuando en 2009 dejó
la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ser candidata a diputada del
PRO, la decisión produjo un cimbronazo en la organización, ya que el pase
socavó la pretensión de apartidismo de ese tipo de entidades.
Los cuestionamientos a la funcionaria van mucho más allá del
kirchnerismo o la izquierda. Una de sus críticas frecuentes, Margarita
Stolbizer, apuntó contra Alonso el fin de semana por el llamado a licitación
para realizar un mapa de la corrupción en el Servicio de Sanidad Animal a un
costo de 1,3 millón de pesos, lo que para la ex candidata presidencial era una
cifra exorbitante y un intento de privatizar tareas que deberían ser propias de
la OA.
En respuesta al bisemanario Perfil, fuentes cercanas a Alonso indicaron
que “hacía diez años que la OA no trabajaba y para hacer este mapa se necesitan
contadores, ingenieros, especialistas. Este análisis no se puede hacer sólo con
abogados, que es el personal que tiene el organismo”.
El resbaladizo argumento de Alonso generó reparos incluso dentro de la
OA, según pudo saber este diario, pero en cualquier caso, resulta inaplicable
al caso de Consuasor como responsable de prensa.
PáginaI12 intentó comunicarse con Alonso para conocer el monto mensual
abonado a Consuasor y los motivos de la contratación, y también con la empresa
encargada de la prensa. Consuasor no respondió ni como proveedor del Estado ni
como vocería de la Secretaría de Ética.