sábado, 13 de agosto de 2016

El olvido llega hasta donde puede

Sebastián Lacunza
Buenos Aires Herald

Durante muchos años, para ciertos círculos de la sociedad argentina, la dictadura fue “el proceso” o “el gobierno militar”, y el terrorismo de Estado era “la guerra sucia” o, con un tono más cómplice con las atrocidades, “la lucha antisubversiva”.
La militancia de los organismos de derechos humanos y las víctimas coincidieron con la prédica del primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, para llamar a las cosas por su nombre. Así, aquél que quiso pudo saber que en los tempranos 80 — si es que había estado distraído la década anterior — imperó entre 1975 y 1983 un régimen que utilizó metodología nazi. En ese sentido, Alfonsín como presidente y los organismos en las calles (aliados por conveniencia más que por convicción) emprendieron una tarea didáctica contra, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación de entonces. Hubo que esperar más de una década desde la recuperación de la democracia para que los diarios Clarín y La Nación se atrevieran a titular con la palabra “dictadura”.
Mauricio Macri no estuvo entre los sectores que abrieron los ojos a tiempo. El actual presidente, como casi todos en el gran empresariado argentino, no mostró ningún interés en el proceso de memoria, verdad y justicia en las décadas del ochenta y noventa, cuando ya era una figura pública, primero como joven ejecutivo en las empresas de su padre y luego como presidente de Boca. Por el contrario, en la generación de los grandes magnates como Franco Macri, prevaleció una mirada cómplice con los militares, en honor a los buenos negocios cometidos. Hijo de aquella generación aunque con un padre mucho más modesto que Franco Macri es el derrotado candidato kirchnerista a la presidencia Daniel Scioli, dos años mayor que el actual presidente. Hay registros de hace 25 años que muestran a Scioli sin ningún compromiso con las causas por lesa humanidad. De hecho, fue un firme aliado del peronista de derecha Carlos Menem, quien trató de coronar la impunidad absoluta en la Argentina con los indultos. Vale reconocer que Scioli rectificó el rumbo y hace ya 12 años, poco después de su llegada al kirchnerismo, que abrazó al causa de la justicia sin vacilaciones. 
Entrevistado por una periodista mexicana, Macri volvió a demostrar esta semana que los juicios a los represores no están dentro de su órbita de interés, y que hasta desconoce la marcha del proceso. Llamó “guerra sucia”, un típico cliché de su círculo económico y cultural, al accionar de un Estado que secuestró y tiró a los disidentes al río en plena noche, sin ninguna guerra, ni limpia ni sucia.
Sin embargo, es posible mirar la mitad del vaso lleno. 
Veinte años atrás, Carlos Menem decía lo siguiente. "Más allá de los costos y de los errores que se cometieron en una guerra sucia como la que tuvimos que vivir, lo cierto es que desapareció el aparato subversivo de la Argentina. Eso se lo debemos al pueblo, que comprendió la etapa que vivimos, y a los hombres de armas y de seguridad. En una guerra sucia merecen respeto todos tanto los muertos de un sector como los del otro. También hubo torturas, cautiverio y asesinatos por parte de quienes ahora se rasgan las vestiduras levantando la voz en contra de las Fuerzas Armadas. Yo he sido una de sus víctimas, así que tengo más autoridad que muchos para hacer referencia a estos temas. Es mejor olvidar todo esto” 
Con su apoyo – aunque sea formal y a desgano – a los juicios a los represores, expresado al menos en los últimos cinco años, Macri quebró una tradición de los políticos conservadores argentinos. Sea por convicción o necesidad, el macrismo no encuentra espacio hoy siquiera para sostener a un funcionario como Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura de la Ciudad experto en jugar frívolamente con la memoria de la dictadura.
Por caso, la vicepresidenta Gabriela Michetti, con origen político en el ala moderada de la Democracia Cristiana, viene predicando con absoluta claridad su condena al terrorismo de Estado, sin los vaivenes semánticos de Macri. Michetti es una más dentro del oficialismo que debe lidiar con otros que bregan por la impunidad, tanto dentro como fuera del oficialismo. Por caso, los editoriales de La Nación – diario especialmente influyente en las decisiones del gobierno -  aún hoy se muestran desinhibidos a favor del olvido, la tergiversación y la injusticia, síntoma elocuente de la solidez que tuvo la alianza de la prensa con los represores de los setenta.
Si el fuerte de Macri no son las palabras, cabe remitirse a los hechos. Empujado por la visita de Barack Obama, el Presidente se forzó a recibir a referentes de los organismos de derechos humanos que hasta entonces había ignorado (si bien compensó el gesto con reuniones con representantes de los represores presos).
En un plano más importante, la secretaría de Derechos Humanos de Macri mantuvo su condición de querellante en los juicios por violaciones a los derechos humanos, al menos hasta la semana pasada. El miércoles surgió un dato negativo cuando se hizo público que el Estado se había retirado de la querella en el juicio por el secuestro de Eduardo Saiegh, un empresario que despojado de su banco y sus empresas en una acción coordinada por autoridades económicas de la dictadura. No casualmente, el juicio que el gobierno de Macri deja ahora debilitado tiene como acusados a responsables civiles, no sólo a militares.
Probablemente el proceso de justicia no sea prioridad para el gobierno de Macri, pero no le será fácil dar vuelta la página. Cada vez que el Presidente o sus funcionarios incurren en alguna torpeza, la sociedad argentina muestra los resortes para recordar el valor del Nunca Más.

sábado, 6 de agosto de 2016

Política carcelaria

By Sebastián Lacunza
Al cabo de ocho meses de Mauricio Macri en ejercicio de la Presidencia, un número creciente de exfuncionarios, empresarios, dirigentes sociales o militantes de base identificados con el anterior gobierno se encuentran detenidos, o la cárcel pasada o futura los sobrevuela. En la era de la desinformación, atrae la posibilidad de aplanar el abordaje, aunque se trate de personas con trayectorias diferentes, incluso opuestas. Las versiones predominantes indican que, o estamos ante una persecución despiadada de un gobierno conservador que busca escarmentar cualquier proyecto político que intente redistribuir la riqueza, o bien se trata de la consecuencia lógica de haber sido asolados por "una banda de ladrones". Las causas son diferentes, pero la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina se encuentra en entredicho. La historia da cuenta del penoso destino al que llevan los desmanes judiciales.
No es lo mismo un ex vicepresidente que intentó quedarse con la empresa que emite moneda, o el contratista del Estado que surgió de la nada por su vínculo con la familia Kirchner y hoy posee millonarias cuentas fantasma en Suiza, que una dirigente social encarcelada en Jujuy por protestar en una plaza o el referente de una villa que pasa varios días en prisión por posesión de una pequeña cantidad de droga. Se supone que la UCR es el partido que aporta institucionalidad al clásico pragmatismo legal de los conservadores argentinos. Pues bien. El trabajo sucio contra la dirigente jujeña Milagro Sala lo lleva adelante ese partido, con el inaudito argumento de que era necesario en aras de la "gobernabilidad". Una vez detenida sin causa, como en las peores épocas, el gobierno radical de Jujuy comenzó a formar un expediente con los delitos oprobiosos de Sala. 
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se negó el jueves a prestar declaración indagatoria en la causa por el desvío de fondos del programa de viviendas Sueños Compartidos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, confrontado por el desafío de Bonafini, transformó una chispa procesal en un incendio político. Una de las madres icónicas de lucha más digna de la historia argentina volvía a verse rodeada de cientos de policías amenazantes que procuraban su captura. De tan torpe, el paso no parece inocente; como si alguien intentara distraer la atención. 
Bonafini es una luchadora incansable a la vez que una dirigente autoritaria; una compañera solidaria a la vez que cruel con quienes la contradigan, aunque sean madres que han sufrido tanto como ella. Una mujer que vive humildemente a la vez que arbitraria para abrazar deshonestos. Ante todo, una víctima del terrorismo de Estado que eligió la lucha antes que la venganza. Paradojas de la historia. Mientras la Policía buscaba a Bonafini en la noche del jueves, casi todos los cómplices civiles (empresarios, jueces, sacerdotes) que trabajaron codo a codo con la dictadura y unos cuantos represores condenados que en los últimos ocho meses lograron la prisión domiciliaria observaban las imágenes de los canales de noticias desde un sillón de su casa. Inefables abogados que acababan de firmar un documento en el que defienden la impunidad de terroristas de Estado declamaron que la orden de arresto de Bonafini era irrefutable porque nada "la pone por encima de ley". La reflexión de los letrados invita a observar otra paradoja. La falta de Bonafini (no concurrir a una indagatoria) no es algo extraordinario. Políticos como Mauricio Macri (causa de represión de indigentes en la Ciudad en 2008) o Fernando de la Rúa (muertes por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001), o ejecutivos de bancos como David Mulford (causa megacanje, en el juzgado de Martínez de Giorgi) también incurrieron en el mismo desliz que la titular de Madres, según se encargaron de difundir abogados que intervinieron en esos expedientes. Ningún juez dispuso su detención ante la primera incomparecencia.
Mientras los jueces que ayer dormían las causas de corrupción del kirchnerismo hoy despliegan impúdicamente su nueva arbitrariedad, el gobierno de Macri juega al distraído. Sólo la amabilidad permite sustraer de la esfera pública la mano más oscura de los servicios de Inteligencia para montar escenarios. Un narcotraficante sospechado de un triple asesinato obtiene beneficios procesales exprés a cambio de inculpar al exjefe de gabinete Aníbal Fernández. El intercambio se hace a la vista de todos, a través de los medios afines. Exfuncionarios procesados por orquestar el tráfico de efedrina desde la secretaría contra las drogas hasta 2008 son presentados por la prensa como testigos inocentes.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta causas de apariencia tanto fraguada como seria. Una nueva paradoja. Mientras jueces federales violentan el proceso legal en los expedientes más débiles, la expresidenta gana oxígeno para denunciar persecución. Y cuando la victimización encuentra sustento, sirve tanto para las causas inventadas como para la de los supuestos retornos de contratistas del Estado. 
Podría tratarse de un mero juego de baja política. Acaso la prolongación de los escándalos y no tanto que afectan al kirchnerismo sea en sí mismo un buen negocio que compense la hasta ahora palmaria frustración económica de la revolución de la alegría prometida por Cambiemos. A mediano plazo, el costo para Macri, incluso en el plano internacional, puede ser lesivo. Un gobierno que declama República y Justicia independiente logra que sus opositores terminen en la cárcel, como por arte de magia. 
Foto: Clarín

miércoles, 27 de julio de 2016

La falsa promesa de transparencia informativa

Entrevistada para el ciclo Conversaciones de la web de LaNación, la argentina Marina Walker, vicepresidenta y brazo ejecutivo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), consideró "imposible" ocultar información surgida de los Panamá Papers. 
"Cuando se trabaja con 109 medios de comunicación de todos los extractos políticos y de todas las geografías, y con 376 periodistas, es imposible; pongamos el ejemplo de que alguien quiera ocultar a un primer ministro o a un empresario famoso, inmediatamente otro medio lo sacaría". 
No percibo el marco de transparencia total del que presume ICIJ. 
Opiné y reitero que los periodistas de La Nación hicieron un trabajo exhaustivo y profesional para detectar lo que había de noticiable en los Panamá Papers, y el diario, con el manejo de tiempo y espacio que le pareció oportuno, publicó todo lo que tuvo.  
En tapa o en un recuadro en página 18, la información fue dada a conocer, y luego cada medio pudo ampliar según su criterio. Así, La Nación quedó mejor posicionada que en SwissLeaks y WikiLeaks, cuando la noción que aplicó sobre "transparencia informativa" resultó más restrictiva. Escribí detalladamente sobre el proceso de divulgación de los Panamá Papers en Filtraciones con filtro, publicada en Anfibia. 
En el caso de Argentina, el amplio abanico "de todos los extractos políticos y geografías" al que refiere Walker consistió en La Nación y el programa de Jorge Lanata en Canal 13. Ambos vehículos fueron elegidos a dedo por ICIJ. Más tarde, a raíz de la polémica generada por el arbitrario criterio de selección, la lista fue ampliada a periodistas de Página 12 y Clarín, sin que surgieran grandes novedades hasta ahora.
Walker cita 109 medios de comunicación con acceso a los Papers. Ya vimos que en Argentina fueron, en principio, sólo dos. En rigor, uno, porque la periodista de Canal 13 trabajó en forma conjunta con sus colegas de La Nación. No hubo competencia. En consecuencia, esta interesante nota con nombres de grandes empresarios con sociedades en Panamá debió esperar dos semanas para ver la luz, bastante más que otras revelaciones sobre celebridades y entramados políticos. El Grupo Clarín desistió de tener la primicia o de darle mayor despliegue a tan valiosa información (que una vez publicada, salió de la agenda). 
Dice la responsable de ICIJ que si un medio intenta ocultar un nombre interesante, otro lo divulgaría. No es ley. Si La Nación hubiera decidido no publicar la información sobre Magnetto, Pérez Companc o Fortabat, ¿alguno de los otros 107 medios (descartado Canal 13) inicialmente seleccionados habría tenido el interés y la pericia de cruzar la base de datos para dar a conocer apellidos desconocidos para sus audiencias? 
De hecho, Hugo Alconada Mon reveló que al menos "dos diarios que integran el proyecto" de ICIJ ocultaron a sus lectores que sus propietarios figuraban en los archivos de Panamá. La gran diversidad a la que alude Walker no rompió ese cono del silencio, sea por complicidad o por desinterés fuera de las fronteras de cada mercado.  
Para terminar: 
- No bien surgió la filtración, cuestioné ante ICIJ la arbitrariedad a la hora de elegir a sus partners. Una lista sesgada (fue el caso) puede derivar en ocultamiento antes que en transparencia (no fue el caso, en líneas generales). En periodismo, cuándo y cómo se publica una noticia significa bastante.
- Es cierto que hay atajos para eludir apagones informativos en este tipo de filtraciones, que suponen desafíos, oportunidades y aprendizajes sobre la marcha. Tarde o temprano, por la presión de organizaciones sociales, gobiernos y la opinión pública, las filtraciones filtran, aunque sea por vías alternativas. Los megaleaks suelen congregar condiciones de noticiabilidad irresistibles, por lo que no resulta sencillo cajonear expedientes. Pasó con casi todas las divulgaciones masivas conocidas hasta el momento, pero a pesar de — y no gracias a — tutelas sobre la transparencia. 
- En la habilidad de la conducción política, la pluralidad abordada con complejidad y la no dependencia de fuentes de financiamiento exclusivamente wasp se va la vida de las ONG que promueven romper cercos informativos. 


domingo, 24 de julio de 2016

La prueba del sacrificio

By Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
Retrocedamos el tiempo hasta diciembre de 2000. Los asesores de imagen del presidente radical-conservador Fernando De la Rúa (1999-2001) montaron una escena en los jardines de la residencia de Olivos. Había pasado un primer año de mandato “sacrificial”,  sin mejoras en la desocupación de dos dígitos heredada del peronista de derecha Carlos Menem (1989-1999). La bomba social seguía intacta; el desánimo de la población se había disparado. 

“¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, clamó De la Rúa. Así trató de vestir un “blindaje” financiero internacional; a la sazón, mayor cobertura para potenciar el festival de la deuda. En esa mañana soleada de fin de año, De la Rúa dijo que se había visto forzado a tomar decisiones disgustantes, pero que en 2001 (en el inicio del tercer semestre de su gobierno), el país alcanzaría ElDorado. Un año más tarde, tras un sinfín de recortes y desaciertos estratégicos, el presidente radical abandonaría la Casa Rosada en helicóptero, con más de treinta muertos por la represión en barriadas de todo el país y la peor crisis social de la historia argentina.
Al cabo de dos años de mandato, De la Rúa había agotado la capacidad de endeudamiento y no tenía margen de política monetaria por el anclaje de la convertibilidad 1 a 1 entre el peso y el dólar, mientras que la cotización de los productos primarios exportables estaba por el piso. El fraude político que significó la coima a senadores para aprobar una reforma laboral de matriz pinochetista terminó por quitar oxígeno a un presidente sin coraje ni liderazgo. Así, el contraste con la hipercorrupción del peronista conservador Carlos Menem (1989-1999) — que tanto rédito había dado a la Alianza de De la Rúa para llegar al poder — se esfumó, pese a que el peronista fue preso unos meses antes de la caída del gobernante radical.
Macri no es De la Rúa, ni aquella Argentina es la actual. A diferencia del gobierno de la Alianza entre conservadores y centroizquierdistas de principios de siglo, el Ejecutivo de Cambiemos encuentra mayor cohesión estratégica y un nítido liderazgo en el Presidente. Si De la Rúa era un mandatario desconfiado, que se recostaba en sus hijos y un par de funcionarios de poco vuelo, Macri despliega políticas, demuestra capacidad de adaptación, no teme confrontar y se muestra hábil para explotar los puntos débiles del adversario, a costa a veces de vulnerar principios básicos del funcionamiento de la democracia.
El diferente escenario económico constituye una ventaja y, a la vez, un argumento resbaladizo para Macri. El actual presidente heredó un lustro económico mediocre pero no calamitoso. Había, sí, importantes temas en la agenda, como la restricción de divisas, la abismal desconfianza de los inversores internacionales hacia el gobierno populista de centroizquierda de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y una maraña de subsidios — entre los necesarios y los disparatados — que muchas veces sirvieron como caja de corrupción de la anterior administración.
En el otro platillo de la balanza heredada desde CFK pesan una situación social relativamente controlada, amplio margen para adquirir deuda en los mercados internacionales, baja desocupación y un déficit fiscal en línea con el de otros países de la región (inflado hasta siete por ciento del PBI por el maquillaje contable del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que no supera el más mínimo rigor analítico).  La realidad económica es una moneda con dos caras. Si la situación local y el contexto internacional brindan más margen de maniobra que en 2000, también resta espacio para echar la culpa a la “pesada herencia”.
Más allá de las diferencias, se registran algunas similitudes entre ambos gobiernos. Por ejemplo, la confianza en el poder persuasivo de una mise en scene bajo el sol para anunciar un futuro venturoso. Una población que ve reducir durante largos meses su capacidad de compra, ve tambalear puestos de trabajo y percibe el deterioro social en su barrio, se supone que debe confiar en un presidente que le pide, con palabras que se pretenden solidarias redactadas por un asesor, “un último sacrificio”.
Además de compartir nombres del elenco de funcionarios y asesores tras bambalinas, los gobiernos de la Alianza y de Cambiemos recibieron una cálida bienvenida de la elite económica local y los organismos financieros internacionales. Contaron de entrada con un valorable andamiaje mediático y debieron lidiar con un peronismo en crisis que, no obstante, tarde o temprano aprovechará para imponer demandas por izquierda y por derecha, tanto por vía sindical como legislativa.
El hoy Presidente anticipó en campaña que su solo triunfo cambiaría el ciclo y atraería miles de millones de dólares en inversiones con fecha de inicio en diciembre pasado. De este modo, Macri confiaba junto a su entonces asesor Prat-Gay que se superaría ipso facto el faltante de dólares en la economía y el tenue crecimiento. No fue el caso.
Del 2,4 por ciento de crecimiento de la economía en 2015, se pasará a una caída del producto bruto de 1,5 por ciento, según el FMI. Casi todos los sectores económicos reportan una contracción de la actividad, excepto exportadores de productos primarios de la Pampa Húmeda y especuladores financieros, que vieron multiplar sus ganancias. Ganadores y perdedores deben su presente, en gran medida, a decisiones ad hoc adoptadas por la administración Macri. Hombres de negocios que siguen entusiasmados con Cambiemos — más por oposición al gobierno anterior que adhesión al actual — se quejan del marcado deterioro del consumo interno.
Entre sombras sobre la integridad de un gobierno signado por los Panamá Papers, los conflictos de intereses de sus ministros-CEO y promesas de campaña incumpidas — mantener Fútbol para Todos, no aumentar tarifas, mayor respeto institucional y no quitar beneficios sociales —, la popularidad del presidente se mantiene en niveles relativamente altos. A esta altura del partido en el año 2000, la suerte de De la Rúa ya parecía echada.
Macri no parece correr riesgo de colapso. En cambio, la prolongación de un andar mediocre que trascienda semestres puede provocar una creciente decepción sobre el primer gobierno democrático de signo conservador, ni peronista ni radical, que torne inocuos fuegos artificiales del marketing político u operaciones coordinadas con el insano sistema judicial argentino.

CFK’s (unlikely) opportunity

By Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
Former president faces serious charges but her game is not over


After a flight from El Calafate, former president Cristina Fernandez de Kirchner landed in BA City’s Aeroparque last night, with groups of supporters gathered to welcome her. Her daughter’s birthday this week is the official excuse for the trip, but some judicial proceedings and attempts for a political revival could also explain her landing in the city.
A déjà vu of her previous visit, on April 11, could be seen last night. Almost three months ago, the former president had been summoned by Federal Judge Claudio Bonadio to be questioned in the case of the dollar futures case.
Although the arrival of CFK might seem part of a ritual, the current conditions are not the same. Back then, CFK faced dubious charges — the Central Bank under the previous government had sold dollar futures in October maturing in March, assuming a devaluation rate of about 13 percent, which ended up being much lower than the 50 percent rate mandated by her successor, Mauricio Macri.
CFK took advantage of a case that many — even opponents — said looked like a hoax produced by a judge without prestige. The former president used the opportunity to make a show of strength once again. She had left office five months earlier with a massive rally in Plaza de Mayo just to start a period of silence only broken by statements statements in the social networks. On that occasion, CFK headed another massive rally only days after the Panama Papers broke, a scandal that affected Mauricio Macri much more than the Kirchners. The consequences of the devaluation as the utility rates soared helped CFK to realign the political stage.
Many things happened between that rainy week in April and last rainy night. For example, the former secretary of Public Works José López trying to hide bags packed with dollars in a convent in General Rodríguez, west of Great Buenos Aires. It’s not as if anyone is shocked after knowing that public works had prompted illicit enrichment granted by bribery or embezzlement during the Kirchners’ years, but US$ 9 million in the trunk of López’s car represented a piece of evidence which left no room for real or imaginary conspiracies theories. CFK has something to explain before the Argentine people and, likely, the courts.
Not only did López change the scenario for CFK. Days ago, a federal appeals court ordered Federal Judge Sebastián Casanello to focus on the ties between the former chief of state and public works tycoon Lázaro Báez — today incarcerated at the Ezeiza prison. Beyond the always controversial members of the appeals court, whoever disagrees with them should make their best to challenge “the most elementary logic” described in the ruling that links the former president with an entrepreneur who came from nowhere and ended up being a king of the Patagonia and tax havens.
CFK has an opportunity, based on three elements.
I - Some of her current opponents — including staunch allies until last December — rushed to trumpet the end of the Kirchnerite era. It is more an expression of desire than reality. Even her fiercest enemies admit CFK embodies an uncanny ability to turn the tables and emerge stronger from crises. However, never before had the corruption charges against her figure been so many (and so clear).
II - It is a fact that the lawyer from Santa Cruz does not enjoy the privilege of ruling anymore. The Kirchners could start afresh in other opportunities when they decisively used their role to launch public policies and reshaped the horizon. However, the weakness of CFK (who left the Casa Rosada to an opponent with 40-45 percent approval ratings, according to polls) could become significant if the government of Mauricio Macri takes flight. For now, the hard numbers of the economy (employment, inflation, poverty, debt, fiscal deficit, growth) did nothing but worsen since CFK left the Pink House last December. If the measures taken by Macri were due to “sincerity,” just a bitter pill that will give impetus to a flourishing and lasting growth, the former president will be prey to a story just for the faithful. But if it was an accumulation of dogmatic decisions to further consolidate economic niches at the expense of the working classes, CFK will have a chance to take advantage of the ashes of ther rival’s promises. It will be clearer in the coming months.
III - Some cases and suspicions against CFK and Kirchnerite officials have a legal basis while others seem nothing more than mere revenge. Several arbitrary decisions seem to have been taken by courts with a blatant partisanship that does not respect any legal guarantees while others try to hide some key responsibilities. If the democratic regeneration is carried out by judges who have served the worst causes under all the previous governments, while their rulings are celebrated by union leaders who look more like gangsters than workers, CFK will be the first to take advantage of the situation.
Meanwhile, the Macri government moves forward with projects and apparently minor administrative measures that lift controls on public works and capital flight. If public works were a murky Pandora box during Kirchnerism, the best way to enhance corruption would be to erase controls even from the letter of the law.
@sebalacunza

domingo, 19 de junio de 2016

Something is rotten in the state of politics


By Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
Few people knew the grotesque José López any better than Cristina Kirchner
On Thursday, Cristina Fernández de Kirchner finally referred to a case of corruption that happened on her watch. She never had beforehand, not even with the indictments and even convictions imposed on some of her aides — such as former Transport secretary Ricardo Jaime, her vice-president Amado Boudou, the short-lived Economy minister Felisa Miceli or the longer lasting Julio De Vido. In eight years at the helm, the ex-president missed almost every opportunity to confront the scourge of corruption or even to fire those suspected of corrupt practices. It was only when a man who handled billion-dollar public works contracts over 12 years was caught red-handed trying to hide several million dollars before dawn in a Greater Buenos Aires convent that CFK openly condemned embezzlement practices during her presidency.
“Nobody should pretend to be absent-minded,” the ex-president said in a public letter published on Thursday evening. Sounds sensible enough — but only if she includes herself. Few people other than herself could have know better the grotesque José López, who became Public Works secretary in 2003 after a long Patagonian “apprenticeship” under the wing of the Kirchners in Santa Cruz. The last two Argentine presidents kept a close watch on their officials, centralized decisions and followed the government’s numbers obsessively (especially Néstor Kirchner), but that did not prevent a State secretary from amassing a fortune in foreign currency without Pink House knowledge — that certainly poses multiple questions.
Along those lines, CFK herself could contribute to the investigation she demands, starting by sharing with the courts her evidence or intuitions about the origin of that mountain of dollars and euros found in General Rodríguez.
Federal prosecutor Federico Delgado, who has been investigating the suspected embezzlement of López for years, may ask the courts to summon the ex-president to testify in the next few days, but that by no means relinquishes the responsibilities of a democratic former president to society. CFK would have to explore unfamiliar ground and face questions (and follow-up questions) by press journalists and not actors or television hosts. And while she’s at it, the ex-president could have the chance to shed some light on the business ties of the Kirchner family with the detained contractor Lázaro Báez.
Former and current governors who worked side by side with López are today in a state of moral shock. José Alperovich of Tucumán (where López was a gubernatorial hopeful at one stage last year) — one of the districts receiving the most public works funds — is one of them and in no way free of suspicion. Another, with more favourable coverage by today’s pro-government press, is Salta’s Juan Manuel Urtubey, who these days never misses a photo op with Macri like he did with CFK until last year. A former secretary of culture with the hiper-corrupt Carlos Menem administration during its entire term who jumped to the other sidewalk during the Kirchnerite era declared his disappointment in the last hours.
More people have discovered indignation rather suddenly. For example, journalists who adopted a soft stance on the Federal Planning Ministry run by De Vido. It would be a mistake to assume that this group is limited to those bought up by Kirchnerism like a combo, good and bad together. In those years some unquestionably opposition-minded media and journalists, ideological enemies of the Kirchnerite governments, placed the ministry of De Vido and López under an opportunistic umbrella.
On Tursday, CFK pointed fingers to the “private sector.” The Kirchners were able to create their particular crony capitalism, with Lázaro Báez at the forefront, but the main counterparts of secretary López were major economic groups such as Techint, Electroingeniería, Iecsa (supposedly bought to Mauricio Macri by his cousin Ángelo Calcaterra), Eduardo Eurnekián’s Corporacion America and Brazil’s Odebrecht (whose main shareholder remains jailed in his country). CFK has a point — most powerful businessmen may enjoy of media and judicial immunity — but this does not excuse her government for the murky environment regarding public works, either with partners like Baez or Calcaterra.
The massive corruption under the conservative administration of Carlos Menem (1989-1999) ended up virtually unpunished except for some emblematic names. President Fernando de la Rúa (1999-2001), also a conservative of the UCR party, bribed senators in order to approve a draconian labour bill but a federal cassation court buried the case as soon as last December, despite repentants and overwhelming evidence. With less fortune, several iconic Kirchnerites have faced charges and were even convicted in trials that started before CFK left office, and more will predictably be summoned by courts in the coming months.
This being the case, It would be reasonable to prevent risks for not grieving a new cycle of corruption in ten years. The prospects are not good — not only due to the old indicments for corruption or tax evasion against the president (controversial rulings eventually acquitted him) or pending cases related to current officials (Central Bank chief Federico Sturzenegger is one of them). Nothing worse than relaxing institutional watchdogs for a government with massive doses of conflict of interest, where former bank executives trade foreign debt, shareholders of energy companies lay out energy policy, businessmen are responsible for the commercial and industrial policies and advisors of banks accused of money laundering control money laundering. Within this framework, the Macri government decided that the Intelligence Secretariat resume its historical murky financial structure (barely improved last year) and the UIF unit to monitor money-laundering is degraded and placed under the umberlla of the Finance Ministry. Meanwhile, the Macrite Anti-Corruption Office (OA) acts as a prosecutor accusing the former government and as an public deffender of the current. And if all this were not enough, a president whose family, political and professional environment showed an overwhelming trend to invest in shell companies in Panama, Switzerland and the Bahamas, seeks to enact a whitewash law with minimum requirements and maximum secrecy. If the government knows about the problems and choses not to prevent them, then something is rotten in the state of Argentina.
@sebalacunza

CFK owes nation an explanation

By Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
CFK owes nation a clear stance over corruption
Cristina Fernández de Kirchner has denounced being the victim of a “gun-toting judge” who unscrupulously twists the letter of the law against her. It has been argued that “they went looking for the route of the K-money and — via the ‘Panama Papers’ — found the route of the M-money,” and that the Manhattan vulture funds have engaged a spurious lobby to buy off politicians, prosecutors and journalists.
All this could be true, false or debatable but for a very long time, in her new status as as an ex-president and political leader, CFK has been owing the Argentine people an explanation of an essential aspect — that her government and the preceding Néstor Kirchner presidency were plagued with an obscenely extended corruption protagonized by both those operating on their own account and those who “robbed for the crown.”
The alarm-bells started ringing many years ago and have gone unheeded. At times a rhetoric of epic dimensions was used to cloak the larceny. This cannot go on. We now see an ex-official who ran astronomic budgets for 12 years and who, feeling cornered, tried to hide bags with millions of dollars, riyals, yens and euros in a Greater Buenos Aires convent.
If Lázaro Báez was not the leading public works contractor at national level but 36th on the list (as revealed by the CFK government last year), this is far from being the most relevant fact. Báez was a bank clerk who, as from 2003, started winning multi-million tenders in Patagonia while signing huge contracts with the Kirchner family. They shared accountants and legal addresses. If Báez acted in tandem with Ángelo Calcaterra (Mauricio Macri’s cousin and rather more than that), that is also not central to CFK needing to explain the integrity of her government. But that fact does speak of a toxic element underlying politics which does not distinguish between rivals. At the very least, the ex-president should explain why she did not refrain from establishing business relations with such a prominent and inexpert state contractor.
The former vice-president Amado Boudou might have been a free operator who tried to grab a money-printing company on his own account, as well as an adventurer who forged addresses and car licences. Yet fully three years after presumed evidence of the venality of her 2011 running-mate emerged, the then president limited herself to removing him from the front row of public events. A feeble response.
Also tardy — and much more damaging — was CFK’s reaction to Ricardo Jaime, elevated by Néstor Kirchner to administer transport which he rented out to concessionaires and who even tried to rob documentation during a raid. The ex-president was known to take a dim view of Jaime’s taste in ties as too akin to the styles of Carlos Menem’s times, which did not stop her from allowing him to keep squandering transport subsidies without any control until 2009, while millions of Argentines suffered abysmal commuting conditions on suburban trains.
Should Jaime be linked more to Néstor Kirchner than to CFK? In that case, what should be said about José López, that generous soul who early yesterday morning was trying to get rid of several million dollars and euros in an impoverished neighbourhood in the western reaches of Greater Buenos Aires? López was Public Works secretary straight through from 2003 to late 2015. How many public housing units went unbuilt or were badly built due to graft?
Kirchnerism was accompanied by many artists, intellectuals and human rights militants. They affirm that they saw in Néstor and Cristina Kirchner two leaders who redistributed income on a scale rarely seen in Argentine history and who pushed forward a process of memory, truth and justice in the face of the atrocities of the military dictatorship which seemed to have been forgotten. They further affirm that they saw in the Kirchners the courage to stand up to big business without ignoring that those powerful interests had the means to inflict a thunderous revenge.
If so, that critical mass of thinking men and women, with solid track records and plenty of sensitivity, saved themselves the valuable task of being outraged by the corruption. Nor was this task performed by all the young people attracted by the Kirchners, drawn only by the epic language. In the best of cases, the sectors from whom a firm call for honesty to buttress the project they professed to defend might have been expected stayed silent. In the worst of cases they applauded the corrupt, contaminating causes and principles. Too many slogans and not enough reflection.
The cases of Jaime, Boudou, Báez and López should all undergo the corresponding judicial proceedings. The suspected larceny in no way incriminates those who supported the previous government in good faith but they still need to work on the vulnerable points of a project which claimed to be transformational. In the case of CFK, she definitely owes an explanation to the Argentine people.
@sebalacunza

sábado, 18 de junio de 2016

Algo huele a podrido en Dinamarca



Pocos mejor que CFK pueden conocer mejor al esperpento López y el origen de su montaña de dólares


Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-chief
@sebalacunza
Cristina Fernández de Kirchner finalmente se refirió el jueves a un caso de corrupción cometido durante su gobierno. No lo hizo antes, ni con los procesamientos o incluso condenas contra algunos de sus colaboradores, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el vicepresidente Amado Boudou, la efímera ministra Felisa Miceli o el eterno ministro Julio de Vido. En ocho años de mandato, la expresidenta perdió casi todas las oportunidades de afrontar el flagelo de la corrupción y separar a sospechosos de su cargo. Fue necesario que un hombre que manejó miles de millones de dólares para la obra pública a lo largo de doce años fuera encontrado in fraganti tratando de ocultar unos cuantos millones en un convento del Gran Buenos Aires para que CFK condenara abiertamente un latrocinio cometido durante su mandato.

“Que nadie se haga el distraído”, firmó la expresidenta en una carta pública del jueves por la noche. El pedido suena sensato, pero sólo si la incluye. Pocos mejor que ella podrían conocer las características del esperpento José López, quien llegó a la secretaría de Obras Públicas en 2003, de la mano de los Kirchner desde la provincia patagónica de Santa Cruz. Los dos últimos presidentes argentinos marcaron de cerca a sus funcionarios, centralizaron decisiones y mostraron obsesión por los números; lo que no torna imposible que un secretario de Estado haya amasado una fortuna en monedas extranjeras sin anuencia de la Casa Rosada pero sí despierta múltiples interrogantes. En esa línea, la propia CFK puede aportar a la investigación que reclama, comenzando por compartir con la Justicia los indicios o intuiciones sobre el origen de esa montaña de dólares y euros hallada en la madrugada de General Rodríguez.

Por lo pronto, la expresidenta podría ser convocada a declarar por el fiscal federal Federico Delgado, que investiga hace años el supuesto enriquecimiento ilícito de López, pero ello no agota las responsabilidades ante la sociedad de una expresidenta democrática. CFK debería explorar un terreno poco frecuentado por ella y afrontar consultas de la prensa abiertas, con preguntas y repreguntas formuladas por periodistas y no por actores o animadores de televisión. De paso, en dicha ocasión la exmandataria tendría la posibilidad de echar luz sobre los lazos comerciales de la familia Kirchner con el detenido contratista Lázaro Báez.

Ex y actuales gobernadores que trabajaron codo a codo con López hoy padecen un shock moral. José Alperovich, de Tucumán, uno de los distritos que más fondos recibió para la obra pública — en absoluto exentas de sospechas — es uno de ellos. Otro, con mejor prensa entre los medios oficialistas, es el salteño Juan Manuel Urtubey, quien en estos días se saca fotos con Macri como lo hacía con CFK hasta el año pasado. Un exsecretario de Cultura que acompañó al hipercorrupto menemismo hasta el final y luego cruzó a la vereda kirchnerista, ya volvió a pegar el salto, impulsado por López.

Hay más indignados repentinos. Por ejemplo, periodistas que fueron amables con la cartera de Planificación que dirigía Julio de Vido. Deducir que este colectivo se limita a algunos que compraron al kirchnerismo como un combo, con lo bueno y lo malo, sería un error. En estos años, ciertos medios y periodistas de indudable tono opositor, ememigos ideológicos del gobierno, brindaron un paraguas de protección al ministerio de De Vido y López.

El jueves, Cristina Kirchner preguntó quién le dio el dinero a López “de la parte privada”. El kirchnerismo supo crear su capitalismo de amigos, con Báez a la cabeza, pero las principales contrapartes del secretario López fueron grandes grupos como Techint, Electroingeniería, Iecsa (que supuestamente Ángelo Calcaterra le compró a Mauricio Macri), Corporación América y la brasileña Odebrecht (cuyo titular está preso en Brasil). CFK puede tener razón en algo que sugiere — que poderosos empresarios gozan de inmunidad mediática y judicial — pero ello no excluye que fue el propio gobierno el que extendió un manto de oscuridad sobre la obra pública, sea con Báez como socio, o con Calcaterra.

La corrupción aluvional del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) quedó virtualmente impune, más allá de algún nombre emblemático que resultó condenado. Las coimas en el Senado orquestadas por el radical Fernando de la Rúa (1999-2001) fueron sepultadas por la Justicia tan sólo meses atrás, pese a la existencia de arrepentidos, testimonios y pruebas. En cuanto a los kirchneristas, varios de ellos comenzaron a ser juzgados antes de que terminara el gobierno anterior, y unos cuantos más desfilarán por tribunales en los próximos meses.

Sería saludable actuar preventivamente, para que dentro de diez años no nos encontremos penando un nuevo ciclo de corrupción. Las perspectivas no son buenas, y no sólo por procesos de corrupción o evasión que atañeron al propio Presidente (de los que fue absuelto en polémicos fallos) o causas pendientes contra funcionarios (el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, es uno de ellos) Nada peor que relajar los controles institucionales para un gobierno atravesado por conflictos de intereses, en el que exejecutivos bancarios negocian deuda, accionistas de empresas energéticas definen la política energética, empresarios se encargan de la política comercial e industrial, delegados de las corporaciones de medios regulan la política de medios y abogados de bancos sospechados de lavar dinero son puestos a controlar el lavado de dinero. Con este cuadro, el gobierno dispuso que la Secretaría de Inteligencia retome su histórica oscuridad (apenas atenuada el año pasado) y la Unidad de Información Financiera sea degradada bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Mientras, la Oficina Anticorrupción macrista actúa como una fiscalía que acusa al gobierno anterior y una defensoría oficial del actual. Y por si todo esto fuera poco, un gobierno cuyo presidente, entorno familiar, político y profesional demostraron una tenaz propensión a invertir en empresas fantasma en Panamá, Suiza y Bahamas, procura sancionar una ley de blanqueo con amplias facilidades y máximo secretismo. Algo huele a podrido en Dinamarca.

martes, 14 de junio de 2016

CFK debe una explicación al país


Escribe
Sebastián Lacunza
@sebalacunza
Buenos Aires Herald


Cristina Fernández de Kirchner denunció ser víctima de un “juez pistolero”, que retuerce sin escrúpulos la letra del derecho en su contra. También dijo que “se la pasaron buscando la ruta del dinero K y - vía los Panamá Papers - se encontraron con la ruta del dinero M”, y que los buitres de Manhattan activaron un lobby espurio para comprar políticos, fiscales y periodistas. Todo eso puede ser verdadero, falso o debatible, pero hace un tiempo largo que, en su caracter de expresidenta y líder política, le debe explicaciones al pueblo argentino sobre un aspecto esencial: su gobierno y el del expresidente Néstor Kirchner dieron lugar a una corrupción extendida y obscena; protagonizada por líberos y por cajeros de la corona.
Las señales de alarma sonaron hace años y fueron desatendidas. En ocasiones, se utilizó una retórica épica para disimular latrocinios. Ya no queda tiempo para más. Hay quien manejó presupuestos astronómicos durante doce años y que, al sentirse acorralado, intentó ocultar bolsos con millones de dólares, yenes, riyals y euros en un convento del Gran Buenos Aires.
Si Lázaro Báez no era el principal contratista del Estado nacional sino el número 36 — como difundió el gobierno de CFK el año pasado — no es lo más relevante. Báez era un empleado bancario que, a partir de 2003, pasó a ganar licitaciones millonarias en la Patagonia mientras firmaba contratos cuantiosos con la familia Kirchner. Compartieron contadores y direcciones legales. Si Báez actuó en sociedad con Ángelo Calcaterra — primo y algo más de Mauricio Macri — tampoco es lo central a la hora de que la expresidenta dé cuentas de la integridad de su gobierno. En todo caso, el dato hablará de una toxicidad que no distingue entre rivales políticos. Como mínimo, la exmandataria debe explicar por qué no se abstuvo de establecer relaciones comerciales con un prominente e inexperto contratista del Estado.
El procesado ex vicepresidente Amado Boudou podrá ser un líbero que habría tratado de quedarse con la empresa que imprime billetes, a la vez que un aventurero que fraguaba direcciones de propiedades y patentes de autos. A tres años de que se conocieran supuestas pruebas sobre un accionar venal de su compañero de fórmula de 2011, la expresidenta se limitó a sacarlo de la primera fila de los actos públicos. Débil respuesta.
Tardía — y mucho más lesiva — fue la reacción de CFK ante Ricardo Jaime, un hombre elevado por Néstor Kirchner a la administración del transporte que se hacía pagar alquileres por los concesionarios y que hasta llegó a tratar de robar documentación durante un allanamiento. Se sabe que la expresidenta le molestaban las "corbatas menemistas", lo que no fue óbice para que el exsecretario de Transporte siguiera dilapidando subsidios sin control hasta 2009, mientras millones de argentinos sufrían pésimas condiciones en trenes suburbanos.
¿Jaime es atribuible a Néstor Kirchner y no a CFK? ¿Qué decir de José López, el generoso que en la madrugada de ayer trataba de deshacerse de varios millones de dólares y euros en un barrio humilde del oeste del Gran Buenos Aires? López ocupó la secretaría de Obras Públicas desde 2003 hasta 2016. ¿Cuántas viviendas públicas se dejaron de construir, o se construyeron mal, a cambio de coimas? Es pregunta.
El kirchnerismo fue acompañado por muchos artistas, intelectuales y militantes de los derechos humanos. Afirman que vieron en Néstor y Cristina Kirchner dos líderes que llevaron a cabo políticas redistributivas como pocas veces en la historia argentina, y que impulsaron un proceso de memoria y justicia sobre las atrocidades de la dictadura. Dicen ver en los Kirchner una valentía para enfrentar corporaciones, sin dejar de advertir que los intereses poderosos tienen herramientas para hacer tronar el escarmiento.
Si eso fue así, dicha masa crítica de hombres y mujeres pensantes, con trayectoria y sensibles se ahorraron la valiosa tarea de indignarse frente a la corrupción. Tampoco aportaron lo suyo al respecto los jóvenes de La Cámpora que se vieron atraídos por los Kirchner, en quienes sólo reconocieron épica. En el mejor de los casos, los sectores de los que se podría esperar un reclamo firme de honestidad para fortalecer el proyecto que defendían guardaron silencio. En el peor, aplaudieron a los corruptos, contaminando causas y principios. Sobraron consignas y agravios; faltó reflexión.
Los casos de Jaime, Boudou, Báez y López deberán tener el correspondiente recorrido judicial. El eventual desfalco perpetrado no incrimina en absoluto a quienes apoyaron al gobierno anterior por sus políticas. Queda para ellos la lección sobre los puntos vulnerables y severas contradicciones de un proyecto que se pretende transformador. En el caso de CFK, ella sí le debe una explicación al pueblo argentino, sin más desvíos retóricos.

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