Todo depende del denunciado
22 de enero de 2018
La gestión de Laura Alonso al frente de la
Oficina Anticorrupción (OA)fue blanco de críticas desde el inicio, dado que el
puesto, que se supone contralor del fraude en el Gobierno, pasó a estar en
manos de una de las voces mediáticas más aguerridas del PRO. Un dato
demostrativo de la predilección del presidente Mauricio Macri por
personalidades como la de la licenciada en Ciencias Políticas Alonso fue que
debió ser modificada la normativa que exigía que el cargo de jefe de la OA
fuera ejercido por un abogado.
El
contrasentido de que una representante del macrismo duro ocupe la silla de
Anticorrupción quedó demostrado en el ya célebre tuit cuando los Panamá Papers
hicieron pública la trama de sociedades offshore integradas por el Presidente y
una docena de sus colaboradores. “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es
delito en sí mismo, señores”, se apresuró la funcionaria a advertir en la red
social a las 17.42 del mismo domingo 3 de abril de 2016, a escasas horas de la
primera divulgación, cuando primaba el desconcierto ante la avalancha de datos
comprometedores.
Otras
intervenciones más institucionales de la oficina de Alonso, en tándem con la
Unidad de Información Financiera, fueron para informar a la Justicia federal
que no observaba indicios delictivos en los giros a una cuenta del titular de
la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por parte de un “doleiro”
contratado por la brasileña Odebrecht para pagar coimas; o para deslindar
responsabilidades de Macri en las empresas panameñas, lo que contribuyó a la
desactivación relámpago de ambas causas
Semanas
atrás, la OA advirtió al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere,
que no podría recibir ninguna remuneración excepcional de la Sociedad Rural
Argentina (SRA) que no fueran sueldos regulares atrasados. Cuando ello se hizo
público, Etchevehere, quien en un principio había informado que el premio de
500.000 pesos pagado por la SRA obedecía a diferencias de ingresos en su nueva
función, pasó a decir que se había tratado de haberes atrasados como titular de
la gremial terrateniente. El giro no mereció ninguna actuación adicional de la
OA, según lo informado. Tampoco hubo avances en la investigación por la
inversión de la Anses en un fondo creado por el ministro de Finanzas, Luis
Caputo.
En
cambio, la Oficina se mostró activa en las denuncias contra funcionarios del
kirchnerismo, e incluso logró ser querellante en varios expedientes. Uno de los
signos recientes de la actuación de Alonso fue la amenaza de solicitar el
juicio político del juez federal Sebastián Casanello por no indagar a Cristina
Fernández de Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero de parte del
empresario Lázaro Báez. “Si el juez no quiere ver esto (la participación de la
ex presidenta en el lavado de dinero), que lo vemos todos, lo tendrá que
explicar ante las autoridades y ante el Consejo de la Magistratura en algún
momento”, dijo el anteúltimo día de 2017.