Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-In-Chief
Hace seis años y un día era sancionada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero el aniversario casi no mereció menciones de las primeras espadas del kirchnerismo y de la oposición. Tema estelar de los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la ley brilla por su ausencia en la campaña electoral. Dato sintomático, dado que la aplicación de la norma correrá — en teoría — a cargo del gobierno al que le toque asumir el próximo 10 de diciembre.
Cuando son consultados al respecto, los candidatos presidenciales eluden definiciones. Daniel Scioli (FPV) afirma que respetará las decisiones pendientes en los tribunales y hará cumplir el texto, sin más detalles. Su principal rival, el conservador Mauricio Macri (Cambiemos), considera a la ley de medios como una herramienta autoritaria del kirchnerismo “para acallar a la prensa”. A lo largo de estos años, el jefe de Gobierno porteño mostró plena sintonía con las denuncias del Grupo Clarín, uno de los principales conglomerados de medios de América Latina y el que más se vería afectado si se aplicara la ley sancionada en 2009. Sin embargo, el hecho de que, en caso de que accediere a la Casa Rosada, Macri no contará con mayoría legislativa para derogar la norma puede actuar como argumento perfecto para prolongar el limbo actual. Un par de interpretaciones administrativas en el seno de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (cuyo titular, Martín Sabbatella, dejará el cargo si gana la vicegobernación bonaerense) permitirá seguir pateando la pelota hacia adelante.
En tanto, en el equipo del peronista disidente Sergio Massa (quien presentó el proyecto de ley audiovisual cuando era jefe de Gabinete de CFK), afirman que la ley de medios se tornó obsoleta, en virtud de la realidad que imponen las nuevas tecnologías. Tampoco surgen detalles desde el Frente Renovador - UNA. Del resto de los aspirantes presidenciales, Margarita Stolbizer (Progresistas) coincide, en general, con los cuestionamientos de Macri — aunque reclama desconcentrar el mercado de medios —, mientras el trotskista Nicolás del Caño critica la implementación de una norma a la que, por lo demás, considera insuficiente para democratizar realmente la comunicación.
El texto de la ley terminó de superar todas las instancias judiciales hace dos años, cuando la Corte Suprema decretó su constitucionalidad por seis votos contra uno. Basada en estándares legislativos de países de Europa y Estados Unidos, la legislación de medios argentina se transformó en una rara avis en América Latina. Ni el statu quo que consolida el poder mediático concentrado en elites locales (Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia) ni un giro que abre las puertas a algún tipo de control estatal de la libertad de expresión (Venezuela, Ecuador). Este marco fue el que otorgó al kirchnerismo un crédito en el mundo académico, en organismos internacionales (ONU, OEA) y no gubernamentales (Reporteros sin Fronteras, sindicatos de periodistas). Las disidencias en dichos ámbitos impugnaron aspectos técnicos o su practicidad, pero no se registraron reparos en cuanto a la libertad de expresión. Así, el gobierno de CFK encontró su principal victoria simbólica ante Clarín cuando este grupo, que ocupa posiciones en todos los campos de la comunicación social, no logró concitar la solidaridad de ningún actor relevante más allá de cámaras empesariales o socios políticos.
El éxito del gobierno en el plano argumentativo se chocó con la aplicación fallida de la letra de la ley. Por un lado, la norma estuvo plenamente aplicable recién en 2013, dado el éxito de Clarín para forzar demoras en la Justicia. La otra pata del — hasta ahora — fracaso de la ley de medios corresponde al gobierno nacional, que llevó a cabo una aplicación errática y arbitraria que le restó autoridad no sólo simbólica sino también fáctica. Hace más de un año, cuando la cuenta regresiva para el fin del mandato de CFK había comenzado, la discusión se empantanó nuevamente en tribunales.
La semana pasada, Clarín logró un llamativo respaldo. En el marco de una asamblea de dueños de medios en Charleston, EE.UU., el relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Édison Lanza, brindó al grupo de comunicación una esperada novedad. El uruguayo Lanza reclamó la modificación legislativa de la ley de medios porque, a su juicio, fue redactada para perjudicar a Clarín. En rigor, la ley audiovisual argentina estipula límites a la propiedad vigentes en muchas democracias avanzadas, pero no deja de ser un síntoma de época que el Grupo haya logrado quebrar el relativo aislamiento en que se encontraba.
No obstante, gane quien ganare, no cabe suponer que la ley va a ser reemplazada con facilidad, extremo que es admitido por fuentes de Clarín. Las relaciones con los grupos mediáticos van y vienen, por lo que sería un caso extraño de daño autoinfligido que un gobierno decida resignar una herramienta legal que, si es aplicado, permitiría redibujar el mercado de medios.
Sebastián Lacunza
Editor-In-Chief
Cuando son consultados al respecto, los candidatos presidenciales eluden definiciones. Daniel Scioli (FPV) afirma que respetará las decisiones pendientes en los tribunales y hará cumplir el texto, sin más detalles. Su principal rival, el conservador Mauricio Macri (Cambiemos), considera a la ley de medios como una herramienta autoritaria del kirchnerismo “para acallar a la prensa”. A lo largo de estos años, el jefe de Gobierno porteño mostró plena sintonía con las denuncias del Grupo Clarín, uno de los principales conglomerados de medios de América Latina y el que más se vería afectado si se aplicara la ley sancionada en 2009. Sin embargo, el hecho de que, en caso de que accediere a la Casa Rosada, Macri no contará con mayoría legislativa para derogar la norma puede actuar como argumento perfecto para prolongar el limbo actual. Un par de interpretaciones administrativas en el seno de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (cuyo titular, Martín Sabbatella, dejará el cargo si gana la vicegobernación bonaerense) permitirá seguir pateando la pelota hacia adelante.
En tanto, en el equipo del peronista disidente Sergio Massa (quien presentó el proyecto de ley audiovisual cuando era jefe de Gabinete de CFK), afirman que la ley de medios se tornó obsoleta, en virtud de la realidad que imponen las nuevas tecnologías. Tampoco surgen detalles desde el Frente Renovador - UNA. Del resto de los aspirantes presidenciales, Margarita Stolbizer (Progresistas) coincide, en general, con los cuestionamientos de Macri — aunque reclama desconcentrar el mercado de medios —, mientras el trotskista Nicolás del Caño critica la implementación de una norma a la que, por lo demás, considera insuficiente para democratizar realmente la comunicación.
El texto de la ley terminó de superar todas las instancias judiciales hace dos años, cuando la Corte Suprema decretó su constitucionalidad por seis votos contra uno. Basada en estándares legislativos de países de Europa y Estados Unidos, la legislación de medios argentina se transformó en una rara avis en América Latina. Ni el statu quo que consolida el poder mediático concentrado en elites locales (Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia) ni un giro que abre las puertas a algún tipo de control estatal de la libertad de expresión (Venezuela, Ecuador). Este marco fue el que otorgó al kirchnerismo un crédito en el mundo académico, en organismos internacionales (ONU, OEA) y no gubernamentales (Reporteros sin Fronteras, sindicatos de periodistas). Las disidencias en dichos ámbitos impugnaron aspectos técnicos o su practicidad, pero no se registraron reparos en cuanto a la libertad de expresión. Así, el gobierno de CFK encontró su principal victoria simbólica ante Clarín cuando este grupo, que ocupa posiciones en todos los campos de la comunicación social, no logró concitar la solidaridad de ningún actor relevante más allá de cámaras empesariales o socios políticos.
El éxito del gobierno en el plano argumentativo se chocó con la aplicación fallida de la letra de la ley. Por un lado, la norma estuvo plenamente aplicable recién en 2013, dado el éxito de Clarín para forzar demoras en la Justicia. La otra pata del — hasta ahora — fracaso de la ley de medios corresponde al gobierno nacional, que llevó a cabo una aplicación errática y arbitraria que le restó autoridad no sólo simbólica sino también fáctica. Hace más de un año, cuando la cuenta regresiva para el fin del mandato de CFK había comenzado, la discusión se empantanó nuevamente en tribunales.
La semana pasada, Clarín logró un llamativo respaldo. En el marco de una asamblea de dueños de medios en Charleston, EE.UU., el relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Édison Lanza, brindó al grupo de comunicación una esperada novedad. El uruguayo Lanza reclamó la modificación legislativa de la ley de medios porque, a su juicio, fue redactada para perjudicar a Clarín. En rigor, la ley audiovisual argentina estipula límites a la propiedad vigentes en muchas democracias avanzadas, pero no deja de ser un síntoma de época que el Grupo haya logrado quebrar el relativo aislamiento en que se encontraba.
No obstante, gane quien ganare, no cabe suponer que la ley va a ser reemplazada con facilidad, extremo que es admitido por fuentes de Clarín. Las relaciones con los grupos mediáticos van y vienen, por lo que sería un caso extraño de daño autoinfligido que un gobierno decida resignar una herramienta legal que, si es aplicado, permitiría redibujar el mercado de medios.