• EL SUBURBIO DE MADRID SUFRE DE LLENO LOS REMATES DE VIVIENDAS, EL DESEMPLEO Y LA POBREZA
Escribe
Sebastián Lacunza
Enviado especial a España
Madrid - David Cobo, un joven radiólogo de Aclalá de Henares, es consultado sobre qué aspecto de la vida de su ciudad, tan golpeada por la crisis, exhibe sus consecuencias con mayor claridad. "Los contendedores", responde asertivamente, y amplia. "Es muy curioso. Antes, eran pocos los que buscaban cartones y tú los conocías a todos. Ahora, ves gente que se asoma a los contenedores que, por su aspecto, jamás imaginarías que están en esa situación".
Cobo fue uno de los fundadores, en febrero pasado, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid. En un bar frente a la estación de trenes de Alcalá, cuenta que "los barrios están cambiando. Cierran los bares, te alejas un poco de la zona turística y del centro, y ves las persianas cerradas".
El miércoles próximo, la Plataforma tiene pautado un piquete para evitar un "desahucio" de una familia ecuatoriana en Torrejón de Ardoz, a tres kilómetros de esta ciudad de 200.000 habitantes, 19.000 desocupados y varios miles de familias que asisten a comedores de Cáritas.
En la organización de este joven computan 180 desalojos por día en España, unos 90.000 en 2011.Una sigla fatídica, el ERE (expediente de regulación de empleo, o, en castellano, despido en puerta) sobrevuela estas calles ubicadas a 30 kilómetros de Madrid.
Lo que supo ser un bastión "rojo" del cinturón industrial de la capital, vio en décadas recientes el progreso, un crecimiento exponencial del número de habitantes, la multiplicación del precio de la vivienda y el viraje ideológico hacia el Partido Popular. Ahora, con buena parte de su estructura industrial vinculada a la vivienda, muchos no tienen palabras para explicar lo que sucede.
Las dos formaciones mayoritarias se acusan mutuamente de haber dejado crecer una parodia especulativa que chocó hace tres años con una montaña de deudores con empleo precario y un precio de la vivienda que, tras superar el cielo, comenzó a caer. Fue el gobierno de José María Aznar el que sancionó, en 1998, la ley del Suelo que multiplicó la superficie urbanizable. Con la llegada de los socialistas al poder, en 2004, las construcciones siguieron al galope. Algo hermana a unos y otros. Son decenas los alcaldes y concejales procesados por la Justicia por haber permitido cambios en las normas que hasta tornaron irreconocible tramos del litoral marítimo español.
La Plataforma antidesalojos se propone una meta poco realizable en la España de hoy: que la vivienda social quede en manos del Estado y sea alquilada a las familias a bajo costo, siguiendo el modelo de Berlín o de los países nórdicos. También tiene metas más próximas: que se dé por saldado el 100 por ciento de la hipoteca a las familias desalojadas; no como ahora, que quienes quedan en la calle suelen seguir debiendo miles de euros por intereses y gastos administrativos.
Los antidesalojistas denuncian que la ley de desahucios establece prioridad para los bancos acreedores si ofrecen 60 por ciento del precio de tasación original de la vivienda a rematar.
Como un paliativo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero subió ese margen, que estaba fijado en 50 por ciento, y situó los sueldos inembargables en el mínimo de mil euros, contra los 638 previos.
La geografía española alberga a unas cuantas ciudades fantasma creadas casi desde la nada, construidas en el último tramo de la burbuja. Una de ellas es Yebes, sede de una hermosa maqueta tamaño real de la empresa constructora de Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Yebes cuenta con un llamativo adorno: una parada del tren de alta velocidad que va a Lleida en la que no sube ni baja casi nadie.
La situación de las hipotecas es tan sólo una consecuencia de la crisis económica que vive Alcalá. A pocas cuadras de la estación de tren, en la sede de Comisiones Obreras. el mayor sindicato de España, enumeran la lista de las empresas que han presentado ERE o han cerrado. Muchas de ellas están vinculadas a la vivienda, como las de electrodomésticos Electrolux (450 despidos), Teca (55) y Bosch; Roca (sanitarios, 150), Creaciones en Acero y Honey well (equipos de aire acondicionado). La lista sigue con Montenegro (acoplados para camiones, 70), Mercedes Benz, Poliseda (textil, 400) y Fiesta (golosinas, los emblemáticos chupa chups, 124). Las menciones se tornan abrumadoras. Gabriel Fernández, exconductor y mudador, anticipa que "por las narices algo va a tener que pasar, algo va a saltar". "Es que esto crece día a día", indica, ya en terreno de catarsis Victoria Martín, que hace el registro para Comisiones Obreras. Javier Alcazar, despedido de Electrolux, cuenta que se están aceptando contratos especiales con ocho días de indemnización por año, cuando la reforma de 2010 establece veinte en casos de "despidos objetivos".
Anochece en Alcalá. Ester Gómez, una docente de formación profesional que fue despedida por un recorte de la administración pública, empaqueta frutos que compran con su organización a huertas orgánicas. En las calles, no se ve ni por asomo la legión de familias de cartoneros conocidas en ciudades latinoamericanas. Los bares y comercios, eso sí, permanecen vacíos.
Escribe
Sebastián Lacunza
Enviado especial a España
Madrid - David Cobo, un joven radiólogo de Aclalá de Henares, es consultado sobre qué aspecto de la vida de su ciudad, tan golpeada por la crisis, exhibe sus consecuencias con mayor claridad. "Los contendedores", responde asertivamente, y amplia. "Es muy curioso. Antes, eran pocos los que buscaban cartones y tú los conocías a todos. Ahora, ves gente que se asoma a los contenedores que, por su aspecto, jamás imaginarías que están en esa situación".
Cobo fue uno de los fundadores, en febrero pasado, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid. En un bar frente a la estación de trenes de Alcalá, cuenta que "los barrios están cambiando. Cierran los bares, te alejas un poco de la zona turística y del centro, y ves las persianas cerradas".
El miércoles próximo, la Plataforma tiene pautado un piquete para evitar un "desahucio" de una familia ecuatoriana en Torrejón de Ardoz, a tres kilómetros de esta ciudad de 200.000 habitantes, 19.000 desocupados y varios miles de familias que asisten a comedores de Cáritas.
En la organización de este joven computan 180 desalojos por día en España, unos 90.000 en 2011.Una sigla fatídica, el ERE (expediente de regulación de empleo, o, en castellano, despido en puerta) sobrevuela estas calles ubicadas a 30 kilómetros de Madrid.
Lo que supo ser un bastión "rojo" del cinturón industrial de la capital, vio en décadas recientes el progreso, un crecimiento exponencial del número de habitantes, la multiplicación del precio de la vivienda y el viraje ideológico hacia el Partido Popular. Ahora, con buena parte de su estructura industrial vinculada a la vivienda, muchos no tienen palabras para explicar lo que sucede.
Las dos formaciones mayoritarias se acusan mutuamente de haber dejado crecer una parodia especulativa que chocó hace tres años con una montaña de deudores con empleo precario y un precio de la vivienda que, tras superar el cielo, comenzó a caer. Fue el gobierno de José María Aznar el que sancionó, en 1998, la ley del Suelo que multiplicó la superficie urbanizable. Con la llegada de los socialistas al poder, en 2004, las construcciones siguieron al galope. Algo hermana a unos y otros. Son decenas los alcaldes y concejales procesados por la Justicia por haber permitido cambios en las normas que hasta tornaron irreconocible tramos del litoral marítimo español.
La Plataforma antidesalojos se propone una meta poco realizable en la España de hoy: que la vivienda social quede en manos del Estado y sea alquilada a las familias a bajo costo, siguiendo el modelo de Berlín o de los países nórdicos. También tiene metas más próximas: que se dé por saldado el 100 por ciento de la hipoteca a las familias desalojadas; no como ahora, que quienes quedan en la calle suelen seguir debiendo miles de euros por intereses y gastos administrativos.
Los antidesalojistas denuncian que la ley de desahucios establece prioridad para los bancos acreedores si ofrecen 60 por ciento del precio de tasación original de la vivienda a rematar.
Como un paliativo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero subió ese margen, que estaba fijado en 50 por ciento, y situó los sueldos inembargables en el mínimo de mil euros, contra los 638 previos.
La geografía española alberga a unas cuantas ciudades fantasma creadas casi desde la nada, construidas en el último tramo de la burbuja. Una de ellas es Yebes, sede de una hermosa maqueta tamaño real de la empresa constructora de Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Yebes cuenta con un llamativo adorno: una parada del tren de alta velocidad que va a Lleida en la que no sube ni baja casi nadie.
La situación de las hipotecas es tan sólo una consecuencia de la crisis económica que vive Alcalá. A pocas cuadras de la estación de tren, en la sede de Comisiones Obreras. el mayor sindicato de España, enumeran la lista de las empresas que han presentado ERE o han cerrado. Muchas de ellas están vinculadas a la vivienda, como las de electrodomésticos Electrolux (450 despidos), Teca (55) y Bosch; Roca (sanitarios, 150), Creaciones en Acero y Honey well (equipos de aire acondicionado). La lista sigue con Montenegro (acoplados para camiones, 70), Mercedes Benz, Poliseda (textil, 400) y Fiesta (golosinas, los emblemáticos chupa chups, 124). Las menciones se tornan abrumadoras. Gabriel Fernández, exconductor y mudador, anticipa que "por las narices algo va a tener que pasar, algo va a saltar". "Es que esto crece día a día", indica, ya en terreno de catarsis Victoria Martín, que hace el registro para Comisiones Obreras. Javier Alcazar, despedido de Electrolux, cuenta que se están aceptando contratos especiales con ocho días de indemnización por año, cuando la reforma de 2010 establece veinte en casos de "despidos objetivos".
Anochece en Alcalá. Ester Gómez, una docente de formación profesional que fue despedida por un recorte de la administración pública, empaqueta frutos que compran con su organización a huertas orgánicas. En las calles, no se ve ni por asomo la legión de familias de cartoneros conocidas en ciudades latinoamericanas. Los bares y comercios, eso sí, permanecen vacíos.
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