Sebastián Lacunza
El Correo
Buenos
Aires - En plena temporada de vacaciones de verano, los ojos de Chile
estaban puestos ayer en Rancagua, al sur de Santiago, donde tuvo lugar
la audiencia judicial
por una causa de presunto fraude fiscal que tiene entre las imputadas a
Natalia Compagnon, nuera de la presidenta, Michelle Bachelet.
La
defensa de Compagnon acordó con la fiscalía la obligación de
comparecencia mensual ante la Policía y la prohibición de viajar al
exterior, un bajo costo, según analizaba
la prensa chilena. Así, Compagnon evitó penas más graves como el
arresto domiciliario, que cupo a otros implicados en la causa, como su
socio, Mauricio Valero.
El
monto del supuesto fraude al Estado mediante el uso de facturas
apócrifas fue 154 mil euros a través de la consultora Caval, un sello
creado por Compagnon. La acusación
sostiene que Caval emitió facturas “por servicios que jamás se
prestaron”.
No
es el único ni más grave delito que le atribuyen a Compagnon y a su
pareja, Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta socialista chilena.
Ambos quedaron en el
ojo de la tormenta hace un año cuando salió a la luz que habían
acordado un préstamo de diez millones de dólares del Banco de Chile,
propiedad de Andrónico Luksic, para comprar un terreno en una zona rural
del municipio de Machalí (108 kilómetros de Santiago),
que luego sería recategorizado a urbanizable, en un típico caso de
especulación inmobiliaria.
Más
allá de la imputación contra Compagnon, que como Dávalos quedó
marginada de la vida pública, el caso Caval afectó seriamente la
popularidad de Bachelet, cuya integridad
estaba puesta fuera de duda hasta 2014.
El
crédito del banco de Luksic, uno de los magnates más ricos de Chile, se
concretó el 16 de diciembre de 2013, un día después de que Bachelet
ganara la presidencia
por amplio margen. Caval, la firma de Compagnon que canalizó el
préstamo, no tenía clientes, antecedentes ni fondos como para recibir
semejante monto.
Bachelet
fue electa por amplio margen, a caballo de una imagen positiva personal
estable desde el final de su primera presidencia, en 2010, y que
excedía con creces
la de la alianza gobernante socialista-demócratacristiana. Pero no bien
comenzó su gobierno, la ambiciosa agenda de reformas quedó enmarañada
en dificultades de gestión y resistencias dentro de la coalición
gobernante. La presunción de que Bachelet estaba
al tanto de las supuestas maniobras de su hijo y de su nuera — atizada
por la oposición y la prensa conservadora, que es casi toda la prensa
chilena —, terminó por consolidar un nivel de desaprobación del orden
del 65 por ciento.