El Correo
Sebastián Lacunza
Sebastián Lacunza
Buenos Aires - Con menos de un
mes en el puesto, el presidente argentino, Mauricio Macri, define a pasos
agigantados el perfil de su gobierno a través de decretos de necesidad y
urgencia (DNU), una herramienta en teoría excepcional que permite, al menos por
un tiempo, saltear al Congreso, donde la alianza oficialista de centroderecha
se encuentra en minoría.
El primer día hábil del año fue
el turno de un DNU para reemplazar la ley audiovisual y la de
telecomunicaciones Argentina Digital. La primera había sido sancionada en 2009
y limitaba concentración en radio, TV y el mercado del cable, en tanto que la
segunda, aprobada en 2014, habilitaba el denominado “triple play”, pero no
había sido reglamentada. El decreto de Macri, que libera al multimedios Clarín
de ataduras, generó críticas de colectivos de derechos humanos, académicos,
medios comunitarios y líderes kirchneristas, pero también de grandes jugadores
como Telefónica, que denuncian condiciones inequitativas de competencia.
El nuevo marco fue presentado por
el gobierno de Macri como una oportunidad para potenciar el mercado a la vez
que “el fin de la guerra con el periodismo independiente”, en alusión al
conflicto de alta intensidad que el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner
mantuvo con el Grupo Clarín, uno de los más poderosos del continente.
A Clarín le interesaban,
básicamente, dos aspectos. Por un lado, eludir los límites de la ley
audiovisual de 2009, que establecía, en el caso de la TV por cable, un techo de
35 por ciento del mercado y presencia en 24 localidades. En los últimos años,
Cablevisión ha sido su unidad más rentable, en un país con más del ochenta por
ciento de los hogares “cableados”. En segundo término, al multimedios lo tienta
la telefonía celular. El DNU de Macri allana el terreno para ambos objetivos.
Las cuentas no son tan favorables
para Telefónica, acaso el único actor que le puede hacer sombra a Clarín. Con
25 millones de clientes en la Argentina, la empresa con casa matriz en Madrid
es uno de los principales operadores de telefonía básica, celular e internet. El liderazgo de Telefónica también se traduce
en que suele encabezar el ránking de quejas ante oficinas del consumidor por su
deficiente servicio.
Sin embargo, en el campo de los
medios de comunicación, el gigante pasa a ser Clarín. El Grupo comprende una
docena de radios y canales de TV, cinco diarios, la fábrica Papel Prensa, la
agencia de noticias DYN, Cablevisión, Fibertel (internet) y emisoras de cable,
entre otros negocios. Telefónica “sólo” contabiliza el canal de TV abierta
Telefe y otra media docena en varias ciudades de las provincias.
La empresa española buscaba, como
primer objetivo, acceder a la TV satelital y, como premio consuelo, penetrar en
el cable. Lo primero queda denegado en el decreto, en tanto que para acceder a
la TV por cable, Telefónica deberá esperar, como mínimo, dos años. “¿Quién nos
garantiza que en 2018 o 2019 no determinen otro período de gracia?”, se
preguntó una fuente de la firma citada por la prensa de Buenos Aires. El vocero
llegó a anunciar la revisión de inversiones por 2.300 millones de euros para el
próximo trienio, comprometidas semanas atrás.
Más allá de los intereses de los
gigantes, la preocupación cunde en los actores chicos que estaban amparados por
la anterior ley. El control social y la diversidad política en los organismos
de control fueron drásticamente reducidos por el DNU de Macri.
Cuando
impulsó la ley audiovisual,
en 2009, el gobierno peronista de centroizquierda contó con el aval de
académicos,
parte de la izquierda, los relatores de la Libertad de Expresión de la
OEA y
Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras y hasta la Embajada de Estados
Unidos, según los cables de WikiLeaks. Sin embargo, Clarín logró trabar
la ley en tribunales durante cinco años, mientras que el gobierno de
Cristina
Kirchner se enfrascó en una aplicación que se tornó arbitraria contra el
principal multimedios y condescendiente con
otros, como Telefónica.