En las antípodas personales e ideológicas, ambos dirigentes padecen los abusos de sistemas judiciales que actúan por mandato del poder político
By
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
A Milagro Sala (San Salvador de Jujuy,
1964) y a Leopoldo López (Caracas, 1971) los separa, si no un mundo, al menos
un continente. Ella se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Alto
Comedero, en las afueras de la capital jujeña, a veinte cuadras del barrio de
viviendas más emblemático construido por la organización que lidera, Túpac Amaru. El
venezolano López, en cambio, está alojado en la prisión de Ramo Verde — una
cárcel especial para políticos, militares y figuras públicas —, a unos 26
kilómetros del centro de Caracas y a más de 3.800 kilómetros de San Salvador de
Jujuy.
La líder colla nació en el Bajo Azopardo
de la capital de Jujuy, la provincia norteña con mayor porcentaje de población
que se dice indígena (censo 2010). El reconocimiento de Sala en el
revolucionario incaico Túpac Amaru, Eva Perón y el Che Guevara habla del campo
ideológico en el que se mueve. Su territorio fue, primero, la lucha
sindical, y luego, el activismo social, potenciado a partir de la devastadora crisis de 2001/2002.
El economista venezolano nació en una
familia de larga tradición política y empresarial. Regresado a Caracas con posgrado en
Harvard, López se volcó de lleno a la política para oponerse al chavismo. Fue un joven alcalde
del pequeño municipio de El Chacao (ubicado en el Gran Caracas, 4,7 por ciento
de pobreza según el censo 2011); apoyó el golpe de Estado de 2002 y, en los
últimos años, lideró la facción de derecha de la amplia coalición opositora
venezolana. López, frustrado candidato presidencial pero con gran potencial
político, no acepta la permanencia del chavismo en el poder.
Sobre Sala pesa el cargo de “tumulto” e
“instigación a cometer delitos” a raíz de un acampe en la plaza central de San
Salvador para defender los fondos estatales que administran cooperativas y
proyectos a su cargo.
Desde que el domingo pasado fue detenida,
el gobierno jujeño de Gerardo Morales — un aliado de Mauricio Macri — recolecta
acusaciones en contra de Sala por delitos como malversación de fondos públicos
y asociación ilícita. Con la acusada tras las rejas, el poder político arma el expediente
y los medios de comunicación afines dan aire a las “pruebas” filtradas por el
gobernador. Las páginas más oscuras del país conocieron ese método oprobioso.
López fue condenado en septiembre pasado
a más de trece años de prisión por llamar a manifestaciones que buscaban “la
salida” del presidente Nicolás Maduro. Con focos de conflicto repartidos por
varias ciudades de Venezuela, las protestas del primer semestre de 2014
terminaron con 43 muertos, tanto chavistas como antichavistas. Los cargos
contra el diputado de Voluntad Popular, presentados por la Fiscalía y
ratificados por la jueza Susana Barreiros, incluyeron instigación a cometer
delitos, intimidación pública,
incendio, homicidio y terrorismo. La magistrada trazó una línea directa entre
las acciones violentas del 12 de febrero de 2014 y la convocatoria a “la
salida” de Maduro enarbolada por López.
“El derecho de defensa de López estuvo en
entredicho. El fiscal que lo acusó (Franklin Nieves) fugó luego a Estados Unidos y
dijo que todo el proceso fue una barbaridad, que estuvo armado por el gobierno”, puntualiza desde Caracas Andrés Cañizales, docente de la Universidad
Católica Andrés Bello. Según enumera, los abogados de López no tuvieron acceso
a documentos del expediente, las audiencias no fueron públicas, se arribó a
conclusiones arbitrarias a partir de pruebas inconexas y no se tuvo en cuenta la
posibilidad de que infiltrados hubieran emprendido acciones violentas para
enturbiar las protestas.
A ambos —
López y Sala — los defiende Amnistía Internacional. A su tiempo, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recibió recursos de
organizaciones locales e internacionales por lo que consideran sendas detenciones arbitrarias, amañadas por poderes judiciales sumisos al Ejecutivo, y cuyo fin es amedrentar
a opositores.
Si
Mauricio Macri sobreactuó su intento para condenar a Venezuela por la detención
de López (al punto de generar un temprano entredicho con los socios del
Mercosur no bien asumió en la Casa Rosada), nunca más pertinente la pregunta formulada
en Davos por el periodista Alejandro Bercóvich, del diario BAE. El cronista consultó
a Macri si la detención irregular de Sala podría colocar a la Argentina en el
mismo lugar que a la Venezuela de Maduro a la hora de menoscabar la seguridad jurídica.
El presidente argentino se fastidió y cortó el diálogo.
Macri estima que los procesos contra
López y Sala son incomparables, porque el primero “no hizo nada malo” y la
segunda “tiene varias causas en las que viola la ley”. El presidente se refiere
a las denuncias de amedrentamiento y clientelismo atribuidos a la líder de la
organización Túpac Amaru. La contracara de esos cargos — que no figuran en la causa que motivó la detención — es el hecho comprobable de que la organización liderada por Sala construyó barrios
de viviendas, escuelas y centros comunitarios que bien haría en envidiar Macri,
de pobre gestión en esos rubros durante los ocho años en que estuvo a cargo del
gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
El problema que enfrenta Macri es que la legalidad de una detención no depende del juicio de un presidente sino del
respeto de las garantías judiciales, como la atención a tipos penales precisos y
comprobados (Sala está en la cárcel, básicamente, por ejercer el derecho
constitucional de protestar en una plaza) y la independencia de poderes.
Sobran comentarios sobre el requisito de
independencia si la ofensiva contra la líder de Túpac Amaru está encabezada por
funcionarios judiciales designados por el gobernador Morales semanas atrás. En
caso de que el expediente llegue al Tribunal Supremo provincial, al menos tres
jueces deberían excusarse, porque los acaba de designar Morales y son
dirigentes su partido (UCR) que, en su fase de políticos concluida en
diciembre, no ahorraron declaraciones públicas contra Sala.
El 15 de diciembre pasado, mientras el
gobernador de Jujuy organizaba a piacere el Tribunal Supremo, la Defensoría y el
Ministerio Público, otorgando a cada amigo una silla, la Asamblea Nacional de
Venezuela, en una de sus últimas jornadas con mayoría chavista, reformaba la
Defensoría Pública general y designaba a la cabeza del organismo a Barreiros,
la jueza que condenó a López.