Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
En cuestión de horas, el discurso político argentino expuso una realidad que sólo permanecía velada para quien pusiera mucho empeño.
Mientras prepara las valijas al cabo de doce años y medio en la Casa Rosada, el kirchnerismo pasó a darse cuenta de que el respeto por las formas y mandatos institucionales fortalece a la democracia. Que no se trata de nimiedades legalistas dibujadas por poderes constituidos con el objeto de conspirar contra los “procesos de transformación”.
Los dirigentes de Cambiemos aguardan en sala de espera que terminen de desalojar las oficinas gubernamentales, y mientras, nos hacen saber que aquella denuncia omnipresente del “atropello de las instituciones” por parte de Cristina Fernández de Kirchner era relativa. Que lo malo de la presidenta saliente eran sus intenciones y la calidad de sus funcionarios. Mauricio Macri nos explica que como sus objetivos son altruistas y sus allegados son probos, por esta vez, corresponde violentar la ley. Su entorno mediático y económico, que en parte se expresa en el nuevo gabinete, avala el giro.
Los cargos en áreas sensibles de la administración del Estado que no están sometidos al recambio presidencial son varios, pero tres concitan mayor interés en la disputa entre oficialismo y oposición, oposición y oficialismo: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella; y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Estos funcionarios no sólo tienen perfiles diferentes sino que los puestos en juego obedecen a naturalezas distintas.
Fuera de toda duda se encuentra la jefatura de la Procuración General. Se trata de un cargo delineado en la Constitución nacional y una ley, cuya remoción sólo es posible mediante juicio político con los mismos requisitos establecidos para los jueces de la Corte Suprema. Ese paso requiere una mayoría de dos tercios en la cámara acusadora (Diputados) y en la juzgadora (Senado), de la que Cambiemos está lejos. En los papeles, más allá de consideraciones políticas sobre Gils Carbó, a Macri le costará convencer a un par de docenas de senadores peronistas que se pasen de bando. Es por ello que el nuevo presidente sugiere vías de presión alternativas que no serían del todo republicanas.
La discusión sobre la estabilidad de Gils Carbó, sin embargo, no acaba allí. El antecesor de la actual procuradora era el jurista Esteban Righi, quien fuera embestido por el gobierno en un procedimiento innoble para defender a Amado Boudou. El vicepresidente, hoy procesado por supuestos desfalcos de todo tipo, acusó a Righi de corrupción a través de su estudio jurídico, y éste, un peronista de izquierda, dejó el cargo en silencio. Se trata de la institucionalidad de facto que el kirchnerismo ofreció de a ratos. Tras una propuesta de reemplazo fallida con un hombre que fraguó su currículum, el nombre de Gils Carbó - una fiscal de carrera y sin vínculos con el kirchnerismo hasta que fue electa con anuencia del Senado en 2012 - destrabó la situación.
A Macri no le gusta Gils Carbó. Si en el frente legal, el presidente electo tiene complicado desplazarla, los nombres de reemplazo que se barajan tampoco lo ayudan a lograr consenso. Algunos de los que se autopostulan muestran un partidismo exacerbado y, además, gozan de un sólido desprestigio. El caso Nisman ayudó a algunos de ellos a lavarse la cara, apenas por un rato y pour la galerie.
Uno de los aspectos saludables de la ley audiovisual es que cruzó el mandato presidencial con el de las autoridades de la AFSCA y los medios públicos. Así, Sabbatella y los directores de Radio Nacional y Canal 7 deberían terminar funciones en 2017. Es un hecho que AFSCA y los medios públicos se mostraron estos años a todas luces oficialistas. En esa línea, la ley audiovisual sólo se aplicó parcialmente, dando rienda suelta a métodos arbitrarios y con el objetivo excluyente de achicar el tamaño de Clarín, el grupo que domina segmentos de la comunicación en la Argentina. ¿Partidismo? Nada demasiado lejano a los vicios que también exhibió el gobierno de Macri en el manejo de la pauta publicitaria de la Capital Federal y la línea editorial de Radio Ciudad.
Como sea, la política audiovisual requiere un enfoque distinto, acorde al texto de la norma, que también estipula que los medios públicos deben ser plurales.
Por último, el Banco Central. Si bien Vanoli tiene mandato hasta 2019, el mecanismo de remoción es mucho más accesible para el gobierno entrante, además de que el funcionario kirchnerista ya indicó que está dispuesto a dar un paso al costado. Es razonable – y menos desquiciante - que cada administración tenga libertad para establecer una política monetaria consistente con el manejo general de la economía. Sería bueno que los partidarios del gobierno saliente nos priven del espectáculo de postular un Banco Central absolutamente independiente, como reclaman el FMI y Standard & Poor’s.