El organismo tributario debe optar entre empujar al holding a la quiebra, desatar una crisis laboral de impacto político y resignarse a cobrar una pequeña parte de la deuda, o estirar la ley para permitir la continuidad económica con el riesgo que implica dar una nueva oportunidad a la dupla López-De Sousa. Información exclusiva del expediente.
Sebastián Lacunza
Letra P - 21/3/2018
En días de vértigo marcados por la liberación de sus accionistas y el
desplazamiento judicial de sus directores, el Grupo Indalo afronta una
situación contable que no deja de agravarse. El expediente del concurso
preventivo de Oil Combustibles, buque insignia del holding que tramita desde
diciembre un concurso de acreedores, define un escenario en el que asoma el
colapso, con la hipótesis de una quiebra inminente que sólo podría evitar una
decisión política la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La definición de la AFIP (por lo tanto, del gobierno de Mauricio Macri)
es un paso ineludible para que se concrete una compra total o parcial por
parte de un tercero, algo de por sí problemático. Hasta ahora, competidores,
clientes e inversores extranjeros dejaron saber su interés en ciertos activos e
incluso participaron de negociaciones, pero todo en fase muy preliminar.
De acuerdo al expediente al que tuvo acceso Letra P, que tramita en el
juzgado comercial 5 a cargo de Javier Cosentino, el organismo que
todavía dirige Alberto Abad y que en breve quedará bajo la órbita de Leandro
Cuccioli es acreedor de 10.474 millones de pesos verificados, lo que representa
70 por ciento de la deuda total concursada (15.000 millones de pesos), y 1.366
millones de pesos impagos posteriores a la convocatoria de acreedores. Este
último monto, al haber sido contraído luego del concurso y estar vencido, es
embargable en el corto plazo. Se suma a cerca de 400 millones de pesos de
deuda con privados posterior a la apertura del concurso.
“Con la venta de activos líquidos (de pronta disponibilidad) se podría
reducir el pasivo postconcursal pero no atenderlo íntegramente ni mucho menos”,
sentenciaron los interventores judiciales en el expediente. En un proceso de
eventual liquidación, se produciría el remate de la refinería en San Lorenzo,
plantas de almacenamiento, tres muelles sobre el Paraná y un puñado de
estaciones de servicio propias, pero fuentes con acceso a la contabilidad
afirman que su valor sería apenas una parte menor del total de la deuda.
Con la refinería de Oil paralizada, la AFIP tiene frente a sí la opción
de acelerar la quiebra, si sigue a rajatabla lo estipulado por la ley, dadas
las circunstancias, o habilitar por excepción un esquema para garantizar la
continuidad de la actividad, con la amenaza de la lupa judicial y de otorgar
más tiempo a un holding que demostró intenciones de evasión o fraudulentas – lo
discute el fuero federal -, no sólo los años pasados sino también en meses
recientes.
Tras la liberación el viernes de los socios Cristóbal López y Fabián de
Sousa dispuesta por la Cámara Federal, instancia que más allá del ruido
mediático generó consenso jurídico en Tribunales, y el desplazamiento de
la oscura dirección a cargo de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre dispuesta
el martes por el juez comercial, es el expediente del concurso el que lleva la
voz cantante.
La cesación de pagos actual implica una crisis laboral con epicentro en
San Lorenzo, Santa Fe, donde se ubica la refinería, que atañe a 450 empleados;
el aumento de la deuda impositiva y comercial; y la ruptura de contratos (por
ejemplo, con cerca de 240 estacioneros a los que Oil no está abasteciendo de
combustibles). En suma, la empresa necesita ingresos mensuales por 2,7 millones
de dólares, unos 55 millones de pesos, para afrontar gastos operativos, de
acuerdo a lo informado en el expediente por los interventores judiciales Carlos
Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva. La escena hoy es de
“ausencia de ingresos”, firmaron los delegados del juzgado.
Mientras
tanto, se define la suerte de los concursos solicitados por Indalo para sus
otras empresas, entre ellas las controlantes de los medios de comunicación,
como las radios Diez, Pop, Mega, One y Vale; el canal C5N; los diarios Ámbito
Financiero y Buenos Aires Herald; y las webs, entre otros. Trabajadores de esas
empresas vienen sufriendo severas demoras e irregularidades en el pago de
salarios, en tanto que se registran incumplimientos de acuerdos de
desvinculación homologados en el Ministerio de Trabajo, como los
correspondientes al personal del Herald (cerrado en julio pasado), Ámbito
Financiero y productoras de televisión. El juzgado de Cosentino podría absorber
todos los concursos y, en ese caso, no debería descartarse una quiebra en
cascada, aunque también podría encontrar mayor margen de maniobra.
Contrariamente
a lo publicado, Abad no tenía la semana pasada la intención de empujar la
quiebra dado el costo político, social y laboral que implicaría. La liberación
de López y De Sousa, que trató de ser explotada por el oficialismo como un
revés en su denominada “lucha contra las mafias”, pudo haber inducido un cambio
de estrategia, indican interlocutores del jefe de la Afip. Sin embargo, la
proximidad al gobierno de algunos de los interesados en quedarse con activos de
Indalo impide la formulación de razonamientos lineales.
La
rusa Lukoil tiene a hombres operando en Buenos Aires desde la semana pasada.
También se mueven competidores de Oil como YPF y Vila-Manzano, o clientes como
Pampa Energía (Mindlin). Sin embargo, las hipótesis de compra de una empresa
cuyo corazón está en una refinería en San Lorenzo con necesidad de reinversión
y alto riesgo ecológico no está exenta de complicaciones.
En la fase final de su enigmática gestión, Rosner y Dellatorre
informaron que los accionistas no estaban dispuestos a inyectar fondos propios
ni dieron ninguna precisión que permitiera vislumbrar una salida. Esta semana,
el Grupo Indalo formuló una presentación ante el juzgado en la que afirma tener
activos ociosos por varias decenas de millones de dólares, entre los que cita
el hotel Los Notros en El Calafate, un shopping en Chubut, un helicóptero,
aviones, una pequeña petrolera y otras propiedades. El texto, firmado por el
abogado Eduardo Favier Dubois (exjuez que factura una cifra millonaria al Grupo),
se priva de indicar la identidad del eventual comprador por razones “de
confidencialidad”.
Los interventores Cárrega y Bianchi concluyeron en un escrito que si la
Afip no acuerda y, acto seguido, no aparece un inversor con fondos propios, “la
continuidad sólo incrementará el pasivo postconcursal y cada día que pasa
tornaría más difícil una posible superación de la crisis y, en consecuencia, el
recupero de créditos de los acreedores, que tienen también el deber de velar
para que ello no ocurra”.