Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos prohibieron a un representante de Provea leer un discurso crítico de las políticas de Nicolás Maduro y Mauricio Macri. El Gobierno le iba entregar a la emblemática entidad venezolana el Premio Mignone, pero su representante se resistió a eliminar párrafos de su texto. Perplejidad en sectores marginales de Cambiemos.
Sebastián Lacunza
@sebalacunza
Letra P - 18/3/2018
Se presentaba como
una nueva oportunidad para que el gobierno de Mauricio Macri pusiera en el
banquillo de los acusados a su par de Nicolás Maduro, una de las estrategias de
política exterior más persistentes desde la asunción de Cambiemos en la Casa
Rosada. Se transformó en un búmeran que descolocó una vez más al Ejecutivo
argentino ante a la mirada de los organismos de derechos humanos
internacionales, dada la censura aplicada a la ONG venezolana a la que
pretendía reconocer.
Todo estaba listo para la ceremonia de entrega del Premio
Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone al Programa Venezolano de
Educación – Acción en Derechos Humanos, organización con amplia trayectoria en
la defensa de las libertades públicas. La cita era el jueves pasado, a las 18,
en el Salón Libertador del Palacio San Martín. Habría un vino de honor.
Escenario ideal para la figura del Macri “líder de la
democracia liberal”, tan deseada por su entorno intelectual y tan malograda por
las acciones del gobierno argentino: una ONG progresista que denuncia los
abusos de Maduro, coronada por el reconocimiento nacional que lleva el nombre
de Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y uno de
los padres del movimiento de derechos humanos argentino.
El Premio Mignone fue instaurado en 2007 y es otorgado en
acuerdo por la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y la
familia Mignone. Entre sus nueve ganadores, figuran entidades y personalidades
de Brasil, México, Colombia, Bolivia, Zimbabwe, Indonesia y otras de actuación
internacional.
Provea, en tanto, fue fundada en 1988 por Ligia Bolívar, exfuncionaria
de Amnistía Internacional; Dianorah Contramaestre, militante cristiana de base
en Caracas; y Raúl Cubas, exdetenido-desaparecido argentino en la ESMA
(1976-1979). La entidad hoy denuncia al chavismo pero en 2002 condenó el golpe
de Estado contra Hugo Chávez, por cuyas condiciones de detención había
reclamado en 1993. Según los cables de WikiLeaks, la Embajada de Estados Unidos
en Caracas valoraba a Provea como una entidad clave para desgastar al gobierno
chavista durante la década pasada.
Para recibir el galardón, la Cancillería Argentina invitó a
Buenos Aires a Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización
venezolana.
En la mañana del jueves, el enviado de Provea fue recibido
por la directora de Derechos Humanos de Cancillería, María Gabriela Quinteros,
y por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en las oficinas de éste
en la ex-ESMA. La cordialidad duró apenas instantes.
Habían estipulado que el titular de Provea dispusiera de
quince minutos para su discurso, esa misma tarde, en el Palacio San Martín.
Uzcátegui ofreció a sus interlocutores una copia digital del texto redactado. Empleados
dependientes de Avruj imprimieron el archivo, lo leyeron y se lo entregaron a
su jefe, según asistentes a la reunión. En el acto, Avruj y Quinteros
comunicaron que el discurso no estaba autorizado, ante la mirada absorta de
Uzcátegui.
Fuentes de la Cancillería informaron a Letra P otra
secuencia: Uzcátegui se reunió con Avruj y Quinteros por la mañana, y al
mediodía, “por una sugerencia del CELS, pidieron leer la carta de un exiliado
argentino, miembro fundador de Provea, y no se les permitió”. Es decir, el
gobierno admite que censuró el discurso del representante venezolano y pone el
foco en la entidad que preside Horacio Verbitsky y a la que le suele atribuir
buena parte de sus problemas internacionales.
Provea publicó el viernes un comunicado en el que informó
que había declinado la recepción del premio Mignone y adjuntó el texto original
que había preparado Uzcátegui, que incluía las palabras de Cubas, quien no pudo
viajar a Buenos Aires por razones personales. “Mal puede una organización
defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una
solicitud de esta naturaleza”, argumentó Provea.
Aunque Cancillería insiste en que le hará llegar el premio a
la organización venezolana sin ceremonia, en Provea afirman que ya les fue
informado que el reconocimiento fue transferido a otra entidad.
El propósito de Uzcátegui y Cubas era denunciar “la ausencia
de democracia y grave crisis humanitaria padecida” por Venezuela, con la
enumeración de desapariciones, detenciones ilegales y asesinatos. El discurso
no leído también otorgaba un lugar preponderante al cofundador argentino de
Provea, quien escribió para la ocasión que “tanto Argentina como Venezuela
adolecen de graves fallas y debilidades en la vigencia del Estado de Derecho… y
en la garantía efectiva de los derechos humanos”. Si se lo hubieran permitido, Provea
habría denunciado “la represión de la protesta social”, “la aplicación de
doctrinas de ‘gatillo fácil’”, “el crecimiento persistente de la pobreza en
ambos países” y el pedido de “inmediata liberación de presos políticos,
comenzando en Argentina con la dirigente social Milagro Sala, y en Venezuela,
con el abogado y defensor de derechos humanos Marcelo Crovato”, en cumplimiento
de “obligaciones” ordenadas por la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Demasiado para el paladar del gobierno argentino.
La frustración se suma a una cadena de episodios en los que
el Ejecutivo de Macri pasa de acusador a acusado. No es un tema inocuo dentro
de Cambiemos. Voces con tradición en la materia, algunos de ellos vinculados a
la Unión Cívica Radical pero, sobre todo, a Elisa Carrió, manifiestan
perplejidad ante acciones que colocan al gobierno argentino en el ojo de la
tormenta.
Expedientes emblemáticos como los de la encarcelada Sala, el
asesinado Rafael Nahuel y el fallecido Santiago Maldonado motivaron severas advertencias
internacionales emitidas por la OEA y ONU, y organizaciones como Amnesty e
incluso entidades que en los papeles eran afines, como Human Rights Watch.
Ante críticas de radicales, fuentes más genuinamente
macristas advierten que la detención de Sala es, sobre todo, una obra del
jujeño Gerardo Morales que llevó al Ejecutivo nacional a tener que dar pelea en
estrados internacionales. No es que quienes hablan con Macri difieran del
objetivo de sacar a Sala del mapa político sino de actuar con modos de señor
feudal poco justificables fronteras afuera de Jujuy.
Con el tiempo, se fueron alejando funcionarios asumidos en
diciembre de 2015, como el radical Leandro Despouy, quien estaba a cargo de un
área de Relaciones Exteriores y mantenía vínculos históricos con los organismos
de derechos humanos. La propia Susana Malcorra, renunciada el año pasado, se
vio sobrepasada por decisiones del ala dura que la incomodaban. En tanto, el
titular de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, la
figura con más tradición en la materia dentro del oficialismo, maneja una dosis
de autonomía que le permite tomar distancia del gobierno nacional.
Sobre la misión de la recientemente designada embajadora
ante la OEA, Paula Bertol, miembro de la poco influyente ala moderada del PRO,
hay diferentes versiones. Fuentes afirman que le fue encomendado reconstruir
lazos para evitar nuevas sanciones de la CIDH, mientras otras ven su traslado a
Washington como un modo de alejarla todavía más de Marcos Peña.
La escalada en el último año, como la celebración
presidencial del gatillo Chocobar, las detenciones de a decenas durante las
manifestaciones de protesta y capítulos bizarros como la beca alemana al
negacionista Darío Lopérfido, no hicieron más que expandir la condena
internacional y colocar a Macri más cerca de la figura de Maduro o Enrique Peña
Nieto que a la de Olof Palme.