Sebastián Lacunza
Buenos Aires Herald
Si hay algo que no genera mayor debate es que los gobiernos de los Kirchner hicieron un uso abusivo de la publicidad oficial. Volcaron una montaña de fondos públicos a empresarios afines (más que en lo ideológico, en lo comercial), sin criterio ni control, algo que ni siquiera sirvió para construir un mercado más diversificado por una vía poco ortodoxa. Parte del dinero de la publicidad oficial kirchnerista se evaporó en manos de fugitivos. Algunos, en cuanto se produjo el recambio presidencial de diciembre pasado, fueron raudos a ofrecer su lealtad al nuevo proveedor de fondos: Mauricio Macri. Una política absurda incluso desde el punto de vista pragmático ante la necesidad del gobierno de CFK de contrarrestar el discurso opositor del poderoso Clarín. Ni siquiera logró coherencia, porque si bien se amplió el arco de voces por un tiempo, el Ejecutivo precedente llegó a asociarse a periodistas y medios de discurso casi fascista que sólo le garantizaron silencio sobre ciertos planos sensibles (sobre todo, para el bolsillo de algunos ministros). Cabe reiterar que el modelo no fue sólo kirchnerista. También fue, con sus más y sus menos, el de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el de los gobernantes en general, desde los socialistas de Santa Fe hasta los peronistas disidentes de derecha: un gasto dispendioso para privilegiar a amigos.
Macri vino a cambiar el modelo, dice. En lo que va de mandato, la retórica no prueba la declamación. En una acción arquetípica de Cambiemos, emprendió dos movimientos paralelos aparentemente independientes que contribuyen a empeorar la situación. Por un lado, el Ejecutivo de Macri liberó al Grupo Clarín de las ataduras antimonopólicas que infructuosamente intentó aplicar CFK. El mayor multimedios de Argentina podrá conservar y potenciar su unidad más lucrativa, Cablevisión, al tiempo que ya puso un pie en el mercado de la telefonía celular. Circulan nombres de gigantes a los que Clarín dice temer, algunos con presencia en la plaza pero todavía constreñidos por la ley (Telefónica, Telmex, AT&T) y otros por aterrizar (Time Warner, Virgin), pero entre dimes y diretes, el grupo de Noble-Magnetto es la única megamarca que ya está corriendo la carrera.
Consolidado el dominio de Clarín, el Poder Ejecutivo lleva a cabo una nueva política de publicidad oficial basada en “criterios de mercado”. El resultado es que de lo invertido en avisos públicos por el gobierno de Macri entre los quince mayores receptores, Clarín más que triplica a su inmediato competidor, La Nación.
“El macrismo hace bandera de su diferencia con el kirchnerismo, con el que lo distancian concepciones, prácticas y estilos en varias cuestiones. Pero la obsesión por el control de los flujos informativos no es una de ellas”, escribió esta semana el especialista de la Universidad de Quilmes Martín Becerra en una nota en el sitio La letra P. Mientras pacta con los grandes jugadores y estrellas televisivas, Macri goza del beneficio de que unos cuantos editorialistas se muestran generosos para asumir el relato oficialista como propio. El experto en comunicación política Mario Riorda así lo graficó en una reciente entrevista en La Nación: “Con la mayoría de los principales medios de la Argentina, este gobierno tiene una buena relación y hasta incluso delegativa, en tanto permite que los medios editorialicen del gobierno muchas de las cosas que el propio gobierno no editorializa de sí mismo. Terceriza parte de la construcción de su mito de gobierno en actores con pluma propia”, lo que le permite “avanzar muy liviano de equipaje”.
Una novedad que sorprendió a quienes no estaban muy al tanto de la tradición liberal en la historia argentina fue el componente autoritario que trajo consigo Macri, en nombre de los valores republicanos. Como si la concentración y precarización del mercado no fueran suficientes para acallar voces, el Ejecutivo avanzó con acciones más directas. En estos pocos meses, intentó aprobar un protocolo anitipiquetes para alejar a los periodistas de las manifestaciones o establecer penas de cárcel y multas a aquél que difundiera datos del blanqueo de capitales.
El fin de semana llegó con la novedad de un acuerdo “para proteger a los periodistas” entre el Ministerio de Seguridad, la entidad que agrupa a los propietarios de medios Adepa y el foro de periodistas Fopea que agrupa a unos 400 profesionales (organizaciones de inmejorable vínculo y representatividad limitada). El protocolo se plantea dar a Adepa y Fopea el monopolio de la recepción de las denuncias de situaciones de peligro para los periodistas. La respuesta de los sindicatos de prensa — excluidos del acuerdo — fue inmediata. Anoche, rechazaron la iniciativa: "Invocando tratados y declaraciones internacionales con rango constitucional que resultan indiscutibles (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fallos de la Corte Suprema de Justicia o resoluciones de Naciones Unidas), y conceptos como democracia, libertad de expresión, derecho a la información y tolerancia, Bullrich, ADEPA y FOPEA consuman una utilización corporativa, elitista y maliciosa de esos principios".