Escribe
Sebastián Lacunza
Buenos Aires Herald
El gobierno de Mauricio Macri dice que, como logró bajar la inflación del 45 por ciento anual a menos de la mitad — es decir, el nivel aproximado al que había antes de la devaluación de diciembre —, la preocupación principal de los ciudadanos volvió a ser la seguridad. Y para combatir el delito, que naturalmente tiende a crecer en un contexto de mayor pobreza y desigualdad, la presidencia de Mauricio Macri apela a la receta mágica: penas más severas, consignas de alto voltaje e involucramiento de las Fuerzas Armadas.
En una conferencia dada el jueves en el Club Americano ante representantes de empresas, abogados penalistas y funcionarios judiciales y gubernamentales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ilustró su gestión “sin prejuicios ideológicos”, no sin dar su versión de acerca de por qué el delito regresó a ocupar segmentos de los noticieros: “El Presidente nos decía: ahora que bajamos la inflación, les toca a ustedes. Pero además, lo que pasa es que ahora no hay más política. Antes hablaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todos le contestaban, y así se evitaban los problemas reales”.
Bullrich, una dirigente de origen peronista de izquierda que desde hace veinte años integró diversas alianzas de centroderecha, definió ejes de su tarea.
- “Nos dicen que las cárceles están llenas. ¿Si no hay lugar en la cárcel, vamos a definir la política criminal o la vamos a definir para que no maten a la gente?”. Los dichos de la ministra parecieron una respuesta a un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó lugares de detención y se entrevistó con representantes del gobierno, fiscales y organismos de derechos humanos. El texto describe que hacia diciembre de 2015 había 71.464 detenidos en todas las prisiones del país, un crecimiento de 16 por ciento con respecto a 2010, con picos de 25 por ciento en la provincia de Buenos Aires y 53 por ciento en Mendoza. “El uso de comisarías como lugares permanentes de detención surge principalmente de la falta de lugar en cárceles y al abuso de detenciones preventivas, antes de llegar al juicio” (ver nota en página 7).
- Otro de los párrafos llamativos de la encargada de Seguridad de Macri fue que su ministerio está aplicando la denominada “entrega vigilada, en los hechos, porque no hay ley”. Esto significa que las fuerzas de seguridad monitorean un eventual tráfico de bienes ilícitos, pero que no actúan hasta no tener cabalmente clara la dimensión del delito. La estrategia puede ser discutible; la legalidad “en los hechos” no debería serlo tanto.
- “Los bienes en el narcotráfico son capital de trabajo. Mientras dure el proceso penal, el sospechoso va a seguir haciendo uso de sus bienes. Yo le saco todo el primer día con la extinción de dominio”, advirtió Bullrich, quien reconoció que se trata de un aspecto polémico. Un amplio abanico de juristas cuestiona que se quebraría el principio básico de inocencia. Va de suyo que una “extención de dominio” sin sentencia firme, que eventualmente puede determinar la absolución del acusado, puede vulnerar derechos humanos elementales.
- La ministra explicó pondrá en marcha la Escuela Superior de Altos Mandos de Policía, con ayuda de expertos de Francia. “Les aseguro que si llevamos a un gendarme a Campo de Mayo (sede de la Región I de la fuerza) durante tres meses va a salir bueno”. “A lo mejor se queda 70 por ciento en el camino”, admitió. Bullrich bromeó que el envío de efectivos de Gendarmería a provincias (como Santa Fe y Buenos Aires) “es la nueva moneda de la Argentina”, dando a entender que si bien a la Casa Rosada no le sobran fondos económicos para repartir, sí puede calmar las aguas con los guardias de frontera.
- ¿La Policía Bonaerense es parte del problema o parte de la solución en el combate contra el delito?, preguntó el Herald durante el almuerzo. Respondió Bullrich: “La Policía Bonaerense tiene enormes problemas, pero tenemos que darle una oportunidad a la gente. Cuando los incentivos son concretos, con un horizonte, la gente empieza a alinearse. Se puede tener el látigo y la zanahoria, porque quienes forman parte de la Policía no entraron para ser ladrones. Los problemas en la Policía Bonaerense tienen mucho arraigo y se solucionan con políticas muy estrictas; podemos sanear esa Policía”.
- La ministra de Seguridad también consideró un mérito de su gestión la extradición de narcotraficantes como Ibar Pérez Corradi, el presunto autor ideológico del “triple crimen” de General Rodríguez que llegó en un supuesto acuerdo con el gobierno. Prometía mover la estantería con revelaciones escandalosas pero se quedó sin ninguna prueba.
A ello se suma que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Vidal, impulsa que el apoyo “logístico” de las Fuerzas Armadas a la policía bien descripta por Bullrich el jueves. No sólo ello. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pretende que militares actúen en rol de “acompañantes” de los efectivos del a Bonaerense, precisó ayer el bisemanario Perfil.
Como recuerda el texto, “el marco normativo vigente (sancionado durante las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem) regula con carácter de excepcionalidad y por un tiempo acotado su eventual intervención en la órbita de la seguridad interior, delimitando situaciones muy específicas”. El artículo segundo de la Ley de Defensa circunscribe con precisión el objeto de la defensa nacional a “la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o ef ectiva, para enfrentar agresiones de origen externo”.
En un país como Argentina, huelga alertar cuáles son los riesgos de que los militares se involucren en asuntos internos. Por si el ejemplo de hace cuarenta años sonara anacrónico, los casos más recientes de otros países latinoamericanos dan cuenta de que sumar a las Fuerzas Armadas a “la guerra contra el narcotráfico” no hace más que disparar exponencialmente la cantidad de muertes. México y Colombia son ejemplos absurdos para la realidad argentina, por más que dé la sensación de que muchas voces con ganas de generar un desmadre.
Bullrich tuvo tiempo de dedicar unas palabras a su colega José Luis Gómez Centurión, casualmente un exgolpista (1987) a cargo de la Aduana. Gómez Centurión fue separado del cargo el 19 de agosto pasado tras una presentación judicial de Bullrich, quien había recibido una denuncia anónima con aparentes pruebas de una trama de corrupción. El juez federal Ariel Lijo no halló elementos directos contra el funcionario y, tras un explícito lobby de otro sector del gobierno y de los medios, fue repuesto en el cargo 80 días más tarde.
Gómez Centurión afirmó que tiene pendiente un café con Bullrich, su denunciante, para sanar las heridas. “Lo considero absolutamente un aliado en el combate contra el delito”, aclaró Bullrich el jueves. “(Separarlo y reintegrarlo en el cargo) fue una decisión correcta del Presidente. Si viene una denuncia así, ¿se cajonea o no se cajonea? ¿Qué hubiera pasado si se cajoneaba, cuando la persona que la presentó sabía lo que había presentado?
— Tomó un café con él.
— No, pero no se trata de tomar un café. Puedo tomar veinte cafés con él, pero es un tema de política de Estado.