Los usos de Nisman

Escribe
Sebastián Lacunza

El fiscal Alberto Nisman sirvió a diferentes intereses mientras estuvo a cargo de la investigación de la causa AMIA. Por ejemplo, ejerció como punta de lanza de la estrategia del gobierno nacional, que por motivos no del todo aclarados, decidió centrar la acusación en los clérigos iraníes en detrimento de cualquier otra responsabilidad. De este modo, y en acuerdo con la línea de los servicios de Inteligencia con los que trabajó, Nisman desatendió las imputaciones locales del peor atentado de la historia argentina.

El mecanismo de funcionamiento durante nueve años, período que abarca el mandato de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Fernández, fue que el fiscal alimentaba la acusación contra Irán y el gobierno nacional llevaba la denuncia a foros internacionales. Esta estrategia satisfizo múltiples paladares. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel no ocultaron su objetivo en público y maniobraron en privado para sólo sentar en el banquillo de los acusados al régimen de la República Islámica. Washington, incluso, dio instrucciones a Nisman durante muchos años, que fueron recibidas sin reparo. Cuando el gobierno argentino se enteró de esta dinámica de trabajo (2011), no hizo nada para que una de las causas más importantes que tramitaba en la Justicia tuviera un investigador independiente.

Este statu quo, que contaba con Nisman a cargo de una oficina provista de cuantiosos recursos, tuvo otro aliado clave en la dirigencia de las organizaciones judías agrupadas en DAIA, preocupada, también, por la situación de un expresidente y su abogada, ambos denunciados por un tribunal federal por supuestamente participar de los escandalosos fraudes de la primera investigación a cargo del juez Juan José Galeano.

Durante años, muchos intereses confluyeron en la estrategia seguida por Nisman, excepto el de los familiares de las víctimas fallecidas el 18 de julio de 1994 que buscaban la verdad, de acuerdo a lo denunciado por las organizaciones 18-J, Memoria Activa y APEMIA. Mientras, el régimen iraní, presidido por el antisemita Mahmud Ahmadineyad entre 2005 y 2013, no movía un ápice para colaborar con la investigación.

En 2013 vendría el memorándum de entendimiento con Irán, cuestionado por Israel y la DAIA pero no tanto por Nisman.

Un día de enero pasado, el fiscal regresó “intempestivamente” de vacaciones, a las 48 horas presentó la impactante denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios, y a los cuatro días apareció su cuerpo sobre un charco de sangre en el baño de su domicilio.

Con su muerte, comenzaría un nuevo festival de usos de Nisman.

No bien se conoció el texto de la acusación contra CFK y el canciller Héctor Timerman, ésta quedó expuesta en sus contradicciones, carencia de pruebas y teorías disparatadas. Dos días antes de la muerte del fiscal, la denuncia recibiría una lapidaria desmentida de Interpol. Semanas más tarde se conocerían más irregularidades que dejarían la acusación del fiscal en un lugar todavía más turbio.

En un dato saludable para el caso y para la democracia argentina, la denuncia de Nisman tuvo tratamiento judicial en dos instancias. El juez federal Daniel Rafecas y dos magistrados de Cámara se ocuparon de cocinar el texto de la acusación en su propia salsa, al tiempo que se contuvieron de abundar sobre los propósitos reales de su colega fallecido.

Impactado por la denuncia, el gobierno no se limitó a dejar en claro sus argumentos. Desde la jefatura de Estado para abajo, funcionarios se lanzaron a elucubrar sobre las causas de la muerte y no se ahorraron opinar sobre su vida privada, en el límite de la obscenidad. Alguno, incluso, creyó que insultar a Nisman era un paso aceptable.

Claro que el recorrido de Nisman habilita críticas y sospechas tanto en cuanto a sus intenciones políticas y su solidez profesional como a su honestidad. El colaborador Diego Lagomarsino admitió ser casi un ñoqui a cambio de devolver a Nisman la mitad de su sueldo, y dijo tener pruebas de este supuesto pacto corrupto. Pero, en todo caso, la debilidad de la postura kirchnerista es que la opacidad de Nisman no comenzó el 14 de enero pasado.

Los usos de Nisman son múltiples. Opositores (políticos y medios) se ven en figurillas para dar a la denuncia formulada algún viso de seriedad. Tal resulta un paso esencial para poder acusar al gobierno nacional del “asesinato” de un "héroe", una tentadora teoría que entusiasma a los más enardecidos pero que puede transformarse en un boomerang a corto plazo. Aparecen repentinos confesores del fiscal fallecido, sagaces investigadores y exegetas de sus textos que suman fantasías.

Al mismo tiempo, componentes de lo más tóxico del Poder Judicial argentino, fiscales acusados por los familiares de las víctimas de la AMIA de obstruir la investigación del atentado, tratan de incidir en la causa mediante métodos brutales. El gobierno paga el precio, una vez más, de haber utilizado semejantes servicios hasta hace no mucho.

Por si todos estos manejos utilitarios fueran poco, los denodados esfuerzos de la exesposa de Nisman y jueza, Sandra Arroyo Salgado, por dar por probado un asesinato y llevar el caso al despacho de un colega afín en el fuero federal incrementan la confusión. Arroyo Salgado habla de “pruebas científicas” halladas por sus peritos que no están siquiera afirmadas como tales en el informe presentado ante la Justicia y que, extrañamente, llegó a estudios televisivos. El informe incluye fotos escabrosas del cadáver de Nisman. Mientras, queda en la nebulosa si la exesposa de Nisman persigue los mismos objetivos que la madre y la hermana del fallecido (su exsuegra y excuñada), cotitulares de una cuenta en el exterior junto al colaborador Lagomarsino, quienes afirmaron no pueden declarar ante la fiscalía por razones médicas. Depósito misterioso cuya existencia sorprendió a Arroyo Salgado.