Si los argumentos de Rafecas no se revierten, se impone dilucidar cuál fue el juego de Nisman
Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
El partido no está terminado. El fiscal Gerardo Pollicita podrá apelar el desistimiento de la denuncia por supuesto encubrimiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de los sospechosos del atentado a la AMIA y un tribunal superior decidirá en consecuencia. Se trata de la Justicia argentina; nada debe ser descartado.
Si un esfuerzo valió la pena en las últimas siete semanas, plagadas de operaciones políticas e imprudencia, fue el de tratar de respetar los hechos. Se trató de centrar el debate tantas veces desviado por datos falsos, anécdotas y opinionators de las más diversas responsabilidades institucionales que se lanzaron a comentar la instrucción de las causas (la de la denuncia por encubrimiento contra CFK y la de la muerte del denunciante). Pese a su evidente aspecto sombrío, la acusación del fiscal Nisman merecía un tratamiento serio en los tribunales, más aún después de su muerte, el 18 de enero pasado. En ese sentido, la ratificación íntegra de la denuncia por parte de Pollicita significó un paso saludable.
Daniel Rafecas no es un juez prístino, exento de juego político. Acaso no haya un magistrado con tales características en la Justicia argentina, y menos todavía en el fuero federal. Es, sin embargo, un juez respetado por fallos sobre derechos humanos y por sus estudios sobre genocidio y el Holocausto. También es un magistrado que supo ganarse la enemistad de un sector del kirchnerismo que respalda al vicepresidente Amado Boudou (causa Ciccone) y de un sector de la UCR que siente lealtad al expresidente Fernando de la Rúa (coimas en el Senado). Como el juez federal consideró en 2010 que la apropiación de la fábrica Papel Prensa -en la que los diarios Clarín y La Nación tienen mayoría accionaria- representaba un supuesto eslabón de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, se ganó la enemistad de otros integrantes de la judicatura y de la política. Un frente adverso considerable en el Consejo de la Magistratura.
Si fuera cierta, la denuncia de Nisman debería derivar en la destitución de la Presidenta y privación de su libertad, un extremo que, al parecer, el fiscal ya había redactado. Pese a todo, no faltaron quienes pretendieron reducir semejante acusación a un mero escrito de los tantos que recorren tribunales, un pulcro acto procesal que debía seguir su curso normal, lo que resulta obvio. Acaso, un extremo analítico para aquietar las aguas dada la fragilidad de un texto que, según escribió Rafecas, estaba plagado de inconsistencias “alarmantes”.
El trámite procesal siguió su curso y el juez tuvo espacio para recorrer las especulaciones de Nisman. En concreto, echó por tierra todos los ejes de la denuncia, en una línea coincidente con la expresada por juristas reconocidos y plasmada en algunos medios de comunicación, como el Herald. El levantamiento de las órdenes de captura de los iraníes nunca fue un objetivo del Gobierno, como ratificó un exjefe de Interpol; el supuesto intento, aún si encontrara sustento, no llegó a ejecutarse porque el acuerdo con Irán no entró en vigencia; la atribución a los supuestos lobistas de actuar en nombre del Ejecutivo no halló la más mínima evidencia ; los beneficios comerciales colaterales del “pacto de impunidad” no vieron la luz. Rafecas transcribió varios párrafos de la denuncia de Nisman que, en sí mismos, constituían una desmentida tajante de tales hipótesis.
El juez federal aportó dos elementos especialmente novedosos. Por un lado, el testimonio ante Nisman del periodista fallecido José Eliaschev, una de las pocas “pruebas” más allá de las escuchas telefónicas. Su declaración resultó, según Rafecas, “claramente contradictoria” con lo que el propio cronista había escrito en el diario Perfil. Una vez más, se trató de indicios basados en documentos débiles.
Luego, sí, un aspecto más grave: la aparición de un escrito firmado por Nisman en diciembre pasado en el que sostenía “una postura diametralmente opuesta” a la que días más tarde argumentaría en su denuncia por encubrimiento. En este enigmático plan B del fiscal fallecido, se realizaron “consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad”, y se consideró el acuerdo con Irán una iniciativa “entendible”. Plan A: “un pacto con terroristas”. Plan B: “una consecuencia entendible”. El texto había sido elaborado en el plano de otra estrategia (pedir la intervención del Consejo de Seguridad para la captura de los iraníes) y estaba en la Fiscalía que ocupaba Nisman. Fue entregado al juzgado de Rafecas por la secretaria Soledad Castro y de él tenían conocimiento otros funcionarios.
Volvamos a los cables de WikiLeaks que han dejado expuesta la cercana relación de Nisman con la Embajada de Estados Unidos. Uno de los textos, en los que la delegación diplomática reprocha una acción del fiscal, define: “Nisman no es del tipo de haber pedido públicamente la detención de Menem y otros sin la instrucción de alguien de arriba”. La Embajada se refería a los Kirchner.
Si no surgen nuevas pruebas que transformen por completo la acusación y la salven de sus flagrantes contradicciones, y si el plan B que salió a la luz en la resolución de Rafecas realmente existió, un mínimo ejercicio de periodismo crítico lleva a hacer preguntas elementales: ¿Con qué objetivo Nisman realizó semejante denuncia contra la jefa de Estado, el canciller y otros?; ¿En nombre de quién actuó?, ¿Por qué engañó a su exesposa e interrumpiò sus vacaciones para presentar una acusaciòn tan vulnerable? Su muerte lleva a dos preguntas que se excluyen entre sí: ¿Por qué se suicidió?; ¿Quién lo mató?