Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
El paso dado el viernes por un fiscal crítico del Gobierno como Pollicita es comprensible y hasta saludable, por más que disguste a muchos kirchneristas. El 14 de enero, el investigador especial de la causa AMIA había acusado a la presidenta CFK, al canciller Héctor Timerman y a otros oficialistas y lobistas por encubrimiento de la supuesta responsabilidad de cinco iraníes en el atentado contra la AMIA cometido en 1994. Cuatro días más tarde, Nisman apareció muerto en su domicilio de Puerto Madero, en circunstancias por dilucidar. En consecuencia, la denuncia contra la Presidenta, basada sobre hipótesis arriesgadas, ya no tiene a su principal impulsor para explicarlas y esgrimir pruebas. En definitiva, para asumir la responsabilidad de lo firmado, que si resulta cierto, podría terminar en la destitución presidencial, y si resulta falso, llevará inexorablemente a tratar de dilucidar un complot político del que participó el fiscal. Ambas alternativas conspiran contra las bases de la democracia.
El impulso a la imputación dado por Pollicita, sin resignar ninguno de sus argumentos centrales, devuelve la causa al punto de partida. Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá evaluar si se trató de una denuncia con sustento o de un absurdo, o de algo intermedio con menor gravedad institucional. Por lo pronto, Pollicita se ve en la obligación de explicar los siguientes aspectos que se desprenden de su imputación.
- La denuncia parte desde la convicción de que la muerte de Néstor Kirchner liberó a CFK y a Timerman del veto de cualquier negociación con Irán. Señala un "cambio radical" disparado por la muerte del exmandatario. Sin embargo, la Presidenta propuso el 24 de septiembre de 2010, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, negociar con Teherán la elección de un tercer país "neutral" para llevar a cabo el juicio por la AMIA. El discurso de CFK, que citó el acuerdo del Reino Unido con Libia por el caso Lockerbie, tuvo lugar un mes antes de la abrupta muerte del expresidente en Río Gallegos.
- El núcleo de la denuncia de Nisman y de Pollicita es que el Gobierno garantizaría impunidad para los cinco iraníes con solicitud de arresto en Interpol a cambio de un mayor intercambio comercial con Teherán. El levantamiento de las famosas "alertas rojas" no está incluido en el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013, aunque éste es considerado por Nisman/Pollicita como un paso esencial hacia la impunidad. En rigor, el levantamiento debía ser solicitado por el juez federal que emitió las órdenes de captura, Rodolfo Canicoba Corral, pero más allá de elucubraciones e interpretaciones, la Cancillería mostró documentos que probarían que dejó en claro a Interpol que el acuerdo no contemplaba anular las órdenes de detención. Hay, sin embargo, una prueba aún más contundente que pondrá a Pollicita ante la necesidad de maximizar sus esfuerzos para comprobar su hipótesis. El estadounidense Ronald Noble, exjefe de Interpol (2000-2014), calificó como "falsa" la denuncia de Nisman en diálogo con el diario Página 12: "Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas contra los funcionarios iraníes”.
- La hipótesis de impunidad a cambio de mayor intercambio de "petróleo por granos" también falla en el plano comercial. Argentina no compró petróleo iraní y ni vendió más granos de lo que venía haciendo desde 2008. El argumento de quienes defienden los argumentos de Nisman es que el aumento de exportaciones no se concretó porque el Memorándum no entró en vigor.
- Nisman expuso en su denuncia algunas de las conversaciones escuchadas en el teléfono celular de Jorge "Yussuf" Khalil, supuesto lobista de Irán. Uno de sus principales interlocutores es el exfuncionario y militante kirchnerista Luis D'Elía. Ambos prometen beneficios y se arrogan representación de los respectivos gobiernos. Dicen de sí mismos que logran resultados, aunque a veces, según los diálogos transcriptos, quedan expuestos como frustrados comentaristas. En los hechos, sus habladurías no llegan a buen puerto. Pollicita sostiene en su escrito que hay jurisprudencia "casi unánime" de que el delito de "encubrimiento" no requiere alcanzar el objetivo buscado. En la intención de encubrir se halla el delito, afirma el fiscal. Salvado ese punto, deberá demostrar ante Rafecas que los actores de esta diplomacia paralela de baja calidad, D'Elía, Khalil, el miembro de Quebracho Fernando Esteche, el exjuez Héctor Yrimia y el supuesto espía Allan Bogado, tenían la representación e influencia que en los diálogos telefónicos decían tener.
Los anteriores son algunos de los aspectos centrales con los que la denuncia deberá lidiar si los resortes judiciales actúan con relativa normalidad, lo que no está garantizado en la Argentina de hoy. Si Pollicita logra subsanar la debilidad del texto de Nisman, entonces tendrá un caso.