Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
Septiembre
de 2009: La presidenta Cristina Kirchner utilizó el atril de Naciones Unidas para
reclamar a la República Islámica de Irán la entrega de cinco funcionarios que
tenían solicitud de captura de Interpol por su presunta responsabilidad en el
atentado a la AMIA.
Oradora
siempre incisiva, la Presidenta argentina no ahorró críticas al negacionismo
del Holocausto que enarbolaba su entonces par iraní, Mahmud Ahmadineyad.
“Volverá, tal vez, a negar tragedias históricas que Occidente ha sufrido
durante el siglo XX”, lanzó CFK ante la Asamblea General. A tono con la
conducta de la delegación israelí, los diplomáticos argentinos se retiraron
horas más tarde cuando Ahmadineyad hizo uso de la palabra. Eran tiempos en que el kirchnerismo
actuaba en consonancia con Alberto Nisman, el mismo fiscal que sustentaba su
estrategia inspirado por el hoy destituido jefe de Inteligencia Antonio
Stiusso. Hacia el régimen
iraní también apuntaban el gobierno israelí, la dirigencia comunitaria judía y
la Embajada de Estados Unidos.
Septiembre
de 2010: Otra vez en Nueva York, la jefa de Estado propuso a Irán explorar la
posibilidad de un juicio contra los sospechosos en un tercer país.
Septiembre
de 2012: Misma cita en el Midtown de Manhattan. CFK instruyó al canciller
Héctor Timerman para que se reuniera con el ministro iraní Ali Akbar Salehi a fin
de explorar un entendimiento bilateral que permitiera destrabar la
investigación, lo que incluiría una comisión de la verdad y la posibilidad de
interrogar a los sospechosos en Teherán.
El
cambio de estrategia 2009-2012 fue brusco, pero el kirchnerismo podía exhibir un
argumento atendible. La queja en la ONU se había tornado un rito inútil y la
causa AMIA se hallaba inmersa en un pantano. A tres años del intento, el resultado se resume en una palabra: fracaso.
El
fiscal Nisman había privilegiado por sobre todo la denominada “pista iraní”, en
detrimento incluso de la investigación de los responsables locales del
atentado, pero todo lo malo que se pueda decir de la instrucción del
investigador fue avalado por el Gobierno nacional. Incluso, conocida en
diciembre de 2010 la existencia de cables diplomáticos estadounidenses que
describían a Nisman como un fiscal guiado por la Embajada, la Casa Rosada no
hizo nada para removerlo de su cargo.
Explicitado
el cambio de postura oficial, el fiscal abandonó en 2012-2013 el paragüas del
kirchnerismo. Nisman no quedó desguarnecido. Israel, la Embajada de Estados
Unidos, la dirigencia de la DAIA y casi todo el arco político opositor
siguieron a su lado.
Sin
mucho más que aportar al expediente principal, los servicios de Inteligencia
del sector de Antonio Stiusso comenzaron a acumular horas de escuchas en las
que aparecían Luis D’Elía, otros dirigentes y supuestos espías. Se los registró
negociando intercambios, cruzando epítetos y arrogándose representación de la
Casa Rosada o de los clérigos iraníes.
14
Enero de 2015. El fiscal de la causa AMIA acusó a CFK, al canciller Héctor
Timerman y a otros funcionarios de orquestar “una conspiracion criminal”, “un
pacto con terroristas” para encubrir a los responsables del atentado en el
barrio de Once. Nisman dio a conocer un resumen de su acusación y comenzó a filtrar
detalles a la prensa. Más allá de reacciones pour la galerie y la habitual
hojarasca política, juristas, analistas y opositores exhibieron una reacción
cauta. La prueba parecía débil, pero no se podía conocer en su totalidad para
no violar la ley de Inteligencia. Había margen para algo mayor; el secreto de
la acusación pasó a ser esencial.
17 de
enero. Nisman dedicó el día a la presentación “informal” ante una comisión del
Congreso encabezada por la diputada opositora Patricia Bullrich (PRO), con quien
conversó varias veces. Ambos jugaban todas sus fichas a que la reunión del
lunes fuera secreta, mientras el oficialismo aceleraba a fondo la presión para
que la cita fuera transmitida por televisión.
19 de
enero, 0:08: El periodista del BuenosAiresHerald.com Damián Pachter tuiteó que
el cuerpo del fiscal Nisman fue hallado sobre un charco de sangre y sin
respirar.
La
estremecedora noticia disparó una hipótesis escalofriante, incluso firmada por
agudos analistas en el mundo. El Gobierno argentino utilizó a los turbios
servicios de Inteligencia para eliminar al fiscal que estaba a punto de
demostrar su complicidad con terroristas iraníes.
20 de
enero: El juez federal Ariel Lijo liberó la denuncia de Nisman tras constatar
que no incluía escuchas a agentes de la Secretaría de Inteligencia.
Mientras,
la Presidenta y sus funcionarios comenzaron a lanzar hipótesis sobre la muerte.
Se ha dicho hasta el cansancio en este diario: el Poder Ejecutivo tiene derecho
a defenderse y explicar sus argumentos pero no a imaginar culpables en voz
alta, y menos aún con datos no probados en el expediente. Así, el Ejecutivo, en
lugar de mostrarse como garante de una investigación seria, se choca consigo
mismo, lo que incluye la ineptitud de quienes manejan la cuenta @CasaRosada.
Todo
cierra. Un fiscal que acusa a la Jefa de Estado muere en circunstancias
misteriosas. El Ejecutivo, que convivió con servicios de Inteligencia que
actuaban fuera del marco democrático, aparece como un sospechoso.
Todo
cierra pero falta una pieza. La denuncia de Nisman es inconsistente. Sus pruebas
son débiles y sus hipótesis de impunidad para los iraníes no sólo no se cumplen
sino que son tajantemente desmentidas por el estadounidense que condujo
Interpol entre 2000 y 2014. El manejo de los tiempos para presentar la
acusación también resulta inentendible (años de escuchas repetitivas que, no
obstante, motivan un regreso “intempestivo” al país). Más que muerto, al
gobierno le convenía un Nisman vivo lidiando con su propia acusación.
Tiene
la palabra Ariel Lijo, a quien el fiscal había presentado la denuncia contra
CFK y otros. Lijo maneja los tiempos políticos y no es precisamente un aliado
del Ejecutivo, pero a diferencia de algunos de sus pares, no es esperable de él
que tome resoluciones basadas en la nada. Quizás ya tenga la decisión
tomada (desestimar la causa, rechazar el expediente, indagar estamentos menores e tráfico de influencias y espionaje). La duda es cuándo.