Nueva York (enviado especial) - Casi cuatro años pasaron desde que George W. Bush dejó el poder, pero uno de sus principales legados económicos sigue vigente y se presenta como un asunto de debate inminente tras la elección presidencial de ayer. Las exenciones impositivas a los ingresos y a los bienes diseñadas durante el último Gobierno republicano vencen con el inicio de 2013, en la antesala del nuevo período presidencial, y en un contexto de déficit y deuda exorbitantes que sobrevoló toda la campaña.
Ambos contendientes, Mitt Romney y Barack Obama, prometieron recortar el déficit fiscal de 1,1 billón de dólares (7% del PBI en el presupuesto 2011-2012) y la deuda de u$s 16 billones (107% del Producto), aunque de manera distinta, al menos en el plano discursivo. El demócrata apuntó a los u$s 200.000 millones anuales que podría recaudar de los sectores de mayores ingresos y a una disminución gradual del gasto que vendría como consecuencia, por ejemplo, del fin de las misiones militares en Irak y Afganistán. En suma, el jefe de la Casa Blanca planteó un recorte de gastos de u$s 5,3 billones en una década, a caballo de un discurso de tinte clasista, al acusar a su rival de tratar de beneficiar a los multimillonarios.
El republicano, en tanto, comprometió un retiro del Estado mucho más agudo, derogar la reforma sanitaria y, más aún, establecer «vouchers» en el sistema de salud para mayores de 55 años (Medicare, que hoy atiende a los de 65 para arriba), de modo que los beneficiarios contraten a voluntad en el sistema privado. Además, centró sus expectativas de ahorro en la descentralización hacia los estados del sistema de salud para las familias con ingresos inferiores a u$s 28.000, Medicaid, y prometió extender el sistema de «vouchers» a la educación, extremo al que Obama se opuso durante su mandato. Reorientar y cancelar partidas no será fácil en el contexto social más negativo en al menos dos décadas, exceptuando los años recientes, desde los que hubo una tenue y decreciente recuperación. En 2010, el PBI de la primera economía del mundo creció el 2,4%, al año siguiente lo hizo el 2%, y este año está prevista un alza del 1,7%. Ello, con un desempleo del 7,9%, el doble que en la era de Bill Clinton, algo superior al 7,2% del último año de Bush (2008), pero en descenso tras haber superado los 11 puntos de la población activa en lo más agudo de la crisis.
Afectados
La desocupación y la debacle de las hipotecas afectaron por sobre todo a las minorías de negros y latinos, que de todos modos ayer cimentaron en abrumadora mayoría el apoyo al presidente demócrata.
La idea de una pulseada entre diferentes clases sociales ya había sido puesta en juego por los demócratas en las elecciones de medio término en 2010, también con la idea fija de revertir las exenciones de Bush. La jugada salió mal. La victoria entonces de los republicanos en la Cámara de Representantes y la conservación por mínimo margen de la mayoría en el Senado impidió todo avance en ese sentido. Por el contrario, se alcanzó un pacto para elevar los mínimos imponibles a cambio de prorrogar exenciones a los de menores ingresos.
En este tema, como en muchos otros, la política norteamericana entró en parálisis, que podría destrabarse o no en función de cómo se terminen de repartir las bancas en ambas cámaras, lo que se definía al cierre de esta edición.
Muchos empresarios sabían lo que estaba en juego, tanto por la prometida carga impositiva evaluada por Obama a quien gane más de 200.000 dólares anuales (250.000 en caso de las familias), como por el peso que tendrá la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2014, que supone que aquellas firmas con más de 50 empleados deben hacerse cargo obligatoriamente del seguro de salud de sus trabajadores.
Es por ello que David Siegel, directivo de Westgate Resorts, una empresa de tiempo compartido, envió una carta a sus 7.000 empleados con el siguiente texto: «La economía actual no plantea una amenaza a su trabajo. Lo que amenaza su empleo, sin embargo, son otros cuatro años del mismo Gobierno. Si algún nuevo impuesto me es aplicado a mí, o a mi empresa, como planea nuestro actual presidente, no tendré otra alternativa que reducir el tamaño de la compañía».
Objetivo
Una nota con tono similar fue enviada a sus 30.000 empleados de la papelera Georgia-Pacific, a los de la firma de maquinaria industrial Rite-Hite, de Milwaukee, y a los de ASG Software Solutions, de Naples, según informó The New York Times. El propio Romney había pedido a una cámara empresarial que dejara «claro a sus empleados qué es lo mejor para su emprendimiento y, por ello, para su trabajo en las próximas elecciones». De esta forma, el republicano buscó contrarrestar la maquinaria de los sindicatos, que conforman una base indispensable para los demócratas, de gran peso en estados como Ohio y Michigan.
Las exenciones impositivas del esquema Bush no alcanzan sólo al segmento más alto de pirámide, aunque su incidencia es dispar. En los primeros seis años de vigencia, hasta 2010, a las familias con ingresos anuales de u$s 10.000 (pobres, aproximadamente un 12% de la población), les significó un beneficio de u$s 385 a cada una. Quienes ganaron entre u$s 50.000 y u$s 74.900 (clase media alta, un 13% del total) cosecharon u$s 9.839, según un estudio del Tax Policy Center. El 0,3% que gana más de u$s 1.000.000, sumó a sus arcas u$s 858.000 en 6 años, y el 0,1% de más de u$s 7,7 millones de ingreso anual evitó pagar al Estado u$s 2.328.607.
Más que nunca, de cara a prorrogar estos beneficios o redefinirlos, republicanos y demócratas exhibieron en esta campaña la dicotomía entre dejar el dinero en manos privadas para que dinamice el mercado, o hacer que el Estado actúe como árbitro para equilibrar la balanza
Ambos contendientes, Mitt Romney y Barack Obama, prometieron recortar el déficit fiscal de 1,1 billón de dólares (7% del PBI en el presupuesto 2011-2012) y la deuda de u$s 16 billones (107% del Producto), aunque de manera distinta, al menos en el plano discursivo. El demócrata apuntó a los u$s 200.000 millones anuales que podría recaudar de los sectores de mayores ingresos y a una disminución gradual del gasto que vendría como consecuencia, por ejemplo, del fin de las misiones militares en Irak y Afganistán. En suma, el jefe de la Casa Blanca planteó un recorte de gastos de u$s 5,3 billones en una década, a caballo de un discurso de tinte clasista, al acusar a su rival de tratar de beneficiar a los multimillonarios.
El republicano, en tanto, comprometió un retiro del Estado mucho más agudo, derogar la reforma sanitaria y, más aún, establecer «vouchers» en el sistema de salud para mayores de 55 años (Medicare, que hoy atiende a los de 65 para arriba), de modo que los beneficiarios contraten a voluntad en el sistema privado. Además, centró sus expectativas de ahorro en la descentralización hacia los estados del sistema de salud para las familias con ingresos inferiores a u$s 28.000, Medicaid, y prometió extender el sistema de «vouchers» a la educación, extremo al que Obama se opuso durante su mandato. Reorientar y cancelar partidas no será fácil en el contexto social más negativo en al menos dos décadas, exceptuando los años recientes, desde los que hubo una tenue y decreciente recuperación. En 2010, el PBI de la primera economía del mundo creció el 2,4%, al año siguiente lo hizo el 2%, y este año está prevista un alza del 1,7%. Ello, con un desempleo del 7,9%, el doble que en la era de Bill Clinton, algo superior al 7,2% del último año de Bush (2008), pero en descenso tras haber superado los 11 puntos de la población activa en lo más agudo de la crisis.
Afectados
La desocupación y la debacle de las hipotecas afectaron por sobre todo a las minorías de negros y latinos, que de todos modos ayer cimentaron en abrumadora mayoría el apoyo al presidente demócrata.
La idea de una pulseada entre diferentes clases sociales ya había sido puesta en juego por los demócratas en las elecciones de medio término en 2010, también con la idea fija de revertir las exenciones de Bush. La jugada salió mal. La victoria entonces de los republicanos en la Cámara de Representantes y la conservación por mínimo margen de la mayoría en el Senado impidió todo avance en ese sentido. Por el contrario, se alcanzó un pacto para elevar los mínimos imponibles a cambio de prorrogar exenciones a los de menores ingresos.
En este tema, como en muchos otros, la política norteamericana entró en parálisis, que podría destrabarse o no en función de cómo se terminen de repartir las bancas en ambas cámaras, lo que se definía al cierre de esta edición.
Muchos empresarios sabían lo que estaba en juego, tanto por la prometida carga impositiva evaluada por Obama a quien gane más de 200.000 dólares anuales (250.000 en caso de las familias), como por el peso que tendrá la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2014, que supone que aquellas firmas con más de 50 empleados deben hacerse cargo obligatoriamente del seguro de salud de sus trabajadores.
Es por ello que David Siegel, directivo de Westgate Resorts, una empresa de tiempo compartido, envió una carta a sus 7.000 empleados con el siguiente texto: «La economía actual no plantea una amenaza a su trabajo. Lo que amenaza su empleo, sin embargo, son otros cuatro años del mismo Gobierno. Si algún nuevo impuesto me es aplicado a mí, o a mi empresa, como planea nuestro actual presidente, no tendré otra alternativa que reducir el tamaño de la compañía».
Objetivo
Una nota con tono similar fue enviada a sus 30.000 empleados de la papelera Georgia-Pacific, a los de la firma de maquinaria industrial Rite-Hite, de Milwaukee, y a los de ASG Software Solutions, de Naples, según informó The New York Times. El propio Romney había pedido a una cámara empresarial que dejara «claro a sus empleados qué es lo mejor para su emprendimiento y, por ello, para su trabajo en las próximas elecciones». De esta forma, el republicano buscó contrarrestar la maquinaria de los sindicatos, que conforman una base indispensable para los demócratas, de gran peso en estados como Ohio y Michigan.
Las exenciones impositivas del esquema Bush no alcanzan sólo al segmento más alto de pirámide, aunque su incidencia es dispar. En los primeros seis años de vigencia, hasta 2010, a las familias con ingresos anuales de u$s 10.000 (pobres, aproximadamente un 12% de la población), les significó un beneficio de u$s 385 a cada una. Quienes ganaron entre u$s 50.000 y u$s 74.900 (clase media alta, un 13% del total) cosecharon u$s 9.839, según un estudio del Tax Policy Center. El 0,3% que gana más de u$s 1.000.000, sumó a sus arcas u$s 858.000 en 6 años, y el 0,1% de más de u$s 7,7 millones de ingreso anual evitó pagar al Estado u$s 2.328.607.
Más que nunca, de cara a prorrogar estos beneficios o redefinirlos, republicanos y demócratas exhibieron en esta campaña la dicotomía entre dejar el dinero en manos privadas para que dinamice el mercado, o hacer que el Estado actúe como árbitro para equilibrar la balanza