Conclusiones opuestas de un Presidente y una ONG (burdas ambas)

El fallo del máximo tribunal de Ecuador contra el diario El Universo abrió ayer las puertas a voces que enarbolan conclusiones de trazo grueso y tamaño continental para explicar la relación entre gobiernos y medios tradicionales latinoamericanos.

De un lado, el propio Rafael Correa creyó ver «un precedente en toda nuestra América». «Esto va a cambiar la historia, van a entender que la libertad es de todos... se ha demostrado que no sólo se puede enjuiciar a los payasitos, sino también a los dueños del circo». Es decir, para Correa, la sentencia conseguida es un hito en contra de los medios concentrados latinoamericanos que son la «verdadera oposición» a varios Ejecutivos de centroizquierda. Extraño hito que arrasa con los consensos más garantistas del derecho a la libertad de expresión, sostenidos, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Del otro lado, como botón de muestra, el Instituto Prensa y Sociedad, con base en Lima pero resonancia en toda la región, no fue más sutil a la hora de lanzar sus lecciones. El director de esta ONG expresó que la sentencia «refleja que la tensión es evidentemente aguda, aunque por distintos motivos, en países como Venezuela, Ecuador y Argentina».

«La causa de esa tensión es la base autoritaria de esos gobiernos, ése sería el denominador común. En otros países como Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú esa tensión es menor». «No es la izquierda o las ideas de izquierda sino el autoritarismo que tiene cada mandatario lo que impulsa esa tensión entre prensa y Gobierno», abundó.

Ojalá todo fuera tan sencillo para identificar a buenos y malos como lo hicieron, cada uno para su molino, Correa y el directivo de la ONG. Curiosos ejemplos los de IPyS. Empezando por Perú, el país donde trabaja la ONG, que acaba de vivir una campaña electoral en 2011 en la que los hiperconcentrados medios emprendieron una campaña de «manipulación» e «intimidación a periodistas independientes», en los términos de la sonora denuncia de Mario Vargas Llosa. El escritor peruano pegó un portazo en junio pasado cuando, a su juicio, dijo haber comprobado una campaña sucia en contra del nacionalista Ollanta Humala (mandatario que, por esas vueltas de la historia, hoy es mimado por parte de la prensa que lo criticaba).

Rareza

IPyS pone a Brasil del lado de los buenos. Una rareza que no compartirían los dos últimos líderes políticos de ese país, Lula da Silva y Dilma Rousseff, que han dejado claro que deploran la realidad mediática brasileña, concentrada, para variar, en poquísimas manos. De acuerdo con posturas públicas del Partido de los Trabajadores, si el oficialismo brasileño no presentó un proyecto en línea con la ley de medios argentina es porque no tiene los votos suficientes en el Congreso.

Es así cómo transcurre muchas veces el debate sobre el derecho a la información en América Latina. Con la bandera de la «democratización» contra la «corporación mediática», un gobernante como Correa lleva a cabo un proceso judicial viciado desde sus orígenes y logra un fallo para el oprobio contra un diario. A propósito.. ¿el diario en cuestión es «crítico e independiente»? Habría que recordar que El Universo, como casi todos los medios que dominan el mercado de la prensa gráfica ecuatoriana, no condenó el intento de golpe de Estado que sufrió Correa en septiembre de 2010, y que al mismo tiempo es suelto de lengua para llamar «dictador» al presidente y «régimen» a su Gobierno. Por no abordar otros aspectos del panorama mediático ecuatoriano, que cuando arribó el mandatario socialista al Gobierno, albergaba a un banquero prófugo al mando de buena parte del negocio televisivo, un dato que llegó a indignar al Departamento de Estado norteamericano.

De este modo, entre políticos, ONG y cámaras empresariales de uno y otro bando, se tornan menos audibles voces que intentan eludir las trincheras, como las de Reporteros Sin Fronteras y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la ONU, que así como condenaron el fallo de la Corte ecuatoriana ayer, en su momento destacaron la necesidad de desconcentrar la propiedad de los medios en América Latina a través de cambios legislativos.