By
Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
I - El empleado bancario progresa hasta facturar miles de
millones de pesos por obras públicas cuya característica clave era que nunca
concluyeran. Surgen números, documentos, videos, arrepentidos,
propiedades, extorsiones y un vínculo comercial y amistad con la
familia Kirchner. El piso para investigar es el conflicto de intereses. Faltan
explicaciones por doquier, pero cuando alguien habla, su lenguaje ramplón
resulta alarmante.
II - Un funcionario del área de Catastro viaja de Córdoba a
Santa Cruz, ida y vuelta. En 2003 se asienta en Buenos Aires para atender la caja
mayor: decenas de miles de millones de pesos para financiar trenes viejos,
colectivos, aviones… Se lleva de maravillas con los gangsters españoles que
manejan la aerolínea de bandera y pagan buena prensa. El amo y señor del
Transporte compra chatarra cara a España y se hace pagar viajes aéreos y
alquileres de lujo por los concesionarios a los que debe controlar. Hasta roba
pruebas que lo comprometen en pleno allanamiento. Dicen que la expresidenta le
desconfiaba y que llegó a reprocharle sus corbatas “menemistas”. No obstante,
demora dos años de su primer mandato para echarlo, en 2009. Ambos (I y II) durmieron las noches pasadas en una
cárcel de Ezeiza.
III, IV, V… - El
asesor comunicacional, relativista del terrorismo de Estado y secretario de
Cultura de Ciudad de Buenos Aires figura como directivo en una sociedad
fantasma en Panamá. El intendente de Vicente López y primo del Presidente se
dejó anotar en una empresa offshore en Panamá. El empresario que tiene/ no tiene/ tiene
contratos para obras públicas con los gobiernos de su “hermano del alma”
integra una sociedad offshore pero en Estados Unidos, no en Panamá. El presidente de Boca y
colaborador de Mauricio Macri en temas judiciales compró un sello en Panamá. El
jefe de la Secretaría de Inteligencia y su exsocio en el negocio del fútbol se
dejaron ver por Panamá. El secretario de Derechos Humanos preside un papel en
Panamá. Al intendente de Lanús, exejecutivo del Grupo Socma y exsecretario de
Hacienda de CABA le asignaron un poder vía el entramado legal de Panamá. El
hijo del periodista que recibía canilla libre de pauta publicitaria de Macri
figura en Panamá. El hijo de Franco Macri, su socio y ejecutivo de sus
empresas, coprocesado y absuelto en diferentes causas judiciales, y actual
Presidente prestó su nombre en dos archivos de Panamá.
¿Algún sorprendido? ¿Será el comportamiento de la elite política y económica muy diferente de la matriz de relaciones que impera en la sociedad argentina?
Los jueces que dedicaron años a planchar causas que
afectaban a funcionarios del kirchnerismo hoy avanzan en operativos coordinados
para el prime time. En cambio, los ayer opositores que saltaban a conclusiones
temerarias sobre una cuenta en las islas Seychelles montados sobre un par de datos mal hilvanados, se transformaron en gentiles proveedores de argumentos a
voceros del PRO que, por una vez (y no casualmente, gracias a una denuncia de
alcance supranacional), se quedaron sin palabras.
Se trata de causas diferentes, con pruebas de distinto peso
y que afectan a un ciclo de gobierno de doce años en contraste con otro que
recién empieza. En ese sentido, se entiende la cautela de un ala del
Poder Ejecutivo, que intenta bajar la espuma de las denuncias por corrupción
contra el anterior gobierno que entusiasman a los “honestistas” del
oficialismo. Semana amarga para ellos. Una de sus exponentes, a
cargo de la Oficina Anticorrupción y representante de la pureza prístina de las
ONG, puso toda su negligencia en juego para detectar un caso de corrupción oficial
y para entender su función en el Estado.
Otra, Elisa Carrió, vio en poco tiempo cómo su papel se redujo a emitir
un certificado de calidad de papeles panameños y draconianos aumentos de
tarifas.
La afición de los funcionarios macristas por las sociedades
panameñas es, por ahora, un indicio que mañana puede tomar cuerpo en manos de
nuestros jueces y fiscales federales. Pero hay más motivos para que el macrismo
no se desborde. El país se encuentra a las puertas de un ciclo de endeudamiento
por decenas de miles de millones de dólares, escenario que entusiasma a bancos
ávidos de cobrar comisiones e intereses como el HSBC, una casa financiera que
se anota en cuanto escándalo nacional e internacional haya de supuesto lavado
de dinero. De hecho, una de las principales figuras económicas designadas por
Macri se encuentra todavía procesada por su papel en el ruinoso megacanje que
precedió a la bancarrota de 2001, ante la sospecha de que no se trató sólo de
una devastadora decisión de política económica.
Con o sin impulso de la Casa Rosada, vendrán años de paseo
de funcionaros kirchneristas por tribunales, comenzando por la expresidenta esta semana. Nombres como el de Amado Boudou esperan su turno.
El cristinismo promete marchar en
defensa de su líder. Sobrevuela el dilema del huevo o la gallina. ¿Los
procesos judiciales toman cuerpo porque existe un juez oportunista como el brasileño
de Curitiba Sergio Moro (al lado de Bonadío, un prohombre) que elige a sus
blancos, fuerza el proceso y filtra datos a la prensa, o porque las pruebas son
clamorosas y gritan por sí solas? ¿O por la combinación de ambas
vertientes?
La pobreza, el desempleo y la inflación aumentan; el país se
aleja de la “normalidad” prometida y mucho más de la revolución de la alegría. Un
relato dice que el gobierno se divide entre “gradualistas keynesianos” y
liberales ortodoxos, y que por ahora se estarían imponiendo lo primeros. Si el
plan B de Macri es más draconiano que el implementado hasta ahora, no habrá
funcionario kirchnerista tras las rejas que alcance para calmar la frustración
de una sociedad.