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Sebastián Lacunza
Editor-in-Chief
@sebalacunza
La remoción mediante un decreto de la procuradora general Alejandra Gils Carbó con la que Mauricio Macri se apresta a dar un inicio estelar a su mandato presidencial debería tener vuelo corto (si el diablo de la ajuridicidad que a veces campea en los pasillos de tribunales no mete la cola).
Macri hizo saber que prepara un decreto de necesidad y urgencia para desplazar a Gils Carbó y designar como jefe de los fiscales a alguien de su confianza. En caso de que la amenaza se concrete, jurisprudencia sellada pocos años atrás por la Corte Suprema permite avizorar qué ocurrirá.
En 1995, fue Néstor Kirchner, en tanto gobernador de Santa Cruz, quien decidió sacarse de encima a un procurador que no era de su agrado. El patagónico lo hizo mediante un mecanismo un poco más sutil que el que ahora enarbola el presidente electo. Entonces, la Cámara de Diputados provincial aprobó una ley para desdoblar el cargo de Procurador General entre Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces. Eduardo Sosa, hasta entonces procurador, se quedó sin puesto, y decidió dar pelea en la Justicia.
Tras un recorrido judicial de varios años, la Corte Suprema ordenó una vez más en 2001 restituir a Sosa. El gobierno de Santa Cruz alegó que el pedido era de cumplimiento imposible, porque su reemplazante ya había sido designado de acuerdo a la nueva legislación. Ocho años después, la Corte ratificó la decisión y ordenó al gobierno provincial ejecutar la sentencia, con severas advertencias hacia el gobernador de Santa Cruz por incumplimiento. Más dilaciones, hasta que Sosa aceptó en 2013 la indemnización ofrecida por el gobierno provincial y retiró la demanda, que había llegado a instancias internacionales.
La Corte Suprema que falló en 2009 ya contaba con los integrantes designados por Kirchner en sus primeros años como presidente, cuando fue iniciada una refrescante renovación de la Justicia, luego discontinuada. Votaron a favor de Sosa seis de los entonces siete integrantes del máximo tribunal. Entre ellos, los cuatro que siguen ocupando su silla: Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt (se retira el próximo jueves, poco antes de cumplir 98), Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda.
El puesto de procurador general goza de independencia y estabilidad garantizados por la Constitución Nacional. Luego, la ley correspondiente estableció que el cargo expira cuando el procurador cumple 75 años, y sólo es removible a través de juicio político, que requiere dos tercios de la cámara acusatoria (Diputados) y juzgadora (Senado). Es decir, el mismo mecanismo que rige para el desplazamiento de los miembros de la Corte Suprema.
En su sentencia de 2009, Lorenzetti, Maqueda y Highton ratificaron "la garantía de inamovilidad del actor (Sosa)" y apuntaron a "asegurar el mantenimiento del sistema republicano". No parece haber lugar para la aplicación de principios diferentes ante un desplazamiento de una procuradora por la vía de un decreto presidencial, extremo que pondría en absoluta vulnerabilidad a todos los fiscales nacionales.
Otra opción sugerida por voceros del PRO para desplazar a Gils Carbó es la sanción de una ley que modifique la forma de elección y remoción del procurador. “Es válido que se modifique el mecanismo, pero se aplicaría para el próximo mandato, no para el actual. Hay jurisprudencia sobre eso”, indica al Herald Andrea Pochak, quien en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales llevó al causa de Sosa a partir de 2007 y hoy es secretaria letrada de la Procuración General.
Durante estos años, el kirchnerismo se valió de pactos con jueces y fiscales, desbarató mecanismos de control, intentó intervenir mediante manotazos que fueron frenados por los tribunales e hizo su aporte significativo al pantano del Consejo de la Magistratura. También fueron impulsadas ciertas reformas saludables que encontraron resistencia en los estamentos más conservadores y endogámicos de la magistratura, mientras otras tropezaron con típicas torpezas de procedimiento.
Llega el macrismo a la Casa Rosada con promesas de recuperar la institucionalidad. Nombra a la líder del ala insultante y denuncista del PRO al mando de la Oficina Anticorrupción, desde la que se supone deberá monitorear al gobierno al que apoya a los gritos. Mientras, un juez emergente de lo más tóxico de la Justicia Federal dispara allanamientos para recabar información de la AFSCA que se encuentra publicada en la página de internet. Una cosa significa un juez federal menemista utilizando su despacho como trinchera para disparar contra un gobierno del que fue aliado y al que luego le declaró la guerra, y otra es hacerlo en consonancia con quien ocupa la Casa Rosada. El vandalismo judicial cobra otro tenor.