La reforma de la ley antidiscriminación abre las puertas a la censura
EscribeSebastián Lacunza
Editor-in-Chief
@sebalacunza
En la vereda de enfrente, muchos kirchneristas y afines no dudaron en abrazar la causa de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contra medios de comunicación privados, a los que los presidentes venezolanos han identificado como "golpistas". De hecho, los magnates de la prensa de Caracas fueron actores principales del frustrado golpe de Estado que derrocó a Chávez por unas horas en abril de 2002, instancia a partir de la cual se desató una serie de políticas públicas reñidas con el pluralismo y la libertad de expresión. Según esta lógica, si Cristina Kirchner chocaba con Clarín, ello era equiparable, sin más, al conflicto del Partido de los Trabajadores brasileño con el grupo Globo, al del chavismo con Cisneros y RCTV, al del ecuatoriano Rafael Correa con El Universo y "los banqueros prófugos", y al del boliviano Evo Morales con la elite mediática de Santa Cruz de la Sierra.
No es propósito de estas líneas trazar las similitudes de los procesos vividos en América Latina, que sin dudas existen, ni sus diferencias, también evidentes a poco que se eche una mirada atenta sobre la historia, las fuerzas en pugna y la legislación de cada país. Sí cabe mencionar un aspecto crucial que desbarata tanto las denuncias altisonantes como las proclamas épicas. Mientras que los cambios legislativos en Venezuela, Ecuador y Bolivia incluyeron diferentes tipos de sanción en virtud de contenidos, en los casos de la Argentina y Uruguay, las respectivas leyes de medios abordaron claves como la concentración del mercado pero frenaron antes de habilitar penalidades por opiniones e informaciones. Ambos países del Río de la Plata son reconocidos por tener una legislación abierta y garantista en la materia, como marcaron las respectivas relatorías para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas. A la hora de etiquetar, sería más atinado decir que la letra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina (relegada en el olvido de los despachos gubernamentales y de los tribunales) es más parecida a una norma escandinava que a una "chavista" (otro cantar es el uso de los medios públicos, la publicidad oficial y el acceso a la información que, en efecto, han tenido mucho de peronismo y poco de alguna socialdemocracia del norte de Europa).
Una vía para la sanción de contenidos tuvo lugar en Bolivia, un país en el que amplios sectores de la población son víctimas de una discriminación aviesa expresada, también, a través de los medios de comunicación. El blanco principal de agravios son los indígenas, mayoría poblacional a la que pertenece el presidente Evo Morales, quien era injuriado con absoluto descaro en diarios y canales de televisión mientras trataba de llegar a la Presidencia. Con esos antecedentes, el gobierno boliviano promulgó en 2010 la ley "Contra el Racismo y toda forma de Discriminación", que elevó los tipos penales ad hoc. La iniciativa fue tenazmente resistida por los medios tradicionales, que llegaron a publicar ediciones conjuntas bajo el lema "sin democracia no hay libertad de expresión". Al respecto, la ley boliviana prevé sanciones económicas, suspensiones de licencias y ausencia de fueros si un medio incurre per sé o a través de comentarios de sus lectores en agravios discriminatorios.
En el cierre del tercer mandato kirchnerista, la siempre dispuesta diputada Diana Conti aparece como la principal impulsora de un proyecto que amplía las vías de reclamo ante acciones discriminatorias. El texto, montado sobre un lenguaje que denota buenas intenciones, deja abierta la posibilidad de que se accione preventivamente para impedir ataques. Para decirlo en pocas palabras, de allí a la censura previa hay un paso, aunque Conti no avanza en las sanciones extremas previstas en la legislación boliviana.
Cualquiera que se asome a Twitter, Facebook y los comentarios de los lectores en las ediciones online sabe que allí se expone impúdicamente una verdadera letrina. Insultos, amenazas y las más variadas formas de discriminación tienen lugar en esas cuevas de odio a las que muchos medios dan vía libre con el supuesto objetivo de generar más tráfico para sus páginas web, o, dicho con mayor cinismo, para fomentar la democracia informativa. Se sabe que vivimos en una época en la que ciertos artículos de opinión no son más que meras invitaciones al festival de agravios, en un camino de ida y vuelta en el que a veces cuesta distinguir la calidad argumentativa del columnista y la del comentarista anónimo que descarga su ira un poco más abajo.
Es decir, hay razones para establecer políticas que tiendan a evitar esos mecanismos tóxicos que nada tienen que ver con el libre flujo de opiniones prometido, y a veces consagrado, por internet. Sin embargo, el problema de iniciativas como las de Conti y, salvando las distancias, Evo Morales, es, por un lado, la dificultad para diferenciar con precisión quirúrgica un agravio de una crítica o una ironía; por el otro, quién es el encargado de determinarlo.
Eduardo Bertoni, exrelator para la Libertad de Expresión de la OEA, dio en la tecla en una columna escrita esta semana en el sitio Infobae: "Desde hace al menos 30 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las leyes que establecen limitaciones a la libertad de expresión deben estar redactadas de la forma más clara y precisa, dado que normas amplias y vagas pueden tener un efecto disuasivo en las opiniones por temor a las sanciones. El principal problema es que la vaguedad en las definiciones puede llevar a interpretaciones judiciales que restrinjan la libertad de expresión y otorguen facultades discrecionales a las autoridades de manera inadmisible para la Convención Americana de Derechos Humanos".
De manera que una iniciativa oficialista viene a enlodar un terreno en el que el kirchnerismo tiene algunos pergaminos para exhibir. No sería la primera vez. También ocurrió con el empecinamiento en sostener durante dos años a un acusado de crímenes de lesa humanidad al mando del Ejército, abriendo la puerta a que sectores incluso vinculados con la impunidad de los represores señalaran con el dedo al gobierno que había impulsado el proceso de memoria, verdad y justicia. Será que aquello de no dejar abandonadas las convicciones en las puertas de la Casa Rosada era una cuestión conversable.