Por: Sebastián Lacunza
La pregunta, la simple pregunta de Miceli, fue formulada con suma pulcritud, fiel al estilo del presentador que había trabajado hasta 2009, durante 18 años, en Canal 13 y TN (Clarín), y que cansado de que ningunearan los temas internacionales y tras seis meses de inactividad, recaló en el estatal Canal 7. Si bien generó suspicacias el desparpajo agresivo de Andrés Cuervo Larroque, dado que pertenece al mismo grupo político que dirige Visión 7, nadie informó sobre represalias que afectarán la estabilidad laboral de Miceli, quien incluso pudo hacer un descargo ante cámaras. El periodista partió de vacaciones esta semana, como estaba previsto.
Un episodio que debió ser ínfimo desató uno de esos temblores que entretienen al mundillo periodístico (¿entretendrán al resto de la sociedad?). Se activó entonces la lógica de trinchera que enmarca gran parte del debate sobre medios de la Argentina.
Así, el periodista fue descalificado por voces kirchneristas, de mínima, como un divulgador de la antipolítica que supone demonizar a La Cámpora, y de máxima, como un infiltrado de la corpo que actuó con oportunismo. El principal vehículo para las agresiones fue la edición implacable de 678, una ofensiva que generó al menos dos disidencias marcadas en el panel del programa. Del otro lado, un sector independiente vio la ocasión para abrir los brazos y recuperar al colega perdido. Atizó el zarandeo el previsible oportunismo de algunos que manifiestan enfática solidaridad con el colega que formuló un cuestionamiento fuera de libreto y que jamás harían uso de ese derecho tan sólo para indagar sobre el caro y deficiente servicio de cable en la Argentina.
En el medio, solidaridades valiosas, como el texto firme suscripto por los compañeros de Miceli en Canal 7.
Detrás de este episodio subyace, claro está, el debate sobre la libertad de expresión, el uso partidista de los medios (todos, pero también los públicos) y la tentación de la teoría de los dos demonios.
Podría argumentarse, con razón, que a los medios públicos les caben mayores exigencias que a los privados. Por cuestiones básicas, como que el Estado representa a todos y no al Gobierno, que debe garantizar la multiplicidad de voces y el derecho a la información a la sociedad en su conjunto, y que los medios públicos son solventados en forma directa con el Presupuesto oficial. Más puntualmente, porque lo dice el artículo 121 de la tan proclamada y menos cumplida ley de medios, cautelar infinita aparte.
En el libro de reciente publicación Cajas mágicas; el renacimiento de la TV pública en América Latina, el argentino Martín Becerra y otros autores latinoamericanos explican que la confusión entre el interés del público y de una parte, y la ausencia de un real servicio público audiovisual puede analizarse como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un activador que retroalimenta la lógica del sector audiovisual latinoamericano. La invocada 'pluralidad de sistema' resulta, pues, práctica para el uso arbitrario de las emisoras estatales, desencadenando una apropiación por parte de un grupo de un recurso que es patrimonio de la sociedad en su conjunto, explican los autores.
Podría argumentarse, también con razón, que el sesgo, medido en los efectos nocivos que produce en la sociedad, es más grave si hay un grupo de comunicación que ocupa una posición tan dominante que casi no tiene parangón en el mundo. Y que no sólo se trata de participación y, en algunos casos, control de diversos campos de la comunicación conseguido con anuencia del Estado, sino también de cámaras empresariales, organizaciones de derechos ciudadanos, sellos de periodistas, de consumidores, etcétera, que se activan on demand. Sobre los monopolios y oligopolios privados han alertado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación de los países del primer mundo.
Guillermo Mastrini, director de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, aborda el problema de los medios públicos asumidos como oficialistas: Se puede distinguir entre los que son medios gubernamentales, de propiedad estatal y medios públicos. No tendría inconvenientes si se aprueba una ley que dice que el Poder Ejecutivo puede tener medios propios como parte de un aparato de comunicación gubernamental, pero es una contradicción hablar de medios públicos si son partidarios, sin diversidad interna.
El docente responde a Viernes sobre la explicación del oficialismo que aduce que ante una situación de hegemonía del mercado por parte de un actor, el Gobierno se ve forzado a dar aire a un contradiscurso, o el argumento del Ejecutivo venezolano que asegura que los medios privados son golpistas: Hasta el propio concepto de medios públicos dice que en última instancia tienen que responder al interés nacional, y si la democracia está puesta en riesgo, puede haber un uso particular; pero sería muy raro decir que en la Argentina la democracia está en riesgo, lejos está de eso. Si hay una situación de extrema urgencia, como pudo haber en Venezuela en 2002, eso no justifica que partidicemos los medios públicos por diez años.
Así las cosas, al menos hasta que no se destrabe la implementación de la parte de la ley de medios que más interesa al Gobierno, el panorama se torna poco prometedor. Y también, porque los antecedentes en el manejo de los medios públicos y la publicidad oficial (Nación, provincias y Ciudad) erosionan el derecho de otros grupos políticos de arrojar la primera piedra.n
@sebalacunza