La difusión de un spot con una sucesión de artículos de la Constitución de 1999 y de definiciones pasadas de Hugo Chávez sobre la necesidad de apegarse a la institucionalidad hicieron que, insólitamente, las autoridades regulatorias venezolanas sancionaran a la cadena Globovisión. La acusan de «incitación al odio».
Sebastián Lacunza
El grave estado de salud de Hugo Chávez llena de zozobra a Venezuela y a la región, y obliga a dejar en un impasse el comienzo del nuevo mandato presidencial. En este contexto, el canal opositor Globovisión está siendo sometido a una acción de censura directa, con ribetes insólitos, en represalia por mensajes que ni se asoman al tono golpista disparado desde esa misma emisora en otras oportunidades.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) abrió el miércoles un expediente contra Globovisión, bajo la presunción de que cuatro informes vulneraron la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte). En concreto, el ente regulador le imputa a la emisora«incitar al odio y la intolerancia por razones políticas, alterar el orden público, fomentar zozobra en la ciudadanía y desconocer a las autoridades legítimamente elegidas».
Se podría dejar pasar el hecho de que la acusación de Conatel se haya disparado horas después de que la reclamara el presidente de la Asamblea Nacional,Diosdado Cabello. A la hora del siempre delicado control de contenidos, no es un buen indicador que los organismos regulatorios de la comunicación obedezcan tan directamente a las órdenes del poder político.
Pasemos entonces a la acusación concreta. El texto (disponible en www.conatel.gob.ve) describe cuatro micros emitidos por Globovisión en los que aparecen artículos de la Constitución venezolana que refieren a la asunción presidencial, y juegan con la voz de Chávez diciendo «dentro de la Constitución, todo; fuera de ella, nada». Algún eco, algún resaltador al estilo de 678 o del noticiero de Canal 13 de Buenos Aires, algún signo de pregunta y un puñado de imágenes de archivo. Eso es todo lo que le permite al Gobierno chavista presumir que la emisora de Zuloaga se está alzando contra la democracia.
La pena prevista en la ley Resorte abarca multas de hasta el 10% de los ingresos del canal y la suspensión de la transmisión por 72 horas. Por lo pronto, mientras Conatel estudia el caso, ya dispuso que Globovisión no puede emitir los cuatro micros. Es decir, la censura ya se está llevando a cabo.
La falta de apego a las reglas del pluralismo en el sistema de medios de Venezuela tiene una historia, en la que la primera piedra fue arrojada por casi todas las organizaciones periodísticas privadas no bien asumió Chávez la Presidencia, en 1999. Los canales Globovisión, RCTV, Venevisión y Televén; los diarios El Universal y El Nacional; por citar las marcas más emblemáticas, no sólo incitaron al golpe de Estado de 2002 sino que varios de sus referentes pusieron nombres y apellidos al efímero Gobierno de facto que encabezó Pedro Carmona.
No todo quedó allí. Varios años más tarde, algunos canales privados, empezando por Globovisión, persistían en los mensajes antidemocráticos y/o en llamados poco sutiles al asesinato del presidente («cuidate Hugo, vas a terminar como Mussolini, colgado y con la cabeza paabajo», en Globovisión, 2008). A RCTV, el canal líder, sus excesos le costaron la no renovación de la licencia en 2007, mientras otros medios pedían auxilio financiero al Departamento de Estado.
Lógica bélica
Once años pasaron desde el frustrado golpe de 2002. Chávez tuvo tiempo para potenciar el canal público Venezolana de Televisión, crear Telesur, instalar Televisora Venezolana Social en el lugar de RCTV, pasar a manejar la estación del Canal Metropolitano de Caracas e inaugurar Vive en el cable. Además, el Gobierno activó una red de emisoras comunitarias y puso en marcha medios gráficos estatales.
Es decir, hace ya muchos años que no se trata de un Gobierno venezolano arrinconado por medios golpistas. De hecho, no existe en Venezuela un multimedios poderoso, a la vez que actor político, con intereses en todos los campos de la comunicación. En cambio, se configuró una lógica bélica, a favor y en contra de Chávez, que pocas empresas periodísticas eligieron eludir.
Esa guerra no es pareja. El Gobierno chavista, además de haber dotado a los medios públicos de indudable tono partidista, cuenta con herramientas legales tan arbitrarias como las que le otorga la ley Resorte, que regula contenidos. Ello es más que el apoyo que puedan dar el Departamento de Estado norteamericano y las empresas venezolanas o extranjeras a los medios privados y a las ONG que afirman luchar por la libertad de prensa.
Todo lo expuesto configura un escenario que debería despabilar a oficialistas y opositores argentinos. A los primeros, para no ligar su propia ley de medios, que no regula contenidos, a un proceso con visos poco democráticos, y a los segundos, para evitar paralelismos que no toleran la más mínima constatación.