Escribe Sebastián Lacunza
Llega un mensaje de texto a un productor del programa desde el móvil de una alta responsable de comunicación del partido de Mariano Rajoy: Te pido que Jordi González anuncie esto: Dirigentes del PP que están viendo el programa estudiarán la interposición de la acción que corresponda ante las informaciones que se están difundiendo en 'El gran debate'.
González, el conductor de El gran.., lee el mensaje al aire. En paralelo, dirigentes del PP comienzan a llamar a sus contactos en el canal, según informó la prensa española. Con y sin cámaras encendidas se extienden los interrogantes. Que por qué iban a demandar al canal sólo por exponer el tema con posturas a favor y en contra del Gobierno; que si la denuncia sería contra la productora o a la emisora de Berlusconi. Y una conclusión expresada por un vocero de Tele 5: Nos preocupa más una posible venganza del Gobierno contra la compañía que una demanda ante la que podríamos defendernos con absoluta normalidad.
Tres días más tarde, José María Aznar anunciaba cuantas acciones legales procedan contra el principal diario español, El País, para defender su honor, lo que fue de inmediato celebrado por varios periodistas aznaristas. El País, históricamente afín a un sector del opositor PSOE, había informado a modo de versión que el exjefe de Gobierno y el actual, Rajoy, habían recibido sobresueldos exentos de impuestos, en el marco de una trama administrada por el extesorero Luis Bárcenas. Este hombre clave quedó en la picota hace una semana cuando se supo que el Dresdner Bank informó a la Justicia española que había tenido un depósito de 22,14 millones de euros bajo el paraíso fiscal de Ginebra, Suiza.
Las demandas judiciales contra medios (o amenazas de) van y vienen por estos días en España. Hay razones. Existen indicios de que se conoce sólo la punta del iceberg del caso Gürtel, del que los sobresueldos de hasta 15.000 euros mensuales serían apenas un detalle, y que hablaría de una trama de corrupción a gran escala mediante la cual contratistas del Estado, especialmente en el nivel municipal y regional, sobornaron durante años al PP.
El debate sobre los medios es ya un clásico en España. Una vez normalizada la democracia, durante la era deFelipe González, pasaron a ser pan de todos los días las denuncias y suposiciones sobre pactos mediáticos, negocios, negociados, prensa militante oficialista, opositora, etc., lo que no impidió el desarrollo de varios medios de calidad y de algún grado de diversidad (que la crisis está socavando).
Entran en juego las figuras legales aplicables a los denominados delitos de opinión. A saber, incitación al odio(artículo 510 del Código Penal español), en un texto que pena difundir información injuriosa (tres años de prisión y multas); calumnias (artículo 205), imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (hasta dos años de prisión y multas); e injurias (artículo 208), expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama (multas). El llamativo artículo 491 impone multas a quien utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina..., de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona, y el 543, lo mismo a quien ultraje a España o sus símbolos. Todo ello en el Código Penal vigente.
@sebalacunza