Poco capital tiene la organización terrorista ETA como para ofrecer su «alto el fuego» a cambio de algún objetivo intermedio -el acercamiento de presos a cárceles vascas-, o su meta final -la independencia de Euskal Herria-. Sometida a una severa crisis logística y política, su margen para cometer atentados se encuentra reducido hace años, con o sin declaración de tregua.
Sin embargo, este presente de ETA, al que se llegó por decisiones gubernamentales, fallos judiciales y certeros golpes policiales que tuvieron lugar en la última década, no esconde un dato que representa una anomalía en una democracia. Junto al acorralamiento de la organización terrorista se llevó a cabo una proscripción política de todo el arco del separatismo radical o izquierda abertzale. Ese segmento, que abarca a entre el 10% y el 20% del electorado, carece hoy de representación política, o tiene una representación bastante menguada.
Cierto es que a este escenario también contribuye el hecho de que ETA, a caballo de una deriva cada vez más brutal, logró socavar todo capital simbólico para legitimarse de algún modo, aunque sus acciones fueran siempre inaceptables desde una óptica democrática. El pacto del conservador PP y el PSOE durante el segundo mandato de José María Aznar permitió sellar una Ley de Partidos que excluyó de la democracia toda formación que no condene la violencia...(sigue)
Sin embargo, este presente de ETA, al que se llegó por decisiones gubernamentales, fallos judiciales y certeros golpes policiales que tuvieron lugar en la última década, no esconde un dato que representa una anomalía en una democracia. Junto al acorralamiento de la organización terrorista se llevó a cabo una proscripción política de todo el arco del separatismo radical o izquierda abertzale. Ese segmento, que abarca a entre el 10% y el 20% del electorado, carece hoy de representación política, o tiene una representación bastante menguada.
Cierto es que a este escenario también contribuye el hecho de que ETA, a caballo de una deriva cada vez más brutal, logró socavar todo capital simbólico para legitimarse de algún modo, aunque sus acciones fueran siempre inaceptables desde una óptica democrática. El pacto del conservador PP y el PSOE durante el segundo mandato de José María Aznar permitió sellar una Ley de Partidos que excluyó de la democracia toda formación que no condene la violencia...(sigue)
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