El Ejecutivo bonaerense no sólo demostró continuidad de las políticas de seguridad de sus predecesores, sino que no pudo siquiera garantizar un protocolo policial ante denuncias de violencia machista.
Sebastián Lacunza
@sebalacunza
El Diario
Jueves 4 de febrero: Clarín publica una reflexión de Sergio Berni. “Si me toman una comisaría, voy y los saco a los tiros”. Frase esperable para el registro habitual del ministro de Seguridad bonaerense, quien compite palmo a palmo con Patricia Bullrich y casi todos los predecesores desde que Eduardo Duhalde definiera a la Policía provincial como la mejor del mundo, allá por el siglo XX.
Lunes 8 de febrero. Un agente de la Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, asesina a Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que había padecido lo indecible durante los últimos meses. En Rojas, todos sospechan que la comisaría local actuó, como mínimo, con negligencia. “Tenemos la peor Justicia, ella lo dijo, loco“, tuitea horas después del asesinato Nerina Moyano, rojense de 20 años, madre de un nene de dos años, estudiante de magisterio y empleada en una panchería. Y retuitea a alguien más: "La Policía es cómplice”. Pasada la medianoche, amigos y conocidos de Úrsula protestan frente a la comisaría. Nerina siente que debe estar allí, no sólo por solidaridad con la víctima, "buena mina, tímida, siempre con una sonrisa", a quien conocía de la calle y del colegio Normal de la ciudad, sino porque ella misma había sufrido violencia de su pareja dos años y medio atrás. Un video subido a las redes muestra como Nerina, en forma ostensible, se aparta de cualquier incidente. Su protesta pacífica se vuelve intolerable para los guardias de la comisaría de Rojas. A la 1.30 del martes, un agente levanta el arma y dispara. La bala de goma impacta en el rostro de Nerina. No pierde un ojo por apenas un par de centímetros.
Todo vuelve a salir mal. Un policía hostiga y mata a quien considera su pareja. No es una novedad: 48 femicidios perpetrados por integrantes de fuerzas de seguridad en el AMBA entre 2010 y 2020, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Estado tiende a proteger al victimario antes que a la víctima y, frente a la reacción social, la respuesta institucional se vuelve desmesurada e ilegal.
Es difícil probar en qué medida, pero no cuesta imaginar que la desinhibida proclama a favor de la mano dura, cuando no la defensa de la ejecución sumaria de sospechosos, tiene un reflejo directo en los casos de gatillo fácil. Cuando un político o un conductor televisivo hace demagogia, quizás un agente en un barrio de Buenos Aires, La Plata o Córdoba se sienta legitimado para disparar cuando no debe. Probablemente se convenza de que está aleccionando a la parte nociva de la sociedad. Si logra hacerlo en las sombras y sin cámaras indiscretas, un adolescente de un barrio pobre se habrá convertido en “uno menos” o una joven que protesta contra un femicidio habrá perdido un ojo.
Más de lo mismo
¿Qué hace en el Gobierno de Kicillof un ministro de Seguridad que cuestiona a quienes "sólo se preocupan por los derechos de los delincuentes” y desprecia a Nilda Garré porque “todos sabemos de dónde viene” (en alusión a su pasado setentista), contra toda perspectiva de los derechos humanos? ¿Por qué el gobernador, quien afirma llevar a cabo una agenda que es opuesta a “pisar la cabeza de los que están abajo”, no atina a responder seriamente sobre las acciones de su ministro ni sobre casi ningún aspecto referido a la política seguridad?
El gatillo fácil y los femicidios a mano de policías no empezaron cuando Berni fue designado por Kicillof, 14 meses atrás; ni cuando Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta enaltecieron al procesado por homicidio Luis Chocobar; ni con el mismo Berni cuando era secretario de Seguridad nacional de Cristina Fernández y, en 2014, se produjo el pico de muertes con participación policial en una década. La demagogia punitiva tiene historia y recorre todo el país.
Sería apresurado atribuir a Kicillof y su ministro la responsabilidad por la endémica violencia policial o la vigencia de mafias enraizadas en la fuerza de todas las provincias desde hace décadas. En todo caso, se podría hablar de continuidades, a la luz de la represión en el desalojo de Guernica, la negligencia en las primeras semanas de la desaparición de Facundo Astudillo cerca de Bahía Blanca, los abusos policiales que recrudecieron durante la pandemia o los 36 muertos a manos de policías bonaerenses que registró el CELS en 2020, en línea con los años previos, pese a que un tercio del año hubo circulación mínima por la pandemia y, con ello, bajaron los índices de delito.
El Gobierno bonaerense no logró lo mayor —revertir la tendencia—, pero tampoco lo menor. Por lo visto, no fue capaz de garantizar el cumplimiento de un protocolo ante las denuncias por violencia de género, y ni siquiera le alcanzó el año de gestión para que la comisaría de la Mujer de Rojas estuviera abierta los fines de semana. El recientemente designado comisario general de la ciudad, Sergio Mosqueda, no fue efectivo para ordenar a sus agentes que las balas de goma no se dispararan a la multitud, y mucho menos a los ojos.
La respuesta del sistema político para explicar la alianza entre Berni y Kicillof es que el ministro es útil para contener las esperables operaciones desestablizadoras de policías bonaerenses. El argumento supone que el levantamiento de septiembre pasado, el homenaje de efectivos Bullrich en Villa Gesell y la protesta anunciada para este jueves podrían ser más graves sin el ministro. Con una mirada electoral, los pragmáticos dicen que mediante el lenguaje castrense y las sobreactuaciones, el cristinismo provincial va a frenar a demagogos que buscan votos por derecha exacerbando “el pánico de la población”. La idea sería bloquear a los oportunistas mediante el uso del oportunismo.
Sin voz ni voto
La estrategia, algo extravagante, aparece avalada ante todo por el respaldo al ministro por parte de Cristina. Se da así la situación anómala de que el gobernador queda sin voz ni voto sobre uno de los temas —la inseguridad— que aparecen en los primeros puestos de las preocupaciones de los bonaerenses, según dicen las encuestas. Cristina hace por arriba y Berni deshace por abajo, o a la inversa.
La estrategia del siga-siga en lo referido a la Bonaerense —demagogia punitiva, aumento de presupuesto, incorporación de agentes, videos belicistas—podría ser fallida o exitosa en términos de votos, aunque hay motivos para pensar que se transformará en un tiro en el pie también en ese plano y que, en todo caso, quien podría capitalizarla en el futuro es Berni en persona. En cualquier caso, es un abordaje probadamente peligroso.
A la espera de mejores prácticas policiales, Úrsula perdió la vida en manos de su homicida que encontró amparo en sus colegas, Nerina casi pierde un ojo por un disparo temerario, y más pibes caerán víctimas de los que son reportados como enfrentamientos. Nerina fue asistida por su amigo Tomás Conaprete y otros que protestaban con ellos, y recibió atención en el hospital en la madrugada del martes. No bien salió, avisó que desatendía el consejo de quedarse en reposo y volvió a la calle. “Decidí salir a pedir más justicia por Úrsula, por mí, por ustedes. Salí para que ella me escuche. No estamos más solas, basta de matarnos. Quiero que se haga justicia de una vez por todas”.
Nerina Moyano y sus amigos tienen claro cómo son las cosas con la Policía, incluidas las responsabilidades políticas. Prefiere la prudencia. Sabe que cuenta con una red que la protege y le dice a elDiarioAR que va a seguir alzando la voz. Hasta hoy por la tarde, nadie del Gobierno bonaerense la había llamado para ver cómo estaba.
SL
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