Pocos mejor que CFK pueden conocer mejor al esperpento López y el origen de su montaña de dólares
Escribe
Sebastián Lacunza
Editor-in-chief
@sebalacunza
Cristina
Fernández de Kirchner finalmente se refirió el jueves a un caso de corrupción
cometido durante su gobierno. No lo hizo antes, ni con los procesamientos o
incluso condenas contra algunos de sus colaboradores, como el exsecretario de
Transporte Ricardo Jaime, el vicepresidente Amado Boudou, la efímera ministra Felisa Miceli o el eterno ministro Julio
de Vido. En ocho años de mandato, la expresidenta perdió casi todas las
oportunidades de afrontar el flagelo de la corrupción y separar a
sospechosos de su cargo. Fue necesario que un hombre que manejó miles de
millones de dólares para la obra pública a lo largo de doce años fuera
encontrado in fraganti tratando de ocultar unos cuantos millones en un convento
del Gran Buenos Aires para que CFK condenara abiertamente
un latrocinio cometido durante su mandato.
“Que nadie
se haga el distraído”, firmó la expresidenta en una carta pública del jueves
por la noche. El pedido suena sensato, pero sólo si la incluye. Pocos mejor que
ella podrían conocer las características del esperpento José López, quien llegó
a la secretaría de Obras Públicas en 2003, de la mano de los Kirchner desde la
provincia patagónica de Santa Cruz. Los dos últimos presidentes argentinos
marcaron de cerca a sus funcionarios, centralizaron decisiones y mostraron
obsesión por los números; lo que no torna imposible que un secretario de Estado
haya amasado una fortuna en monedas extranjeras sin anuencia de la Casa Rosada
pero sí despierta múltiples interrogantes. En esa línea, la propia CFK puede
aportar a la investigación que reclama, comenzando por compartir con la
Justicia los indicios o intuiciones sobre el origen de esa montaña de dólares y
euros hallada en la madrugada de General Rodríguez.
Por lo
pronto, la expresidenta podría ser convocada a declarar por el fiscal federal
Federico Delgado, que investiga hace años el supuesto enriquecimiento ilícito
de López, pero ello no agota las responsabilidades ante la sociedad de una expresidenta
democrática. CFK debería explorar un terreno poco frecuentado
por ella y afrontar consultas de la prensa abiertas, con preguntas y
repreguntas formuladas por periodistas y no por actores o animadores de
televisión. De paso, en dicha ocasión la exmandataria tendría la posibilidad de
echar luz sobre los lazos comerciales de la familia Kirchner con el detenido
contratista Lázaro Báez.
Ex y
actuales gobernadores que trabajaron codo a codo con López hoy padecen un shock
moral. José Alperovich, de Tucumán, uno de los distritos que más fondos recibió
para la obra pública — en absoluto exentas de sospechas — es uno de ellos.
Otro, con mejor prensa entre los medios oficialistas, es el salteño Juan Manuel
Urtubey, quien en estos días se saca fotos con Macri como lo hacía con CFK
hasta el año pasado. Un exsecretario de Cultura que acompañó al hipercorrupto
menemismo hasta el final y luego cruzó a la vereda kirchnerista, ya volvió a
pegar el salto, impulsado por López.
Hay más
indignados repentinos. Por ejemplo, periodistas que fueron amables con la
cartera de Planificación que dirigía Julio de Vido. Deducir que este colectivo
se limita a algunos que compraron al kirchnerismo como un combo, con lo bueno y lo malo, sería un error. En estos años, ciertos medios y periodistas de
indudable tono opositor, ememigos ideológicos del gobierno, brindaron un
paraguas de protección al ministerio de De Vido y López.
El jueves,
Cristina Kirchner preguntó quién le dio el dinero a López “de la parte
privada”. El kirchnerismo supo crear su capitalismo de amigos, con Báez
a la cabeza, pero las principales contrapartes del secretario López fueron
grandes grupos como Techint, Electroingeniería, Iecsa (que supuestamente Ángelo
Calcaterra le compró a Mauricio Macri), Corporación América y la brasileña
Odebrecht (cuyo titular está preso en Brasil). CFK puede tener razón en algo
que sugiere — que poderosos empresarios gozan de inmunidad mediática y judicial
— pero ello no excluye que fue el propio gobierno el que extendió un manto de
oscuridad sobre la obra pública, sea con Báez como socio, o con Calcaterra.
La
corrupción aluvional del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) quedó
virtualmente impune, más allá de algún nombre emblemático que resultó
condenado. Las coimas en el Senado orquestadas por el radical Fernando de la
Rúa (1999-2001) fueron sepultadas por la Justicia tan sólo meses atrás, pese a
la existencia de arrepentidos, testimonios y pruebas. En cuanto a los
kirchneristas, varios de ellos comenzaron a ser juzgados antes de que terminara
el gobierno anterior, y unos cuantos más desfilarán por tribunales en los
próximos meses.
Sería
saludable actuar preventivamente, para que dentro de diez años no nos
encontremos penando un nuevo ciclo de corrupción. Las perspectivas no son
buenas, y no sólo por procesos de corrupción o evasión que atañeron al propio
Presidente (de los que fue absuelto en polémicos fallos) o causas pendientes
contra funcionarios (el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, es
uno de ellos) Nada peor que relajar los controles institucionales para un
gobierno atravesado por conflictos de intereses, en el que exejecutivos
bancarios negocian deuda, accionistas de empresas energéticas definen la
política energética, empresarios se encargan de la política comercial e
industrial, delegados de las corporaciones de medios regulan la política de medios y abogados de bancos sospechados de lavar dinero son puestos a
controlar el lavado de dinero. Con este cuadro, el gobierno dispuso que la
Secretaría de Inteligencia retome su histórica oscuridad (apenas
atenuada el año pasado) y la Unidad de Información Financiera sea degradada bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Mientras, la Oficina
Anticorrupción macrista actúa como una fiscalía que acusa al gobierno anterior
y una defensoría oficial del actual. Y por si todo esto fuera poco, un gobierno
cuyo presidente, entorno familiar, político y profesional demostraron una tenaz propensión a invertir en empresas fantasma en Panamá, Suiza y
Bahamas, procura sancionar una ley de blanqueo con amplias facilidades y máximo
secretismo. Algo huele a podrido en Dinamarca.