La venalidad que reina en Comodoro Py se sostiene en una convicción: la justicia federal no podría ser lo que es sin la complicidad del periodismo. Nacida antes del menemismo, pero consolidada tras el atentado a la AMIA, la alianza entre espías, periodistas y jueces arrasa con los principios rectores de la justicia y se mete de lleno en la arena política.
Sebastián Lacunza
Le Monde Diplomatique
La descripción es demoledora, puntillosa y reiterada. En los
despachos de Comodoro Py 2002, sede del fuero correccional y criminal federal, nadie
parece esforzarse por embellecer la venalidad imperante en ese mismo edificio.
Algunos cuentan la realidad con cierto pesar, como quien hace equilibrio en un
campo minado. Otros la viven con tal desparpajo, que guardan en el escritorio ornamentos
que aluden a la impunidad de la que gozan para ser exhibidos ante el confidente
ocasional.
Los secretos no son tantos en un mundo en el que conviven un
centenar de jueces y fiscales, y unos 500 abogados que litigan en el fuero. Las
fuentes varían poco a la hora de llenar casilleros. Están los que cobran coimas
como si fueran líberos (por ejemplo, vía la derivación a estudios jurídicos que
tienen absoluciones garantizadas), los que forman parte de una trama
político-recaudatoria más sofisticada, los “Stiuso puro” y los que se blindan
en su despacho e intentan aplicar los códigos, sin levantar mucho la perdiz. Unos
y otros son atravesados por mayor o menor conocimiento del derecho.
Las cumbres para repartir bendiciones y condenas, en medio
de buenas comidas, partidos de truco y el humo de habanos, tienen sedes reconocibles:
el Yacht Club de Puerto Madero, un salón reservado del restaurante Happening y
el hotel Sheraton de Pilar.
Prevalece una convicción. Comodoro Py no podría ser lo que
es sin la complicidad de periodistas y medios.
Sobre ese vínculo, existe una versión blanca. En un libro
sobre técnicas de la investigación periodística de 2004, Daniel Santoro, periodista
de Clarín y maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, escribió
cómo armar una causa judicial como ardid para sortear dificultades:
“Si no llegamos a través de nuestros medios (a detectar
determinado movimiento financiero), podemos pedirle o sugerirle — en forma
extraoficial y sin aparecer — a un juez, a un fiscal o a un legislador conocido
que active los mecanismos necesarios para levantar el secreto bancario o
comercial. Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación
sobre un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que abra una
causa”[1].
“La Justicia no sólo puede ser una fuente, sino también una
aliada”, certificó el periodista.
Un juez federal expuso, bajo condición de anonimato, una
dinámica aceitada. Un puñado de periodistas — que no excede la docena, pero con
espacios en los medios escritos y audiovisuales de mayor difusión — filtra
versiones con algún o ningún sustento. Entre ellos se retroalimentan y
reproducen sus hallazgos. Luego, un fiscal, un abogado defensor o un merodeador
de tribunales presenta una denuncia sobre la base de “una versión periodística
preocupante”. Si por un error de cálculo, la causa cae en un juzgado que aplica
el derecho, sobrevienen las recusaciones, la Cámara Federal aparta al
magistrado desobediente y reasigna el expediente. Los medios pasan a informar
los avances en la investigación: allanamientos, procesamientos, indagatorias…
Con frecuencia, el objetivo no es tanto la condena sino mantener una causa
abierta que permita solicitar informes bancarios, rastreos de llamadas,
seguimientos y escuchas telefónicas. A veces, el blanco de las operaciones es
el magistrado al que se quiere disciplinar. En general funciona, pero puede
fallar.
La huella de este modus operandi quedó registrada en un
expediente.
Hacia abril de 2016, el juez Sebastián Casanello acumulaba
en su despacho causas polisémicas: las empresas offshore de la familia Macri
(Panamá Papers); la muerte por sobredosis de cinco jóvenes en el boliche de
Costa Salguero Time Warp; una denuncia por tráfico de influencias contra el
lobista Daniel Angelici; y la denominada “Ruta del Dinero K”, sobre los
contratos de obra pública y presunto lavado de dinero del empresario Lázaro
Báez, amigo de Néstor Kirchner. Poco antes, Casanello había sido separado de
una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el espía Jaime Stiuso.
En notas publicadas en Clarín, La Nación, Animales Sueltos
(América TV), Periodismo para Todos (Canal 13), TN, Infobae y Radio Mitre,
Casanello fue acusado de haber visitado a Cristina Fernández de Kirchner en la
Quinta de Olivos antes de la asunción de Macri en la presidencia. Los diálogos
cara a cara y a través de Telegram resultaban claves, según los denunciantes,
para explicar por qué la expresidenta no era involucrada en la “Ruta del Dinero
K”.
Santiago Viola, abogado de uno de los hijos de Báez, tomó
las denuncias mediáticas y pidió ante la Cámara el apartamiento del Casanello.
Como resultado de la disputa, se comprobó que los registros de celulares eran
falsos y que dos testigos que dijeron haber visto al juez en Olivos (un chofer
y un empleado de ANSES) habían mentido, por lo que deberán afrontar en marzo de
2020 un juicio oral por falso testimonio. El abogado Viola y el espía Eduardo
Miragaya obtuvieron falta de mérito.
Historia de complicidades
Una abogada que participa en expedientes que tramitan en el
fuero marca dos hitos judiciales posteriores al Estado terrorista que sellaron
a fuego la imbricación entre servicios, jueces y periodistas: el copamiento del
cuartel de La Tablada y el atentado contra la mutual judía AMIA.
La toma del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 por parte
del Movimiento Todos por la Patria, entre el 23 y el 24 de enero de 1989, dio
lugar a ejecuciones sumarias de guerrilleros ya rendidos, torturas y cuatro
desaparecidos: Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José Díaz.
Seis meses después, cuando se llevó a cabo el juicio oral en
un tribunal de San Martín, jueces y fiscales apenas se detuvieron en los
desaparecidos[2].
El 5 de octubre de 1989 — albores del menemismo —, fueron dadas a conocer penas
“ejemplares” para más de veinte acusados. La Nación, Somos, Gente y la prensa
dominante retomaron una retórica enardecida para vencer a la subversión. Clarín
tituló: “La Tablada: perpetua a la mayoría de los terroristas”.
“Después de lo que significó el Juicio a las Juntas y el
Nunca Más como pilar de la democracia, la Justicia se dedicó a ocultar desapariciones
otra vez”, sostuvo la abogada en su oficina durante un atardecer de febrero.
Carlos Menem cinceló el organigrama de la Justicia federal,
en gran medida, vigente hasta hoy. En 1992, el gobernante peronista conservador
promulgó la creación de la Cámara Federal de Casación Penal y de decenas de
tribunales orales en el país, lo que habilitó la posibilidad de designar a 250 jueces,
fiscales y defensores. Se sumó la duplicación — de seis a doce — de la cantidad
de juzgados federales de primera instancia de Capital Federal.
Las designaciones para ocupar las sillas disponibles —
calificadas como “esperpentos” por el entonces ministro de Justicia, León
Arslanián, para luego renunciar — incluyeron exjueces de dictaduras, personajes
vulgares y algún antisemita, entre otros[3].
Poco después, la trama enhebrada por Menem se dispuso a
investigar el atentado contra la mutual judía AMIA cometido el 18 de julio de
1994, que causó 85 muertes. Dos fiscales provenientes de La Tablada tuvieron
actuación en el expediente AMIA: Raúl Pleé (hoy fiscal ante Casación) y Alberto
Nisman, fallecido en 2015.
El atentado abrió una saga de contaminación infinita
orquestada por el trípode servicios de Inteligencia (argentino, estadounidense
e israelí), jueces y medios. “El encubrimiento y desvío de la investigación de
AMIA en los noventa, con el juez Juan José Galeano a cargo del expediente, no
podría haberse dado sin Clarín; sería impensable el juego entre los servicios y
la Justicia federal sin el papel del periodismo”, opinó Alejandro Rúa, exjefe
de la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia (2001-2006), abogado de
Memoria Activa y litigante en Comodoro Py.
Tres umbrales
Las fuentes consultadas coinciden en marcar distintos
umbrales entre el menemismo, el kirchnerismo y el macrismo.
Por episodios de diversa naturaleza (opulencia, amoríos, brutalidad
y delitos), algunos jueces federales insertados por Menem cambiaron despachos lúgubres
por tapas de revistas. “Comenzaron a tener consciencia de la ganancia que les
representaba salir en los medios”, evaluó Irina Hauser, periodista de Página
12 que cubre tribunales hace más de dos décadas.
Hubo quienes presumieron de justicieros, pero los más le
tomaron el gusto a ver reflejado el impacto de sus decisiones. Algunos hasta vislumbraron
la endija para superar el estigma de haber sido anotados en una servilleta como
jueces subordinados, como cuando el juez vederal Jorge Urso cruzó una línea en
2001 y envió a prisión domiciliaria a Carlos Menem por la venta ilegal de
armas. Tiempo después, el magistrado reencontraría su rostro al verse forzado a
renunciar tras una acusación de complicidad con policías narcos.
En la mirada de muchos transeúntes de Comodoro Py, el papel
de los servicios ganó terreno desde 2003. Un agente empoderado por Néstor
Kirchner se volvió omnipresente: Jaime Stiuso. Atado a él, Javier Fernández,
auditor de la Nación; y por sobre ambos, la Embajada de Estados Unidos.
“Fernández era un rostro amable que evitaba el quemo de
reunirse con Stiuso, y que tenía además el aval institucional de un organismo
dependiente del Congreso, como la Auditoría”, definió la abogada citada.
El andamiaje montado por el kirchnerismo en la justicia
federal duró hasta que Cristina Fernández de Kirchner emprendió tres
iniciativas, probablemente vinculadas entre sí, pero con seguridad, disgustantes
para Washington: impulsó un acuerdo con Teherán para facilitar la indagatoria
de los iraníes acusados por el atentado en la AMIA, promulgó una reforma
judicial que aumentaba el control político de los jueces, y trató de poner
punto final al dominio de la SIDE por parte de Stiuso.
Las tres acciones fueron consideradas declaraciones de
guerra por estamentos clave de la Justicia. Bonadio y otros colegas — incluso
designados durante el gobierno de Néstor Kirchner — desempolvaron denuncias y comenzaron
a disparar procesamientos de kirchneristas a repetición.
Vale todo
A las puertas de la campaña electoral de 2015, llegó la
denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina y Timerman por el acuerdo
con Irán. Cuatro días después, el tiro del final.
Principios rectores como presunción de inocencia,
tipificación del delito, cosa juzgada, juez natural, derecho a la defensa y
fruto del árbol prohibido fueron arrasados a la hora de tratar la precaria denuncia
del fiscal y la causa de su muerte.
Un segundo magistrado federal brindó su opinión: “Hasta poco
antes de la asunción de Macri, el fuero federal se dedicaba a someter los
conflictos del poder político a un proceso digestivo hasta disolverlos. En los
últimos seis años años, se procuró la esterilización del sistema político en
función de un modelo”. Amplía la misma voz: “Con la influencia de un actor
preponderante, (el expresidente de la Corte Suprema y juez supremo) Ricardo
Lorenzetti, el fuero comenzó un proceso de destrucción de sectores de la política,
la economía y los medios”.
En la visión de esta fuente, el gobierno de Mauricio Macri
compartía el objetivo de “aniquilación” del kirchnerismo, pero la confianza con
Lorenzetti se quebró cuando el fallecido Bonadio citó a declaración indagatoria
a Franco y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente, y el juez Ariel
Lijo comenzó a mover el expediente del Correo Argentino SA. “Al advertir el
viraje, el macrismo desplazó a Lorenzetti de la presidencia de la Corte”,
indicó la voz.
Diversas voces suman al presidente de la Cámara Federal,
Martín Irurzun, como pieza clave del eje Lorenzetti-Bonadio, en el papel de garante
de ese canal entre la primera instancia y última instancia.
“Como hubo un recrudecimiento de la intervención delictiva
de los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), también
recrudeció el papel del periodismo como tercera pata”, analizó el abogado Rúa.
La TV y los portales se poblaron de escuchas ilegales de diálogos
privados entre imputados kirchneristas y sus abogados, fotos denigrantes de
detenidos, sobres anónimos arrojados por debajo de la puerta tomados como
verdades irrefutables, y arrepentidos (algunos de los cuales, se sabría luego,
habían sido comprados o extorsionados). Siempre había un último whatsapp con
datos reveladores que llegaba en vivo al teléfono del conductor o del panelista
de la tele.
“Se puso en marcha un circuito perverso en el que la prensa
eligió el blanco para destruirlo y luego la Justicia intervino sobre lo publicado,
y todo en función de un proyecto político de dominación”, describió el
penalista Juan Manuel Ubeira, defensor de imputados en las causas Cuadernos y
la denominada “Ruta del Dinero K”.
La revelación de mayor impacto sobre la presunta corrupción
en años de los Kirchner, los “Cuadernos de la Corrupción”, nació de la
“alianza”, según la categoría citada de Santoro, entre un periodista el diario
La Nación, el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Bonadio.
El editor de La Nación dijo sentir un deber como ciudadano
antes que como un cronista. En abril de 2018, entregó a Stornelli las
fotocopias de los cuadernos con las anotaciones de las presuntas coimas tomadas
por un chofer. El pacto involucró el acercamiento de testigos negociado en el
living de la casa del fiscal y la elección del juzgado de Bonadio, con quien el
medio acordó una estricta reserva para “que nadie se entere de nada” antes de
disparar el caso.
Meses más tarde, un cúmulo de escuchas, capturas de
whatsapps, documentos y testimonios aportados en otra causa judicial sugirió que
Stornelli se valía de extorsiones para obtener arrepentimientos, dinero o vendettas
personales.
Según el procesamiento dispuesto por el juez federal de
Dolores Alejo Ramos Padilla, la amenaza de difusión de las acusaciones en el
diario Clarín y en América TV — espacios de Santoro — era la primera
herramienta para extorsionar. “Mirá Animales Sueltos” o “mañana leé Clarín”, deslizaba
quien oficiaba de extorsionador. En caso
de resistencia, sobrevendría el arresto y el escarnio público.
Santoro declinó de hablar para esta nota.
“La Justicia investiga”
En los
últimos años, narrar Comodoro Py fue, en cierto modo, narrar la política
argentina. Ese edificio se transformó en un campo de batalla cruzado por
indagatorias, arrestos y sentencias que actuó como vicario de la pelea por el
poder real. Como ocurre siempre, hubo abordajes periodísticos serios, que
buscaron dar cuenta de las motivaciones debajo de la superficie, y de los
otros.
Más
allá de malas artes, con cierta frecuencia, las medidas adoptadas por los
magistrados federales son informadas con asepsia: “la Justicia analiza”, “el
juez probó”, “el fiscal encontró” y hasta “los investigadores creen”.
Hauser,
autora de “Rebelión en la Corte — los supremos en la era Macri” (Planeta,
2019), entiende que la tarea de cubrir los tribunales Comodoro Py implica
“relaciones de mucha cercanía y negociaciones permanentes”. Es por ello que “falta,
aunque no corresponde generalizar, una tarea periodística propiamente dicha de
contrastar la decisión de los jueces con las causas y la historia que las
motivan”, indicó la cronista de Página 12. “Algunos jueces son capaces de
bloquear el acceso a determinadas informaciones como represalia; debemos lidiar
con eso”, describió.
Para el
penalista Rúa, “a buena parte del periodismo judicial no le interesa cuestionar
ni investigar a jueces que son su fuente, o ponerlos en un brete que los deje
al margen de la información”. Su colega Ubeira cree que conceptos como “Justicia
independiente aluden a instituciones del siglo XIX”. “No hay acciones en el
campo de la economía y la política que no estén motivadas por intereses, y
menos las de los medios y los lobbies financieros, que representan el poder
real”, sintetizó el abogado.
Las
descripciones del funcionamiento de Comodoro Py pueden ser devastadoras. Sin
embargo, prima cierto escepticismo — o pragmatismo cínico, según el caso —
sobre las posibilidades reales de un cambio en la lógica imperante. Sobrevuela la
noción de que los gobiernos pasan, pero los jueces quedan.
Algunos
agregan que la muerte de Bonadio descomprimió la presión para recuperar cierto
cauce. No será fácil encontrar a alguien capaz de reemplazarlo con semejante
temeridad, de la que, por otra parte, carecen sus protectores. Del juez
fallecido, nadie defiende su calidad jurídica. Le atribuyen, eso sí, lealtad
con mentores y compañeros de ruta que fueron poderosos hace tiempo, pertenencia
al peronismo de derecha y ajenidad al mundo Stiuso.
Y
mientras, algunos jueces y fiscales, como Jorge Di Lello, aprovechan el cambio
en la Casa Rosada para cuestionar las bases de cómo se implementó la figura del
arrepentido, que disparó en pocos años decenas de procesamientos, absoluciones
y encarcelamientos.
[1]
Santoro, Daniel. “Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y
revistas de América Latina. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México. 2004.
Páginas 51, 103 y 104.
[2]
Celesia, Felipe, y Waisberg, Pablo. “La Tablada: a vencer o morir en la última
batalla de la guerrilla argentina”. Aguilar, 2013. Buenos Aires. Páginas 231 a
287
[3]
Verbitsky, Horacio. “Hacer la Corte”. La Página / Sudamericana, 2006. Páginas
391 a 426.
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