La estrategia de supervivencia de Gils Carbó se basó en tres
pilares: el acento institucionalista anclado en su trayectoria para
contrarrestar las acusaciones de parcialidad kirchnerista; alianzas
transversales con organismos de la sociedad civil y de derechos humanos; y
coordinación con procuradores latinoamericanos que, como ella, se encontraban
bajo fuego de los respectivos poderes ejecutivos. De esos tres aspectos,
escribe Sebastián Lacunza, al menos dos se resquebrajaron en el último mes. Su
reemplazo definirá el destino institucional de parte de la Justicia.
Escribe
Sebastián Lacunza
No habían pasado seis horas desde la publicación de la
renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General cuando los
movimientos para ocupar su puesto parecían ya haber perdido la compostura. Un
juez federal hacía circular motu proprio su currículum entre periodistas; un
fiscal famoso pero no del todo respetado en Tribunales lograba en forma
ostensible dominar los zócalos de los canales de TV; y un colega de
Instrucción, activista del macrismo duro en redes sociales, se llamaba a
silencio por primera vez en años. Mientras, Laura Alonso retomaba la lectura de
la Constitución.
La silla de la jefatura del Ministerio Público merece la
pena tanto esfuerzo. Desde Washington hasta Brasilia, de Madrid a Quito, las
fiscalías generales vienen demarcando, para bien o para mal, ciertas fronteras
de la política, y Buenos Aires está lejos de ser la excepción.
Contra lo que había prometido tantas veces, hasta hace días,
incluso ante su entorno más próximo, y pese a una estrategia que obligó a
Mauricio Macri a mostrar más de una vez una ira impropia de un discípulo de
Ravi Shankar, Gils Carbó presentó el lunes su rendición.
El 31 de diciembre, la enemiga del Grupo Clarín desde los
tiempos en que éste actuaba en tándem con Néstor Kirchner, dejará su cargo con
la esperanza explícita de “disuadir” reformas que menoscaben la autonomía del
Ministerio Público. “Va a ir presa”, vaticinó, menos romántica, Elisa Carrió.
Sentada en su amplio despacho sobre la calle Perón al 600,
Gils Carbó parecía guardar espacio para el disfrute cada vez que el gobierno de
Macri mostraba métodos autoritarios que, de a ratos, escandalizan a Mario y a
Álvaro Vargas Llosa. Con pocas palabras y media sonrisa, la procuradora
repasaba la ley ante sus interlocutores y construía lazos que le otorgaban
cierta confianza sobre su capacidad de resistir, al menos, hasta el fin del
primer mandato de Cambiemos.
Sin embargo, la seguridad personal de la fiscal general
sufrió un golpe en abril pasado, cuando comprobó la entidad de una denuncia de
coimas a un intermediario inmobiliario para la compra del edificio de Perón,
publicada en Infobae.
Por primera vez, una noticia sobre un caso de corrupción
bajo su gestión, que la funcionaria atribuye a un empleado infiel, dio en el
blanco. Se configuró así una antesala desventajosa para afrontar las urnas de
agosto y octubre (en el medio, el anunciado procesamiento) y un cambio
acelerado en alianzas clave que conformaban pilares defensivos de Gils Carbó.
Antes incluso de asumir en la Casa Rosada, los voceros de
Cambiemos le reclamaron que dejara el puesto para el que había sido designada
en 2012 por amplia mayoría en el Senado, y pese a la estabilidad otorgada por
la Constitución.
El paso en falso que significó el nombramiento de jueces de
la Corte Suprema por decreto, en diciembre de 2015, salvó a la jefa de los
fiscales de una expulsión in límine que habría pasado con disimulo durante el
primer mes de gobierno. Y a partir de allí, todo: panelistas de Inteligencia
cumpliendo su labor cotidiana, un intento legislativo de modificar la vía de
remoción del que el massismo casi se lleva la parte del león, recortes presupuestarios,
denuncias judiciales, decretazos en ciernes, rebeliones en el fuero federal y
una insólita presentación judicial para reinterpretar la Constitución que cobró
vuelo. “Tomo estas operaciones como lo que son: amenazas a la independencia del
Ministerio Público para que no investigue”, titulaba Gils Carbó.
Al fin y al cabo, que Macri y su equipo hicieran trascender
su fastidio por denuncias vinculadas a negocios offshore, pactos sobre dinero
público resueltos en la mesa familiar, blanqueos indebidos y coimas a Duvidoso
eximía a la fiscal acusada de abundar en detalles sobre lo que es legal en una
República.
La estrategia de supervivencia de Gils Carbó durante los
últimos dos años se basó sobre tres pilares: acento institucionalista anclado
en su trayectoria en el fuero comercial para contrarrestar las acusaciones de
parcialidad kirchnerista; alianzas transversales con organismos de la sociedad
civil y de derechos humanos para fortalecer fiscalías especiales; y coordinación
con procuradores latinoamericanos que, como ella, se encontraban bajo fuego de
los respectivos poderes ejecutivos. De esos tres aspectos, al menos dos se
resquebrajaron aceleradamente en el último mes, admiten en su entorno.
Si bien nombres de fiscales de alto voltaje como José María
Campagnoli, Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo, Raúl Pleé o
Germán Moldes se ubicaron de entrada en la vereda de enfrente, y otros, como
Eduardo Taiano, rompieron lanzas este año, la procuradora saliente se ocupó de
cultivar vínculos con sus pares, que le expresaron respaldo en instancias
clave.
Las tablas en el juego de ajedrez en el que se encontraban
un sector del Ministerio Público y Gils Carbó se destrabaron después de las
primarias de agosto. “Comenzamos a notar que fiscales de todo el país con los
que teníamos vínculo dejaban de sumarse a políticas públicas fijadas por la
procuradora, no apelaban a las fiscalías especiales, ponían obstáculos”,
admiten en el entorno de la procuradora general.
Si es por la agenda “institucionalista”, Gils Carbó también
buscó por el lado del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, blanco, por
otros motivos, de un sector del oficialismo. Aunque hubo puntos de contacto
durante los últimos dos años, si en la vida hay que elegir, el presidente del
máximo tribunal se ocupó de dejarlo claro mediante fallos y declaraciones. Como
símbolo elocuente, casi a la misma hora en que la carta de renuncia de la
procuradora general se hacía pública, Lorenzetti prestaba su sonrisa junto a su
colega Elena Highton de Nolasco (74) en la cúpula del Centro Cultural Néstor
Kirchner, donde Macri lanzaba la Argentina de los próximos cincuenta años.
En el caso de que el gobierno lograra el desplazamiento por
otra vía que no fueran los dos tercios del Senado y Diputados establecidos por
la Constitución, a Gils Carbó le quedaba abierta la vía internacional. Parte de
esa estrategia se tradujo en que procuradores iberoamericanos se mostraran
activos en cumbres y pronunciamientos que reclamaron a los poderes ejecutivos
“respeto por la independencia y autonomía” de los fiscales.
La principal destinataria de ese amparo colectivo era la
venezolana Luisa Ortega, quien el 5 de agosto pasado se alejó del edificio de
la Procuraduría General en Caracas a bordo de una moto para evitar ser
arrestada, antes de partir al exilio.
El brasileño Rodrigo Janot era otro de los firmantes, a su
vez blanco de una ofensiva de su presidente, Michel Temer. El procurador
brasileño terminó su mandato y fue designada en su reemplazo una fiscal que
rápidamente desmontó ciertas acusaciones referidas al Lava Jato. Ortega en
Colombia, Janot en su casa y Gils Carbó, sin ánimo de llevar hasta el final la
pelea anunciada.
“(Ricardo) Roa publicó en Clarín el número de la hija de
Gils Carbó, recibió cientos de amenazas y nadie se calentó; ¿por qué hay que
pedirle a una persona que haga más de lo que hizo la procuradora, si la
sociedad eligió otra cosa?”, indicó una voz que interpreta el sentir de la
fiscal general.
Un juez contencioso administrativo federal que suele dar
buenas noticias a Macri, Pablo Cayssials, hizo lugar a un pedido de
inconstitucionalidad de la forma de remoción del procurador presentado por una
ONG de ferviente militancia oficialista. “Misión cumplida”, opinó Guillermo
Lipera, titular del sello, una vez conocida la renuncia de Gils Carbó. En la
Procuración General dan por hecho que la cámara ratificará el fallo de primera
instancia.
Con una credulidad impropia de quien denunciaba las
“amenazas nunca vistas” del Poder Ejecutivo, Gils Carbó entiende ahora que su
renuncia permitirá frenar un intento de copamiento de la Procuración General
por parte del Poder Ejecutivo.
¿Designará Macri como jefe del Ministerio Público a alguno
de los postulantes que hoy se muestran tan macristas? Responde un fiscal
federal con décadas en Tribunales, perfil discreto y fluidos contactos con el
oficialismo: “No creo, porque los que hoy se muestran muy macristas para ser
designados, son los primeros que van a querer meterlo preso cuando deje el
gobierno”.