By Sebastián Lacunza
Al cabo de ocho meses de Mauricio Macri en ejercicio de la Presidencia, un número creciente de exfuncionarios, empresarios, dirigentes sociales o militantes de base identificados con el anterior gobierno se encuentran detenidos, o la cárcel pasada o futura los sobrevuela. En la era de la desinformación, atrae la posibilidad de aplanar el abordaje, aunque se trate de personas con trayectorias diferentes, incluso opuestas. Las versiones predominantes indican que, o estamos ante una persecución despiadada de un gobierno conservador que busca escarmentar cualquier proyecto político que intente redistribuir la riqueza, o bien se trata de la consecuencia lógica de haber sido asolados por "una banda de ladrones". Las causas son diferentes, pero la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina se encuentra en entredicho. La historia da cuenta del penoso destino al que llevan los desmanes judiciales.
No es lo mismo un ex vicepresidente que intentó quedarse con la empresa que emite moneda, o el contratista del Estado que surgió de la nada por su vínculo con la familia Kirchner y hoy posee millonarias cuentas fantasma en Suiza, que una dirigente social encarcelada en Jujuy por protestar en una plaza o el referente de una villa que pasa varios días en prisión por posesión de una pequeña cantidad de droga. Se supone que la UCR es el partido que aporta institucionalidad al clásico pragmatismo legal de los conservadores argentinos. Pues bien. El trabajo sucio contra la dirigente jujeña Milagro Sala lo lleva adelante ese partido, con el inaudito argumento de que era necesario en aras de la "gobernabilidad". Una vez detenida sin causa, como en las peores épocas, el gobierno radical de Jujuy comenzó a formar un expediente con los delitos oprobiosos de Sala.
La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se negó el jueves a prestar declaración indagatoria en la causa por el desvío de fondos del programa de viviendas Sueños Compartidos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, confrontado por el desafío de Bonafini, transformó una chispa procesal en un incendio político. Una de las madres icónicas de lucha más digna de la historia argentina volvía a verse rodeada de cientos de policías amenazantes que procuraban su captura. De tan torpe, el paso no parece inocente; como si alguien intentara distraer la atención.
Bonafini es una luchadora incansable a la vez que una dirigente autoritaria; una compañera solidaria a la vez que cruel con quienes la contradigan, aunque sean madres que han sufrido tanto como ella. Una mujer que vive humildemente a la vez que arbitraria para abrazar deshonestos. Ante todo, una víctima del terrorismo de Estado que eligió la lucha antes que la venganza. Paradojas de la historia. Mientras la Policía buscaba a Bonafini en la noche del jueves, casi todos los cómplices civiles (empresarios, jueces, sacerdotes) que trabajaron codo a codo con la dictadura y unos cuantos represores condenados que en los últimos ocho meses lograron la prisión domiciliaria observaban las imágenes de los canales de noticias desde un sillón de su casa. Inefables abogados que acababan de firmar un documento en el que defienden la impunidad de terroristas de Estado declamaron que la orden de arresto de Bonafini era irrefutable porque nada "la pone por encima de ley". La reflexión de los letrados invita a observar otra paradoja. La falta de Bonafini (no concurrir a una indagatoria) no es algo extraordinario. Políticos como Mauricio Macri (causa de represión de indigentes en la Ciudad en 2008) o Fernando de la Rúa (muertes por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001), o ejecutivos de bancos como David Mulford (causa megacanje, en el juzgado de Martínez de Giorgi) también incurrieron en el mismo desliz que la titular de Madres, según se encargaron de difundir abogados que intervinieron en esos expedientes. Ningún juez dispuso su detención ante la primera incomparecencia.
Mientras los jueces que ayer dormían las causas de corrupción del kirchnerismo hoy despliegan impúdicamente su nueva arbitrariedad, el gobierno de Macri juega al distraído. Sólo la amabilidad permite sustraer de la esfera pública la mano más oscura de los servicios de Inteligencia para montar escenarios. Un narcotraficante sospechado de un triple asesinato obtiene beneficios procesales exprés a cambio de inculpar al exjefe de gabinete Aníbal Fernández. El intercambio se hace a la vista de todos, a través de los medios afines. Exfuncionarios procesados por orquestar el tráfico de efedrina desde la secretaría contra las drogas hasta 2008 son presentados por la prensa como testigos inocentes.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta causas de apariencia tanto fraguada como seria. Una nueva paradoja. Mientras jueces federales violentan el proceso legal en los expedientes más débiles, la expresidenta gana oxígeno para denunciar persecución. Y cuando la victimización encuentra sustento, sirve tanto para las causas inventadas como para la de los supuestos retornos de contratistas del Estado.
Podría tratarse de un mero juego de baja política. Acaso la prolongación de los escándalos y no tanto que afectan al kirchnerismo sea en sí mismo un buen negocio que compense la hasta ahora palmaria frustración económica de la revolución de la alegría prometida por Cambiemos. A mediano plazo, el costo para Macri, incluso en el plano internacional, puede ser lesivo. Un gobierno que declama República y Justicia independiente logra que sus opositores terminen en la cárcel, como por arte de magia.
Foto: Clarín