Chile: una carrera "barata" cuesta u$s 5.000 por año en la universidad estatal

Por: Sebastián Lacunza

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, extitular de la Clínica Las Condes, saluda al flamante ministro de Planificación, Joaquín Lavín, quien dejó esta semana la cartera de Educación. Lavín, excandidato presidencial, es uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo. Desde el punto de vista del financiamiento, la educación universitaria estatal es prácticamente inexistente en Chile. Estudiar una carrera «económica» cuesta unos 5.000 dólares al año, incluso en las universidades llamadas públicas que, en rigor, a la hora de buscar fondos, compiten con las privadas casi en pie de igualdad. Esta realidad explica parte de las masivas manifestaciones callejeras que desde 2006 vienen jaqueando a los gobernantes, primero a la socialista Michelle Bachelet, y ahora al conservador Sebastián Piñera. Con sólo un 0,3% del PBI de aporte del Estado a la educación superior, el país se ubica entre los que menos destina a ese rubro en el mundo, indica un estudio de la docente especializada en el tema María Olivia Monckeberg. El dato deja en offside a Chile incluso comparado con países con larga tradición privada en el mercado universitario. En EE.UU. -según un informe de la Universidad de Chile (UCH)-, el Estado aporta cerca del 50% del presupuesto global en el rubro, mientras que del otro lado de los Andes no llega al 15%. El sistema universitario chileno está conformado por cerca de 60 casas, 16 de las cuales son de propiedad estatal o de algún tipo de titularidad pública. Sin embargo, medida en términos de la matrícula general de estudiantes, la participación de las universidades públicas en el «mercado» es claramente minoritaria. El buque insignia de la educación superior estatal es la UCH, surgida con la formación de la República, que cuenta sólo con 23.000 estudiantes (el 10% del padrón de la Universidad de Buenos Aires), sobre un universo de unos 800.000 en el país. Es decir, la principal casa estatal alberga a cerca del 3% del alumnado global. Más allá de su prestigio, forma de Gobierno y algunas facilidades para sectores más humildes, estudiar en la UCH no representa mayor diferencia a la hora de pagar la cuota. Por caso, la carrera de Cine y TV tiene un costo anual de más de u$s 6.100 en esa casa. Otras que requieren más insumos son más caras, algunas un poco más económicas, pero todas se rigen por una lógica de oferta y demanda. El Estado cubre sólo entre el 12% y el 15% del presupuesto total de la UCH, en tanto que el resto se financia con donaciones de empresas y, sobre todo, pago de cuotas. En cuanto a las privadas, las hay para todos los gustos. Buenas y onerosas, como la de Los Andes (Opus Dei), que recibe en un 92,4% a estudiantes de secundarios privados; y mediocres y (un poco) más baratas. Entre estas últimas, se cuentan las que optan por no acreditar su nivel ante el Estado (no es obligatorio) y no realizan pruebas de selección. La universidad más poblada de Chile es privada. El fondo estadounidense Laureate International Universities posee en su cartera, entre otras, a las casas Andrés Bello, De las Américas y Viña del Mar, y juntas superan los 50.000 alumnos. El sistema, que sigue casi intacto de acuerdo con el diseño realizado por el régimen de Augusto Pinochet, se encuentra en plena ebullición. Pese a las críticas que impulsan a los jóvenes a las calles de Santiago, el modelo tiene méritos. Uno de ellos es que multiplicó por ocho la cantidad de estudiantes desde que, en 1981, el régimen de Pinochet diseñó el esquema que casi borró al Estado de la educación superior. Cierto es que no se trata de una comparación genuina, ya que aquella dictadura aplastó premeditadamente a la educación universitaria aún después de la reforma. Hasta 1973, año del golpe de Estado, existían en Chile ocho universidades estatales o creadas por ley y financiadas con fondos públicos. La UCH, Técnica del Estado, Austral, Concepción, Católica, Católica de Valparaíso, Del Norte y Técnica Federico Santa María. Las ocho fueron intervenidas por la Junta militar en 1973, lo que desató el consabido proceso de represión y exilio de alumnos y docentes. En medio de la desolación y una baja pronunciada de la matrícula de alumnos, comenzó en los 70 el primer ensayo de un módico arancelamiento, pero el cambio sustancial no entraría a regir hasta 1981, año clave de la dictadura, en el que también se creó el sistema de las AFJP, los colegios secundarios se municipalizaron y se instauró el modelo de medicina prepaga (ver aparte). Al cabo de la primera década del Gobierno de Pinochet, la UCH pasó a ser metropolitana de Santiago, mientras la Católica se transformó en una casa de elite económica y cultural. Sin embargo, la dictadura celaba de la posibilidad de que se crearan casas de estudio privadas que escaparan a su órbita, por lo que exigía la aprobación del Ministerio del Interior, todo un dato. Es así que, tras una primera ola de universidades privadas como la Gabriela Mistral, Diego Portales y Central, la eclosión que perdura hasta hoy tomaría impulso hacia el final de aquel régimen y, especialmente, durante los primeros gobiernos de la Concertación de centroizquierda. Hoy el sector es uno de los primeros anunciantes publicitarios de Chile. «La dictadura dejó todo muy amarrado, y a ello se suma que hay intereses creados», explicó Monckeberg a Ámbito Financiero en su despacho de Periodismo de la UCH, consultada sobre por qué la Concertación no modificó el sistema. Otro dato llamativo es el denominado aporte fiscal indirecto (AFI), que consiste en un bono que otorga el Estado a las universidades públicas o privadas en virtud de la cantidad de mejores promedios del secundario que matriculen. Es decir, de los pocos fondos públicos que invierte el Estado chileno, parte termina en empresas privadas. El Estado chileno otorga créditos ventajosos a alumnos pobres y con buen promedio en el secundario. Además, ofrece garantía estatal para préstamos privados a estudiantes humildes en general. «El sistema ha implicado una universidad para todos los que la puedan pagar. Eso genera una cosa delicada. Hoy día, una persona de los sectores más pobres, que no fue al mejor liceo (secundario), tiene que pasar muchas vallas. Si recibe un crédito fiscal y abandona porque no puede seguir el ritmo o porque debe trabajar, se queda con una deuda», describe Monckeberg.