Lección vasca sobre los límites de las proscripciones

Escribe Sebastián Lacunza

Medianoche del domingo. Medios conservadores de España, país en el que, hace años, unos cuantos diarios, radios y periodistas han decidido enarbolar causas partidistas, celebraban la derrota de José Luis Rodríguez Zapatero y se lamentaban de una victoria que aguó la fiesta, la de -según decían- «ETA-Batasuna» en la comunidad autónoma vasca. Menudo problema tendría España hoy si cerca del 30% de los vascos apoyara a una organización fascista en sus métodos, inmoral en sus principios e insolvente en sus razonamientos como Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Más aún, en algún extremo del arco mediático y político, no poco significativo por su peso en la península, llegan a sumar al tradicional Partido Nacionalista Vasco (PNV, que abandonó un poco su moderación retórica entre 1998 y 2009) al radio de acción del terrorismo. Brecha de lectura Los escasos 400 kilómetros que separan a Madrid -capital española- de Bilbao -epicentro cultural del País Vasco- son muchos más a la hora de entender lógicas políticas y el «sentido común» que predomina en una y otra sociedad. Una brecha de lecturas que acaso haya tornado subterráneo e inesperado a los ojos del resto de España el cómputo del domingo en Euskadi que, entre sumas y restas, dejó para el bloque soberanista-independentista nada menos que el 61% de los sufragios, como en el auge de los 80 y los 90, frente a menos del 30% del PSOE y PP, formaciones frecuentan el insulto a nivel nacional, pero las une el espanto en el País Vasco.  De peleas simbólicas sobre un mismo hecho está repleto el debate sobre el dilema vasco. Señoras elegantes, cartera en mano, y hasta sacerdotes apoyan en marchas y misas el famoso «Euskal Presoak, Euskal Herrira» (presos vascos en tierra vasca). Algo normal en la lógica de un reclamo por un vecino del pueblo vasco; extremo horroroso, «causa perdida», «anciana amenazante bastón en mano» para ciertos círculos de Madrid. Una militante de la organización cívica Gesto por la Paz explicó a este cronista hace unos cuantos años los motivos de ciertos comportamientos que parecen contradictorios: «Quien más quien menos tiene un tío amenazado o un primo preso en Andalucía al que su madre no puede ver».  La diferencia de interpretaciones sobre una marcha sería un hecho menor si no hubiera permeado la legalidad del sistema político español en la última década.  José María Aznar y el PSOE impulsaron en 2002 la ilegalización de Batasuna, el denominado brazo político de ETA que solía obtener entre el 10% y el 20% en las elecciones locales. La Justicia avaló una iniciativa que, en rigor, acomodó la ley local al marco jurídico de muchos países europeos. Poco saludable El problema, que emergió como expresión política el domingo, es qué ocurrió con el transcurso de los años, cuando se extendió el límite de lo prohibido hasta extremos poco saludables para una democracia. Ocurrió así, por ejemplo, que dirigentes políticos, como el expresidente vasco Juan José Ibarretxe y el actual, el socialista Patxi López, llegaron a ser procesados por reunirse en público con dirigentes de la izquierda «abertzale». Otro referente de Batasuna, Arnaldo Otegi, resultó condenado a dos años de prisión por participar de un homenaje a un etarra, sentencia luego revertida por cuestiones procesales. La lista de causas polémicas es extensa. El Gobierno de Zapatero, que se reivindica como progresista, y la principal formación opositora, que se proclama de centro, intentaron prohibir hasta donde pudieron la participación en las elecciones del domingo de Bildu, una alianza que tiene como buque insignia a Eusko Alkartasuna (EA). Le asignaban los mismos males que a Sortu, un sello «abertzale» que rechazó la violencia de ETA, pero que, de todas maneras, fue proscripto. Dos líneas para definir a EA. Emergió en 1986 como un desprendimiento socialdemócrata del democratacristiano PNV. Desde entonces, gobernó alcaldías, cogobernó Euskadi, tuvo diputados electos en Madrid, se hizo fuerte en Gipuzkoa y sufrió atentados de ETA.  En la década pasada retomó su alianza con el PNV, una jugada que le costó caro en términos de identidad. Viró últimamente al independentismo desde el nacionalismo e iba rumbo a la marginalidad hasta que, hace pocas semanas, el Gobierno español intentó prohibir su participación electoral. En un fallo contra reloj, el Tribunal Constitucional revirtió una decisión del Tribunal Supremo.  Contar los votos no es menor en una democracia. En consecuencia, el mapa político vasco es hoy más realista.