Sebastián Lacunza
El Correo
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Buenos Aires - Una historia de espías, terrorismo, geopolítica y muerte. De corrupción y peleas familiares. No se trata de una tarde de domingo lluviosa atrapados con la teleserie Homeland o un libro de Le Carré. Es, más bien, una trama real, desatada hace un año y todavía vigente, que alteró los planes del país de los senderos que se bifurcan.
Cerca de la medianoche del domingo 18 de enero de 2015, el fiscal federal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de Puerto Madero, la más nueva y esplendorosa zona céntrica de Buenos Aires. Los once años previos, Nisman había tenido carta blanca para investigar el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, cometido en julio de 1994, en el corazón del barrio de Once: 85 muertos.
Cuatro días antes de perder la vida, Nisman presentó en tribunales y ante las cámaras de televisión una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner; su canciller, Héctor Timerman; y otros personajes de las cercanías del oficialismo y del submundo de los servicios de Inteligencia. El denunciado “pacto de impunidad” con Teherán procuraba liberar a altos dirigentes iraníes — entre ellos, el expresidente Alí Rafsanjani — de la acusación de autoría intelectual del ataque terrorista, a cambio de mayor intercambio comercial de trigo y petróleo. Para sostener su denuncia, Nisman se valió de escuchas de inteligencia a dirigentes periféricos (aunque uno de ellos con llegada a los Kirchner) y a un hombre que se declaraba representante de Irán. Las conversaciones reflejaban complicidad, vulgaridades y alardes de una influencia no concretada.
En un movimiento inexplicable incluso para su entorno más próximo, Nisman había interrumpido las vacaciones con sus hijas en Europa, planeadas hasta la última semana del primer mes de año. Tan abrupto resultó el movimiento, que su hija adolescente quedó unas horas del 11 de enero en un limbo VIP del aeropuerto de Barajas, hasta que su madre y expareja del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acudió en su búsqueda.
El sustrato mayor de la denuncia de Nisman era el acuerdo de entendimiento entre Buenos Aires y Teherán, sellado en 2013 en Etiopía y nunca implementado, para crear una “comisión de la verdad” conformada por juristas extranjeros, que además posibilitaría una especie de indagatoria de los acusados por parte un juez argentino. Tal pacto no supuso el levantamiento de las órdenes de captura emitidas por Interpol contra un libanés y cinco iraníes, así como tampoco tuvo lugar el intercambio de trigo por petróleo.
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Los Kirchner, Nisman, los gobiernos de Israel y Estados Unidos, y la dirigencia judía argentina habían sido firmes aliados en la acusación contra Irán. Con el supuesto fin de dar vuelta la página a una investigación oprobiosa del atentado, Néstor Kirchner (el peronista de centroizquierda que gobernó entre 2003 y 2007, y falleció en 2010) brindó a Nisman fondos infinitos y, sobre todo, socios en el servicio de Inteligencia argentino conectados con el Mossad y la CIA.
De inmediato, Nisman apuntó a Irán. La Embajada de Estados Unidos no ahorraba expresiones de satisfacción por el rumbo de la investigación, a la vez que cierto desprecio por la figura del fiscal, quien se había tornado insistente en sus pedidos de disculpas porque una vez, en 2008, se había apartado de la línea preferida por Washington, reflejaron los documentos de WikiLeaks.
Este coro, que encontraba a los Kirchner año tras año denunciando a los ayatolás ante la Asamblea General de la ONU, sólo se veía un poco alterado por organizaciones de familiares de las víctimas de la AMIA, como Memoria Activa, Apemia y 18-J, todos ellos con disidencias entre sí pero severos críticos de la cúpula comunitaria judía agrupada en la DAIA, a la que acusaban de obstaculizar la investigación.
Cristina Kirchner giró y pasó en 2010 a explorar una “comisión de la verdad” en un tercer país. Sobrevolaba un dato insoslayable: la causa de la AMIA estaba varada hacía años. En una primera reacción, Nisman y la dirigencia judía apoyaron el intento, pero el entusiasmo tuvo vuelo corto y pasaron a denunciar una “rendición” ante los responsables del atentado.
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En los cuatro días transcurridos desde la explosiva denuncia hasta su muerte, Nisman recibió algunas malas noticias. Por caso, un exjefe de Interpol, el estadounidense Ronald Noble, desmintió todo intento del gobierno argentino para desactivar las órdenes de captura de los iraníes.
Pero Noble no fue, quizás, el trago más amargo. Quedó acreditado que el fiscal perdió contacto con Antonio “Jaime” Stiuso, un jefe de espías plenipotenciario que supo trascender una dictadura, crisis económicas y cambios de gobierno. Administrador de una densa red política, judicial y económica, Stiuso hizo y deshizo a su antojo hasta diciembre de 2014, cuando Cristina Kirchner lo desplazó, poco antes de que Nisman partiera a Europa.
Horas antes de morir, Nisman llamó insistentemente al celular de Stiuso, pero éste declaró ante la Fiscalía que no lo atendió porque había bajado el volumen del aparato.
El fiscal de la causa AMIA dedicó su último sábado a coordinar con diputadas opositoras el marco de su presentación ante una comisión del Congreso, que tendría lugar el lunes 19 de enero por la mañana, mientras diputados kirchneristas reclamaban que la sesión fuera pública, ya que intuían que no podría probar lo afirmado ante las cámaras de televisión.
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Cae la noche del sábado en Puerto Madero. El fiscal pide a un asistente informático que le preste un arma. A regañadientes — según su versión—, Diego Lagomarsino, a quien el fiscal hacía pasar como empleado de su oficina, le entrega una vieja Bersa en desuso.
Domingo. El barrio de Puerto Madero luce desierto en pleno enero. Según los registros informáticos, Nisman revisa diarios por internet cerca de las siete de la mañana y no recoge los que tenía en la puerta. El estadounidense Noble afirma en Página 12: “Nisman miente”. Pasan las horas y el fiscal no se comunica con sus custodios. Tampoco responde llamadas.
Anochece. Acude al edificio su madre, Sara Garfunkel, pero una llave puesta del lado de adentro impide abrir la puerta. Con la ayuda de un cerrajero, ingresan Garfunkel y un custodio. Todo parece estar en orden. La luz del baño está encendida pero la puerta no abre del todo porque algo la traba. Es el cuerpo de Alberto Nisman, de 51 años, con un disparo en la cabeza ejecutado con la Bersa que le había entregado el joven Lagomarsino. En la medianoche del domingo, Twitter expande la noticia. Un mundo de policías, funcionarios y peritos puebla el departamento que alberga el cadáver de Nisman.
El país sigue de largo hasta el lunes. Lagomarsino acude temprano a la Fiscalía y cuenta entre llantos la historia del arma, mientras Arroyo Salgado regresa con sus hijas desde Barcelona. Cristina Kirchner, una jefa de Estado, se lanza a elucubrar sobre si había sido suicidio o asesinato. Garfunkel recorre cajas de seguridad que compartía con su hijo en diferentes lugares de Buenos Aires y las vacía. La causa de la muerte recae en una fiscal honesta, sin conexiones políticas (una rareza), que está a punto de jubilarse. Su nombre es Viviana Fein y su perfil llano y desprejuiciado, como una maestra de escuela a la vieja usanza, excede la imaginación de Hollywood para este contexto. Fein se transformaría luego en la archienemiga de Arroyo Salgado, su antítesis.
El 18 de febrero, a un mes de la muerte, cientos de miles de personas recorren bajo la lluvia las calles del Congreso a Plaza de Mayo. El país se parte. La marcha es encabezada por fiscales, algunos de ellos muy desprestigiados. En una atmósfera conmovedora, aparecen las hijas de Nisman. Cerca, Arroyo Salgado y su exsuegra no se hablan. Los familiares de víctimas de la AMIA no dicen presente.
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Sucederían meses frenéticos. La denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner no logra cobrar vuelo, pese a que no hay pocos interesados. A fines de febrero, el juez federal Daniel Rafecas la desestima en un fallo en el que expone contradicciones flagrantes e hipótesis disparatadas. Sorprende al dar a conocer un dictamen firmado poco antes por el mismo Nisman en el que avalaba enfáticamente el pacto con Irán, como un enigmático plan B, reverso del plan A, hallado en una caja fuerte. Una cámara federal y un fiscal de Casación ratican la desestimación de la denuncia, por lo que la causa muere.
Surgen sin cesar pistas falsas. Un diario opositor afirma en portada que el disparo que acabó con la vida del fiscal fue realizado a 15 centímetros, abonando a la hipótesis del asesinato. El arma, quedaría demostrado, estaba casi apoyada en la cabeza al momento de disparar. Se difunden fotos para desacreditar a Nisman que lo muestran rodeado de modelos en playas paradisíacas, a las que acudía sin tomarse vacaciones.
Hacia marzo, Arroyo Salgado levanta el perfil y denuncia “un magnicidio de proporciones desconocidas”.
Los médicos forenses oficiales y de parte de Lagomarsino concluyen que Nisman murió en la mañana del domingo 18 de enero, y los peritos que estudian el recorrido de la bala y la escena del hecho se inclinan por la hipótesis del suicidio. En cambio, los expertos aportados por Arroyo Salgado extienden el umbral de la muerte hasta la noche del sábado 17 (cuando Lagomarsino entregó el arma) y afirman que Nisman fue ultimado y su cuerpo corrido para que trabe la puerta del baño.
Los buitres ven la oportunidad. Los tenedores de bonos que demandan contra Argentina en un juzgado de Manhattan financian el "premio Alberto Nisman al coraje".
La exesposa Arroyo Salgado detecta una cuenta en un banco de Estados Unidos a nombre de Nisman, su madre (Garfunkel), su hermana y Lagomarsino. Éste, según confiesa, le depositaba todos los meses parte de su sueldo, en un reintegro ilegal. Aparecen más propiedades no declaradas en Uruguay, por lo que un fiscal activa una imputación por lavado de dinero contra la madre y la hermana.
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Pasan los meses y, desde aquella manifestación masiva de febrero, los actos de homenaje al fiscal cuentan apenas unas decenas de asistentes. Se inicia una extensa campaña electoral, pero los principales candidatos casi no nombran la palabra “Nisman”. Hacerlo abriría una Caja de Pandora que podría tornarse incontrolable en plena carrera presidencial.
El conservador Mauricio Macri gana inesperadamente la Presidencia. De inmediato, los fiscales de la marcha de febrero toman nuevos bríos, aparecen testigos con ánimo de desdecirse y Arroyo Salgado logra su cometido de apartar a la fiscal Fein de la cabeza de la investigación de la muerte de su exmarido. El nuevo gobierno crea una oficina especial para investigar el atentado contra la AMIA. En un principio, se llamaría “unidad AMIA-Nisman”, pero los familiares de las víctimas reclaman que sólo lleve el nombre de la mutual judía. El espía Stiuso abandonó el país hace meses, con paradero desconocido. Dicen que está en Miami.