La Oficina Anticorrupción contrató como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobbying para empresas privadas
Por Sebastián Lacunza@sebalacunza
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso,
contrató como responsable de prensa a una consultora, algo de por sí inusual
para funcionarios públicos, que suelen manejarse con voceros y equipos de
comunicación que ocupan puestos estatales. No se trata de un mero contrato en
apariencia obtenido gracias a un vínculo político, ya que la firma está ligada
al PRO, sino que además pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses.
Consuasor, fundada en 2005, fue contratada por la OA a
comienzos del año pasado. Entre sus servicios ofrecidos en la web, figura la
estrategia comunicacional, el lobbying — es decir, la representación de
intereses privados ante el Estado — y el análisis de “riesgo
político-regulatorio”.
De modo que la secretarÍa de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas
tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra
ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas
que buscan incidir en políticas gubernamentales. Si Consuasor se dedica a abrir
puertas de despachos oficiales para sus clientes, la tarea se torna mucho más llevadera
desde el riñón de una dependencia pública dedicada a monitorear el mapa del
Estado argentino.
La consultora detalla su oferta:
-
“Brindamos información sensible, imparcial
y detallada sobre decisiones relevantes de gobiernos y parlamentos de
Latinoamérica para quienes toman decisiones”.
-
“Con un enfoque profesional,
original y ético del lobbying en tanto gestión de los
intereses de nuestros clientes ante los gobiernos, ayudamos a quienes nos
eligen a lograr consensos para sus proyectos”.
El artículo 2 de la
ley de Ética Pública, directriz de la OA, establece que el funcionario debe
“velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la
satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés
público sobre el particular”.
En tanto, el
artículo 13 impone que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir,
administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma,
prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del
Estado”.
La frontera
bifuncional de la consultora contratada por Alonso choca con lo estipualdo.
La norma es que ministros, secretarios y altos funcionarios
trabajen con equipos de prensa integrados por empleados públicos fijos o
contratados, a veces bajo condiciones precarias. Dado que la tarea tiene alta
sensibilidad política y suele ir más allá de la vocería, los funcionarios
tienen habilitada la designación de profesionales de su máxima confianza en
puestos jerárquicos, a veces, con el rango de director nacional.
Desde 2015, Anticorrupción ha contado con el área regular de
prensa y con jefes designados ad hoc. La particularidad de la dependencia a
cargo de Alonso es la alta rotación de “prenseros”, como se conoce en la jerga
a los responsables del área. Al menos tres en dos años.
Consuasor fue ganando terreno y se transformó en la voz de
Alonso y jefatura de prensa de la OA. De hecho, una consulta periodística
regular formulada al área de prensa es respondida por la consultora.
Los fundadores de Consuasor son tres jóvenes que estudiaron
en la Universidad Católica, uno de los cuales, Juan Gentile, conocido como
Juano, falleció el 25 de septiembre pasado, a los 34 años. Fue jefe de prensa
del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO
entre 2012 y 2015, y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del
gobierno de Macri. La muerte por enfermedad del joven, oriundo de la localidad
de 9 de Julio, provocó un fuerte impacto entre funcionarios y periodistas, que
valoraban su carácter siempre afable.
Gentile fue un cercano colaborador de Federico Pinedo en la
Cámara de Diputados. Más aún, Consuasor se atribuye la “asesoría estratégica”
de “President Pinedo” (sic) desde 2006 hasta la actualidad, incluido su papel como
titular provisional del Senado, tercero en la sucesión presidencial. Parte del
área de prensa de Pinedo es manejada por la consultora hasta el día de hoy, en
otro hecho poco usual.
Sosa Liprandi, en tanto, fue gerente de Comunicaciones del
PAMI entre 2012 y 2015, bajo la dirección de Luciano Di Césare, un kirchnerista
que fue procesado por liquidarse a sí mismo, el día en que dejó el cargo, 1.300.826,77
pesos en concepto de vacaciones no gozadas.
Al producirse el cambio de gobierno nacional, en diciembre
de 2015, Sosa Liprandi retomó la silla de Consuasor aunque con la función
ambigua antes descripta, y Gentile ingresó a la Casa Rosada. Fuentes
consultadas indicaron que el joven fallecido no tuvo vínculo formal con
Consuasor mientras se desempeñó como subsecretario.
El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice,
exjefe de Relaciones Institucionales de Walmart.
Alonso fijó como una de las prioridades de su gestión el
vínculo con las ONG, mundo del que proviene. Cuando en 2009 dejó la dirección
ejecutiva de Poder Ciudadano para ser candidata a diputada del PRO, la decisión
produjo un cimbronazo en la organización, ya que el pase socabó la pretensión
de apartidismo de ese tipo de entidades.
Los cuestionamientos a la funcionaria van mucho más allá del
kirchnerismo o la izquierda. Una de sus críticas frecuentes, Margarita
Stolbizer, apuntó contra Alonso el fin de semana por el llamado a licitación
para realizar un mapa de la corrupciòn en el Servicio de Sanidad Animal a un
costo de 1,3 millón de pesos, lo que para la excandidata presidencial era una
cifra exorbitante y un intento de privatizar tareas que deberían ser propias de
la OA.
En respuesta al bisemanario Perfil, fuentes cercanas a
Alonso indicaron que “hacía diez años que la OA no trabajaba y para hacer este
mapa se necesitan contadores, ingenieros, especialistas. Este análisis no se
puede hacer sólo con abogados, que es el personal que tiene el organismo”.
El resbaladizo argumento de Alonso generó reparos incluso dentro
de la OA, según pudo saber este diario, pero en cualquier caso, resulta inaplicable
al caso de Consuasor como responsable de prensa.
Página 12 intentó comunicarse con Alonso para conocer el
monto mensual abonado a Consuasor y los motivos de la contratación, y también
con la empresa encargada de la prensa. Consuasor no respondió ni como proveedor
del Estado ni como vocería de la Secretaría de Ética.
Todo depende del denunciado
Ahora sí, ahora no
Por Sebastián Lacunza
La gestión de Laura Alonso al frente de la Oficina
Anticorrupción (OA) fue blanco de críticas desde el inicio, dado que el puesto,
que se supone contralor del fraude en el Gobierno, pasó a estar en manos de una
de las voces mediáticas más aguerridas del PRO. Un dato demostrativo de la
predilección del presidente Mauricio Macri por personalidades como la de la
licenciada en Ciencias Políticas Alonso fue que debió ser modificada la
normativa que exigía que el cargo de jefe de la OA fuera ejercido por un
abogado.
El contrasentido de que una representante del macrismo duro
ocupe la silla de Anticorrupción quedó demostrado en el ya célebre tuit cuando
los Panamá Papers hicieron pública la trama de sociedades offshore integradas
por el Presidente y una docena de sus colaboradores. “Constituir sociedad en
paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, se apresuró la funcionaria a
advertir en la red social a las 17:42 del mismo domingo 3 de abril de 2016, a escasas
horas de la primera divulgación, cuando primaba el desconcierto ante la
avalancha de datos comprometedores.
Otras intervenciones más institucionales de la oficina de
Alonso, en tándem con la Unidad de Información Financiera, fueron para informar
a la Justicia federal que no observaba indicios delictivos en los giros a una
cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por
parte de un “doleiro” contratado por la brasileña Odebrecht para pagar coimas;
o para deslindar responsabilidades de Macri en las empresas panameñas, lo que
contribuyó a la desactivación relámpago
de ambas causas.
Semanas atrás, la OA advirtió al ministro de Agroindustria,
Luis Miguel Etchevehere, que no podría recibir ninguna remuneración excepcional
de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que no fueran sueldos regulares atrasados.
Cuando ello se hizo público, Etchevehere, quien en un principio había informado
que el premio de 500.000 pesos pagado por la SRA obedecía a diferencias de
ingresos en su nueva función, pasó a decir que se había tratado de haberes
atrasados como titular de la gremial terrateniente. El giro no mereció ninguna
actuación adicional de la OA, según lo informado. Tampoco hubo avances en la
investigación por la inversión de la Anses en un fondo creado por el ministro
de Finanzas, Luis Caputo.
En cambio, la Oficina se mostró activa en las
denuncias contra funcionarios del kirchnerismo, e incluso logró ser querellante
en varios expedientes. Uno de los signos recientes de la actuación de Alonso
fue la amenaza de solicitar el juicio político del juez federal Sebastián
Casanello por no indagar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por
presunto lavado de dinero de parte del empresario Lázaro Báez. "Si el juez
no quiere ver esto (la participación de la expresidenta en el