El gobierno forcejea para conducir el aterrizaje de la investigación sobre las coimas de Odebrecht en el país
Escribe
Sebastián Lacunza
Buenos Aires Herald
El calendario marca que el 1 de junio es inminente. Ese día vence el
compromiso sellado entre los fiscales brasileños y 78 ejecutivos y un operador
del gigante de la obra pública Odebrecht que estableció un secreto de seis
meses sobre los detalles de una de las mayores tramas de corrupción de la
historia de América Latina.
Sin disimulo, el gobierno de Mauricio Macri se lanzó a conducir el
aterrizaje del capítulo argentino del Lava Jato, que, como mínimo,
involucraría 35 millones de dólares en coimas. Pero el intento tiene sus
bemoles.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, y su aliada en la Oficina
Anticorrupción (OA), Laura Alonso, procuraron los últimos días sacar del medio
a los fiscales y expusieron su intención de llegar a un acuerdo con Odebrecht.
El martes, Garavano recibió en su despacho a responsables de la empresa y
decretó el “fracaso” de la Procuración General para alcanzar un acuerdo similar
al que rige en Brasil. Acto seguido encomendó a Alonso — una ferviente
admiradora de Macri — que recabara toda la información proveniente de Brasil.
El objetivo es claro: el gobierno quiere evitar la intervención de la
procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y de los fiscales que actúan en
diferentes causas que involucran a la megaempresa de la construcción que desató
un tembladeral continental.
El plan estaba en marcha, pero la justicia federal movió sus fichas. En
el mediodía del miércoles, cuando el abogado de Odebrecht, Guido Tawil, se
hallaba en dependencias del ministerio de Justicia para continuar las
negociaciones con Alonso y el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías,
(un hombre de Ernesto Sanz), el juez Sebastián Casanello habría ordenado un
allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires en el marco de una
investigación sobre presuntas coimas para la realización de una planta
purificadora de agua en el Delta. No era momento de negociar inmunidad, o al
menos quedaba en evidencia de que había errado de interlocutor, por lo que
Tawil debió retirarse abruptamente rumbo al estudio Bomchil, un despacho
especializado en litigar contra el Estado en el exterior.
El objetivo está explicitado. El gobierno de Macri quiere evitar las
sorpresas que puede generar una investigación diseminada entre la procuradora
general, Alejandra Gils Carbó, y media docena de fiscales y jueces, algunos de
los cuales no responden al Ejecutivo.
El 4 de abril pasado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires (CACBA), una organización privada que agrupa a letrados de grandes
estudios jurídicos, invitó al juez de Curitiba Sergio Moro, quien dio impulso
inicial a la investigación del Lava Jato. Moro fue paseado com
un héroe por el CACBA. Sometido a tormentas de todo tipo, no se privaron de la
foto con Moro el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ni el juez
federal Claudio Bonadío, alfil circunstancial del gobierno nacional, ni el
ministro Garavano.
En el homenaje a Moro organizado en el Salón Vélez Sarfield de la
señorial sede del CACBA en la calle Montevideo, el presidente de la institución,
Guillermo Lipera, fue claro: “necesitamos Sergios Moros; nuestra meta por ahora
debe ser sacar a Gils Carbo”. El centenar de abogados presentes, en su
mayoría partidarios del gobierno de Macri, estallaron en aplausos. Además, del
impulso irrefrenable por la honestidad, los abogados del CACBA comparten otros
objetivos, que dejan saber en cada una de sus actividades públicas: la
consolidación del libre mercado y la impunidad para los represores de la
dictadura. Tawil es uno de los miembros destacados del Colegio VIP.
Alegría tem fim
Al gobierno de Mauricio Macri le cuesta contener su entusiasmo ante la
posibilidad de asestar un golpe al kirchnerismo, a las puertas de la campaña
electoral. Se supone que los arrepentidos brasileños ya brindaron y podrán
ampliar detalles sobre el destino de coimas a funcionarios del gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner. No sería extraño que surgieran nombres clave
que estuvieron a cargo de la obra pública, más allá de Ricardo Jaime, el
exsecretario de Transporte y multicorrupto que cumple prisión en Ezeiza.
Una filtración por goteo sobre coimas por todas partes, dando cuenta de
un esquema del que le costaría despegarse a la propia expresidenta, sería un
impulso ideal para los candidatos de Macri de cara a octubre, a falta de noticias
económicas alentadoras. Ciertos funcionarios macristas (no todos, según Carrió)
sueñan con que aparezca en el Lava Jato, por caso, el apellido de
Julio de Vido, el todopoderoso exministro de Planificación que manejó la obra
pública durante los doce años y medio del kirchnerismo.
Pero, al mismo tiempo, la Casa Rosada vive el Lava Jato brasileño
con cierta zozobra. Alegría tem fim.
La paradoja es que, hasta ahora, los datos más concretos sobre
destinatarios y usufructuarios de las probables coimas de Odebrecht en la
Argentina apuntan a dos nombres cruciales, no sólo del gobierno nacional, sino
del círculo más próximo a Mauricio Macri. Por un lado, Ángelo Calcaterra, el
primo que, en 2007, les compró la empresa constructora IECSA al Presidente, su
padre y sus hermanos (una adquisición al parecer ficticia, según confesó el
propio Franco Macri, padre de Mauricio). Calcaterra es socio de Odebrecht en el
soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la obra más importante del consorcio
brasileño en la Argentina. Según emails incautados por la Justicia de Brasil,
Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA habría cogestionado las coimas para
lograr la adjudicación de la obra.
En segunda instancia pero todavía más directamente implicado aparece
Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, íntimo de
Macri e inquilino del departamento de la pareja presidencial sobre Avenida
Libertador. Antiguo comercializador de jugadores de fútbol, Arribas habría
recibido 850.000 dólares en 2013 mediante al menos diez transferencias de parte
de empresas de obras públicas brasileñas, según el delator Leonardo Meirelles,
quien negoció una pena menor con la Justicia de su país. Este doleiro declaró
hace dos semanas ante fiscales argentinos y asegura tener pruebas de sus
dichos. Si en efecto llegan los comprobantes ya solicitados por los fiscales
Federico Delgado y Sergio Rodríguez, junto con la caída de Arribas se
desmoronaría del todo el tono moralizante que todavía sostienen los partidarios
más fieles de Mauricio Macri.
¿Insistirán Alonso y Garavano para que les entreguen esos documentos?
¿Los delatores brasileños harían caer a Julio de Vido y, junto con él, dejarían
expuesto un vasto esquema de corrupción hilvanado por el gobierno de de CFK? ¿O
demostrarían que el Grupo Macri nunca dejó atrás los vicios de la patria
contratista que le dieron origen y el gobierno de Mauricio Macri utiliza el
Estado para proteger a sus empresas y potenciar sus negocios? ¿O ambas cosas?
Al fin y al cabo, IECSA fue uno de los contratistas privilegiados por el
ministerio de De Vido, además de haberse asociado al empresario amigo de Néstor
Kirchner, hoy detenido, Lázaro Báez.
Pulseada
Sin vueltas, Odebrecht aspira a dos objetivos esenciales: el cese de la
persecución penal contra sus ejecutivos brasileños y argentinos, y la continuidad
de las obras, que incluyen el soterramiento del Sarmiento, una planta de
saneamiento de agua en el Paraná de las Palmas, y rutas y gasoductos en
diferentes provincias.
“El gobierno se mueve para solucionar sus problemas internos, para
contener a Elisa Carrió, pero no podrán ofrecerles lo que piden porque para la
ley argentina es imposible, sería ilegal. La ley del arrepentido argentina
autoriza a negociar el monto de la pena pero no el cese de la persecución penal
ni la garantía de ejecución de los contratos”, sintetizó ante el Herald un
fiscal federal al tanto de las investigaciones locales que involucran al
gigante brasileño.
“Somos los primeros que queremos saber quiénes recibieron las coimas”,
dijo ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la salida del Te Deum en la Catedral,
y en un tiro por elevación, encontró un blanco predilecto, Gils Carbó, a quien
acusó de demorar un acuerdo con los brasileños.
Hay que reconocer que el gobierno de Macri, a veces, no disimula sus
objetivos. Cada vez que un fiscal activa una denuncia contra el Presidente o
sus allegados, voceros oficiosos hacen saber que buscan un recambio de
fiscales.
Sí, en cambio, la Procuración tuvo un rol decisivo en la recepción de
informes relacionados a depósitos ocultos en el exterior de los hermanos del
Presidente Mariano y Gianfranco Macri, y ya tendió puentes con la Procuración
General de la República (PGR) de Brasil que dirige Rodrigo Janot para recibir
la información sobre Odebrecht. Una vez recibida la información, la oficina de
Gils Carbó deriva los informes recabados a las fiscalías que actúan en los
juicios. Acaso la OA de Alonso sabría guardar mayor discreción.
Por unos días más, rige el secreto comprometido por la Justicia de
Brasil con los arrepentidos, aunque media docena de fiscales y jueces federales
argentinos solicitaron información a sus pares brasileños. La PGR ya anunció
que se apresta a compartir los datos, aunque la ampliación de detalles
dependerá del acuerdo que alcancen los arrepentidos con cada país.
En Brasil, el sistema de delación premiada permitió conmutar penas de
ejecutivos y empresarios y la continuación de las operaciones de la compañía, a
cambio de la identificación de políticos y funcionarios corruptos y el pago de
una multa por US$ 2390 millones. Una negociación similar tuvo lugar en
República Dominicana, mientras que en otros países, como Perú (donde la mancha
de las coimas anega a los tres últimos presidentes) y Colombia, amenazan con
cancelar total o parcialmente los contratos de Odebrecht. En tanto, los
gobiernos de Panamá y Ecuador anunciaron que la empresa brasileña no podrá
participar de futuras licitaciones y dicen presionar para que les sea remitida
la información. El tiempo dirá en qué grado se cumplen las advertencias.
De ambos lados del mostrador,
una vez más
El novedoso ensayo de CEO y empresarios a cargo de la Casa Rosada pone
una y otra vez ante su propio laberinto.
Si aún forzando la ley, por la vía de facto, el gobierno de Macri
lograra que Odebrecht siguiera como principal empresa a cargo del megatúnel
para el tren Sarmiento chocaría con un evidente conflicto de interés. Junto a
Odebrecht, en esa obra del oeste del Gran Buenos Aires seguirían operando la
italiana Ghella y la argentina IECSA, la empresa que Calcaterra, el primo de
Macri, le acaba de vender al empresario Marcelo Mindlin.
Hombre que asume riesgos, el ascendente empresario Mindlin aceptó
comprar hace dos meses una firma cuyo activo principal es un contrato acechado
por inconvenientes judiciales graves. Con Mindlin, los caminos se bifurcan, una
vez más, entre el kirchnerismo y el macrismo. Fue durante el gobierno anterior
que este hombre de negocios dio el paso hacia empresas estratégicas como
Petrobras (petróleo) y Edenor (electricidad), pero gracias a la estampida
tarifaria de 2016 y la que terminará de coronarse en 2017, dispuestas por Macri,
su margen de facturación y ganancias creció exponencialmente. Razones
alentadoras, entonces, para comprar una empresa de obra pública a un primo del
Presidente.
En el marco del frenesí moralizador del gobierno de Macri ni se menciona
la hipótesis de cancelar el contrato del Sarmiento, al menos en lo que atañe a
Mindlin. Por el contrario, el año pasado, a pesar de la parálisis de la obra
pública, la Casa Rosada se ocupó de reactivar la megaobra que transformará el
tren que recorre de Once, en la Capital Federal, hasta Moreno, segundo cordón
del conurbano bonaerense, con un costo de uS$ 3.000 millones. Un apuro
misterioso que motivó reclamos soterrados del mundo empresarial ante la
garantía de financiamiento que modificó las condiciones originales de la
licitación. Los cambios fueron dispuestos por el gobierno de CFK, responden en
el gobierno. Otra llamativa comunidad de intereses entre montescos y capuletos.
El plan de Macri para la continuidad del soterramiento podrá transitar
sin objeciones en una prensa que sigue de luna de miel con el gobierno, pero la
intervención de fiscales podría desbaratar el intento.
La OA de Alonso y la Unidad de Información Financiera (UIF, organismo
oficial antilavado) ya se aproximaron a las filtraciones del Lava Jato y
los resultados no fueron promisorios. En un trámite exprés, le acercaron al
juez Rodolfo Canicoba Corral informes que despegaban a Gustavo Arribas, el jefe
de los espías, de las sospechas de corrupción. La UIF dijo haber hecho
“inteligencia financiera” y encontró que Arribas estaba limpio, ningún rastro
de sospecha, en tanto que la OA llegó a similar conclusión, aunque con
llamativo secretismo para una dependencia que brega por la transparencia.
La causa contra Arribas se originó en un primer testimonio de Leonardo
Meirelles brindado a un medio peruano y reproducido por el diario La
Nación en el verano pasado. Canicoba Corral sobreseyó a Arribas en
cuestión de semanas (y con ello logró que el gobierno archivara el intento de
destituirlo con el que había amenazado durante el verano) y el macrismo activó
a un fiscal que le responde, Germán Moldes, para archivar el expediente. Pero,
en el marco de otra causa, Meireles prestó declaración ante dos fiscales y
brindó detalles más precisos sobre las supuestas coimas a al jefe de
Inteligencia argentino. Al día siguiente, la causa que involucra a Arribas fue
reabierta por una cámara de apelaciones.
La figura de la delación premiada, mediante la cual imputados o
procesados admiten responsabilidad penal y brindan información que permite
avanzar en la investigación, habilitó un maremoto en la política y el
empresariado de Brasil. Ante esta herramienta legal hay críticos y entusiastas.
Entre estos últimos se ubica, de acuerdo a sus declaraciones, el Presidente,
pero su reacción ante la imputación a Arribas habilita dudas sobre el verdadero
pensamiento de la Casa Rosada.
En el cierre de su gira por Japón, Macri razonó. “Ahora vuelve a haber
un testimonio de un señor Meirelles, ¿Qué sabemos de él? Que está acusado de
delincuente. La verdad que valor puede tener un testimonio de él sin ninguna
prueba, igual estamos tranquilos, seguirá el proceso". Es decir, si
Meirelles es delincuente, su testimonio no sirve. Es más. Arribas le inició una
demanda. Quedan todos avisados. La de Macri es una hipótesis válida que el día
de mañana podría utilizar la archienemiga del Presidente si le toca defender a
uno de los suyos.