Sebastián Lacunza
El Correo
Buenos Aires
En el marco de los datos
negativos que marcaron la economía argentina en 2016, el gobierno de Mauricio
Macri pudo sacar a la luz el lunes un número positivo, que traerá algo de
oxígeno a las cuentas públicas. El blanqueo impositivo que lanzó el gobierno argentino
en julio pasado sumó en sus
primeras dos etapas 100.000 millones de dólares, lo que representa, de acuerdo
a las penalidades previstas, unos 6.500 millones de
dólares (106 mil millones de pesos) de recaudación para el fisco.
Las propiedades, cuentas
bancarias, tenencias de moneda y acciones ahora declaradas suponen nada menos
que 20 por ciento del producto
bruto interno anual de la segunda economía sudamericana, que es de unos 550.000
millones de dólares. El porcentaje es de por sí impactante, y revela la
magnitud de las tradicionales evasión impositiva y fuga de capitales a las que
son adictas porciones importantes de las clases media alta y alta locales.
Todo indica el monto
“sincerado”- en la jerga del gobierno - aumentará en cerca del 20 por ciento
hacia marzo, cuando termine el programa. La oferta estatal consiste en
blanquear con penalidades progresivas desde el cinco al quince por ciento sobre
lo declarado, de acuerdo al momento del acogimiento, pero incluso la multa podría
ser cero si se suscribieren títulos
públicos.
No obstante, de acuerdo
a la norma aprobada en el Congreso, “sincerar” no equivale a “repatriar”. Los
blanqueadores podrán conservar sus ahorros fuera del país, aunque ése no es el
punto más polémico.
La ley sancionada había excluido de la amnistía fiscal a funcionarios y sus familiares, un punto clave para
el gobierno argentino, que alberga a decenas de hombres y mujeres – incluido el
propio Macri – que aparecen como titulares, socios o directivos de empresas
registradas en los Panamá Papers. Pero antes de que venciera la segunda etapa
del blanqueo en diciembre, Macri decidió derogar la prohibición por vía de un
decreto reglamentario, de manera que ahora sus hermanos Mariano y Gianfranco,
su padre Franco y otros familiares podrán acogerse al beneficio. A raíz de la
modificación, que tomó por sorpresa incluso a algunos aliados, Macri recibió la
imputación de un fiscal.
El presidente y algunos
de sus familiares ya estuvieron procesados en varias instancias judiciales en
los años noventa a raíz de un supuesto contrabando y evasión con autos en
apariencia importados, pero en una de las últimas decisiones de la Corte
(tribunal) Suprema digitada por el peronista conservador Carlos Menem, los
Macri resultaron absueltos.
En el gobierno celebran
el dato de lo recaudado como un triunfo contante y sonante, en la medida en que
corrigió un poco el abultado déficit de 2016, pero también simbólico. Al fin
llega un dato positivo tras un año en el que la inflación se duplicó con
respecto a 2015, aumentaron la pobreza y el desempleo, bajó la inversión y
creció drásticamente la deuda externa. Números que Macri, un político de origen
empresario que llegó al gobierno hace un año con la promesa de iniciar
rápidamente una “revolución de la alegría” sobre la base de la “racionalidad
económica”, promete revertir en 2017.
Gracias al blanqueo al
que se acogieron más de 250.000 argentinos, el año 2016 cerró con un déficit
fiscal de 4,8 por ciento del PBI, según cifras preliminares difundidas ayer por
el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sin dudas, un número alto,
similar al que recibió Macri de Cristina Kirchner el 10 de diciembre de 2015,
pero podría haber sido peor. Tras un año de baja de impuestos a
agroexportadores, mineras y otros sectores de altos ingresos y disminución
relativa del gasto estatal en jubilaciones y planes sociales producto de la
inflación, el déficit habría sido de 5,5 por ciento del PBI si no hubiera
existido el blanqueo.
Funcionarios del
gobierno – o exfuncionarios, como el desplazado ministro de Economía Alfonso Prat-Gay al que
reemplazó Dujovne en plenos festejos de fin de año - atribuyen el éxito del
blanqueo a que las condiciones de la economía son ahora más confiables.
Además, durante este año, Macri y sus funcionarios eligieron un discurso
comprensivo hacia los evasores, a los que identificaron como víctimas de la
“agresividad” de Cristina Kirchner. “Ya no vamos a tener que protegernos ni
escondernos”, llegó a decir el Presidente argentino ante empresarios reunidos
en la Bolsa de Comercio, en julio pasado.
En cualquier caso, para
superar la meta, que duplica el monto de la última amnistía fiscal de Brasil y
multiplica por cuarenta la que intentó Cristina Kirchner entre 2013 y 2015,
resultaron fundamentales los acuerdos de intercambio de información tributaria
con Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Suiza, que entran a regir entre este año
y el que viene.