Sebastián Lacunza
Buenos Aires Herald
En una democracia, que un colectivo de personalidades (empresarios, políticos, intelectuales, lobistas, periodistas, abogados, operadores de Inteligencia) firme un texto para demandar la remoción de un juez es algo legítimo. Los jueces son funcionarios públicos que gozan de privilegios y garantías constitucionales. Si los cuestionamientos son ásperos e injustos, los magistrados deben tener templanza para no alterar su supuesta ecuanimidad y responder ante la opinión pública. El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni definió el marco en 2012, ante lo que llamó “alegatos de oreja” y “presión mediática” en casos de “trascendencia pública”. “Son accidentes propios de la profesión. El juez tiene inamovilidad. Los políticos pasan y los jueces quedan”.
Otro asunto son los argumentos expresados y los intereses que se traslucen de parte de los firmantes de una solicitada, que pueden ser válidos o abyectos. El jueves pasado salió a la luz un texto que solicitó la remoción del juez federal Daniel Rafecas por su “manifiesta inconducta” en relación a la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, que causó 85 muertos. Los firmantes — más de 200; en su mayoría, afines o directamente parte del gobierno de Mauricio Macri — denunciaron la “intolerable parcialidad” de Rafecas y, sin mucho disimulo, advirtieron a dos jueces de Cámara que deben definir en los próximos días si reabren la denuncia formulada por Nisman.
Rafecas desestimó la denuncia de Nisman a fines de febrero de 2015. Un mes más tarde, la decisión del juez federal de primera instancia fue ratificada por la Cámara Federal, y en mayo del mismo año, una sala de Casación dio por archivado el caso. Esta vez, un sistema judicial por lo general envuelto en arbitrariedades procesales resolvió con fluidez dos apelaciones y contrapuso argumentos con todas las garantías.
Quienes denuncian a Rafecas pueden utilizar todos los adjetivos y las vaguedades que les permita su retórica (“el escrito de denuncia propuesto por Nisman perfila un amplísimo marco probatorio”, dijeron), pero para lograr su objetivo, deberán responder los argumentos expresados por los jueces que desestimaron la denuncia en distintas instancias.
- Que el exjefe de Interpol Ronald Noble desmintió rotundamente que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner procurara levantar las órdenes de captura contra exfuncionarios iraníes, elemento esencial que contradijo el escrito de Nisman.
- Que la denuncia del fiscal fallecido establecía hipótesis de un acuerdo comercial con Irán (petróleo por granos) del que no había ningún indicio. El escenario descripto por Nisman quedó desmentido por la balanza comercial.
- Que Nisman había incurrido en fraudes de distinto tipo como tergiversación de los testimonios recogidos en las escuchas telefónicas (un copy-paste de fragmentos para elucubrar una acusación, que resultó, según los jueces de Cámara, “una antojadiza concatenación de diversos elementos de juicio que no revisten, en sí mismos, relevancia alguna")
La lista de incongruencias en la denuncia de Nisman es mucho más extensa. Se suman rarezas como que Rafecas detectó que el fiscal fallecido había rubricado pocas semanas antes de morir un texto que iba en sentido diametralmente opuesto al de la acusación (es decir, justificaba el acuerdo con Irán para que una “comisión de la verdad” juzgara el caso), o la forma abrupta en que dejó a una hija adolescente a la deriva en un aeropuerto español para volar a Buenos Aires y presentar una denuncia de apuro y sin pruebas, en enero de 2015.
El esfuerzo de los firmantes de la solicitada es un eslabón más de una cadena para edificar la imagen de un fiscal heroico que se animó a enfrentar a los poderosos. Atractivo guión periodístico de dificultoso vínculo con la realidad. No sólo porque hay indicios serios de que Nisman fue un fiscal corrupto, que habría desviado fondos públicos y privados a su cuentas bancarias y a la compra de propiedades. Más grave todavía es que durante una década — mientras trabajó codo a codo con los gobiernos de los Kirchner y los nefastos servicios de Inteligencia —, el fiscal fallecido se dedicó a obstruir la búsqueda de Justicia para el atentado más grave de la historia argentina, con maniobras dilatorias y artificios propagandísticos, según denuncian asociaciones de familiares de víctimas del atentado como Memoria Activa, 18-J y Apemia. La dependencia de Nisman de la línea establecida por la Embajada de Estados Unidos quedó confirmada por los cables diplomáticos dados a conocer por WikiLeaks. Antes que a un fiscal épico, Nisman se parece a un advenedizo ávido de fama y dinero, que resultaba útil a servicios de Inteligencia locales y extranjeros. Es decir, un sujeto bastante típico de la era en que vivimos, reconocible en la órbita tanto de los gobiernos de los Kirchner como de Macri.
Entre los muchos firmantes de la solicitada, sobresalen personajes que no demostraron ningún interés en avanzar en la única causa referida a la AMIA que puede arrojar algún resultado concreto: el juicio por el encubrimiento del atentado que se está llevando a cabo ante la más absoluta indiferencia mediática. En dicho proceso, Waldo Wolff, diputado del PRO y exdirectivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se mostró interesado en proteger a Rubén Beraja, un extitular de dicha organización hoy en el banquillo de los acusados por encubrimiento junto al expresidente Carlos Menem y altos funcionarios de su gobierno.
Argentina es un país en el que un expresidente de la DAIA está acusado de desviar la investigación del atentado que voló el edifició de su propia organización, un golpista carapintada es presentado como un funcionario “con fama de incorruptible” (parte de sus admiradores no tienen dicha fama) y abogados de narcotraficantes dan lecciones por televisión sobre cómo combatir el narcotráfico. También en estas tierras son venerados por los firmantes de la solicitada exfuncionarios del gobierno de Menem que hoy ocupan sillas en tribunales y fueron denunciados por los familiares de las víctimas por su actuación para supuestamente favorecer la impunidad. Cabe reconocer que el fiscal de Cámara Germán Moldes y el juez federal Claudio Bonadio esta vez tuvieron la delicadeza de no firmar el ataque a Rafecas, aunque coincidan plenamente con el texto.
Con operaciones para consolidar la impunidad en la causa AMIA, hablemos de la meta de Mauricio Macri de unir a los argentinos.