Escribe
Sebastián
Lacunza
Editor-in-Chief
El
paso del general César Milani por la jefatura del Ejército, concluido ayer,
representa una incógnita que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se
ha molestado en responder. Milani está lejos de ser el único jefe de la fuerza
desde el retorno de la democracia sobre el que han pesado acusaciones de
violaciones a los derechos humanos, pero dado que los gobiernos kirchneristas
pusieron la vara alta, al impulsar una saludable política de memoria y justicia,
la contradicción de su permanencia en el cargo se torna más evidente. En
definitiva, el juego de la democracia implica que el gobierno asuma costos
políticos por haber designado al mando del Ejército a un oficial que había
estado encargado de instruir el sumario que terminó fraguando la desaparición
del soldado riojano Alberto Agapito Ledo en 1976.
Sin
embargo, el mayor daño del expediente Milani no es a un sector político sino a
algunas de las organizaciones de derechos humanos que le devolvieron la
integridad a este país después de las atrocidades cometidas por la última
dictadura militar. Pese a las conocidas diferencias entre las entidades, todas
se habían mantenido fieles un principio: protección a las víctimas e impulso de
la causa contra los supuestos victimarios. El caso Milani (inocente hasta que
se demuestre lo contrario) cambió la ecuación.
El
general dejó el cargo el mismo día en que el Herald publicó una entrevista en
la que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusara a la
madre de Ledo de haber “inventado” la acusación junto al periodista del Grupo
Clarín Jorge Lanata. Un “invento” que incluyó el expediente con la falsa
desaparición de Ledo y testimonios en el informe del Nunca Más de La Rioja,
elaborado en 1984.
Si
Bonafini llegó al extremo de sacarse fotos junto a Milani y sembrar sospechas
sobre una madre (Marcela Ledo) que padeció en La Rioja lo mismo que ella sufrió
en La Plata -quizás en mayor soledad- otros referentes de los derechos humanos
se ahorraron los elogios al general sospechado pero apelaron a las medias
palabras o al silencio. Fue el caso de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, que no indultó a nadie pero mostró un recato exagerado.
Mientras que en muchos otros casos, una lúcida Carlotto se dedicó a denunciar
las rémoras de los tribunales para llevar adelante las causas por los crímenes
de lesa humanidad, en el de Ledo se limitó a un apego formal a los tiempos de
los jueces. La misma formalidad de los estrados argentinos que ella y sus
compañeras han padecido tantos años.
Recién
el pasado 24 de marzo, organizaciones de derechos humanos cercanas al gobierno
reclamaron que el Poder Judicial debería dar “las explicaciones necesarias
sobre Milani, quien sólo puede permanecer en su puesto si no cometió crímenes
de lesa humanidad”.
Una
excepción en este coro de silencios fue el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), un motor esencial de los juicios por los derechos humanos. En
cuanto tuvo indicios de la participación de Milani en la desaparición de Ledo,
la organización se dedicó a impulsar la causa. También elevaron la voz
integrantes de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, entre otros.
Claro
que ante el retiro de los organismos de derechos humanos surgieron los
oportunistas, algunos de los cuales entornaron a la familia Ledo, que quedó
aislada en La Rioja. Hasta los estamentos más comprometidos con la impunidad de
los represores sufrieron una súbita
preocupación por la suerte de un soldado desaparecido, en un ejercicio de
cinismo que no hay que perder de vista.
Lógicamente,
las motivaciones políticas no sólo recorren los organismos de derechos humanos
cercanos al gobierno sino también aquéllos que están enfrentados a él. Desde
2013 a esta parte, la multiplicidad de denuncias contra Milani evidenció una
inflación llamativa. Es mejor separar la paja del trigo y ver la seriedad de
cada causa. Tampoco esos organismos deberían perder de vista qué sector utiliza
su valiosa voz con objetivos muy diferentes a los de memoria, verdad y
justicia.
Los
organismos de derechos humanos llevaron a cabo una gesta épica que quedará
impregnada por siempre en la memoria de los argentinos. No obstante, muchos de
ellos acaban de escribir su página más negra.