Sebastián Lacunza
@sebalacunza
Una explicación vulgar indica que los organismos de derechos
humanos fueron cooptados por los gobiernos kirchneristas mediante subsidios,
puestos laborales o desvío de fortunas. No casualmente, esta versión somera
encuentra mayor eco en ámbitos que nunca manifestaron especial interés en la
búsqueda de justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la
última dictadura (1976-1983), sino que más bien bregaron por la impunidad,
mediante diferentes artilugios, durante décadas.
El relato del “quiebre moral” se edifica sobre un par de
indicios para arrasar con una lucha encabezada por madres, abuelas, familiares
y militantes que arriesgaron todo y, a veces, lo perdieron todo. No parece del
todo factible que familias en las que desaparecieron varios de sus integrantes,
cuyos bienes fueron usurpados por represores, que debieron soportar que los
victimarios caminaran libres por la calle durante décadas y que sufrieron el
ninguneo de gobiernos y tribunales, se dejen tentar de buenas a primeras por un
puñado de pesos o dólares. Para más datos, tal “cooptación” choca de bruces con
las sencillas viviendas en las que habitan las mujeres que hace al menos cuatro
décadas declinaron toda pretensión de comodidad.
De todos modos, es notorio que representantes emblemáticas
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han manifestado una adhesión a rajatabla a
los gobiernos kirchneristas, pero demasiado complejo y vibrante es el
movimiento de derechos humanos argentino como para endilgarle un perfil
monolìtico. Por empezar, un sector de Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora
(Nora Cortiñas, Mirta Baravalle), algunas Abuelas de Plaza de Mayo (Chicha
Mariani), el Servicio de Paz y Justicia fundado por el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel, ciertos sobrevivientes de campos de concentración y el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son algunas de las expresiones del
sector que han dejado saber reclamos frente a diferentes políticas de las
administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Más allá del respaldo unánime a
la reapertura de los juicios contra represores iniciada en 2003, los mayores
cuestionamientos estuvieron vinculados a las ilegalidades de las policías (a
las que el kirchnerismo decidió no combatir) o a determinadas situaciones de
marginalidad que no han sido superadas pese al progreso económico 2003-2011.
Que hubo más subsidios oficiales a Madres, Abuelas y otras
instituciones, es cierto. Ello puede ser leído como un dato saludable si, como
ocurrió, más nietos robados por los represores lograron recuperar su identidad.
Uno de los últimos recuperados es Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de
Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Claro que en el país
de los subsidios sin control, toda investigación exhaustiva sobre el destino de
esos aportes debe ser siempre bienvenida.
En cuanto a desfalcos, hubo uno gigante, a manos de la
Fundación de Madres a cargo del siniestro Sergio Shoklender, quien, sostenido
en su cargo por la presidenta de la organización, Hebe de Bonafini, habría
desviado millones de pesos del programa de viviendas Sueños Compartidos, según
el expediente judicial.
Sobre el reparto de puestos oficiales, la denuncia encuentra
algún asidero en un par de apellidos, nada como para sacar grandes conclusiones
que desmerezcan una lucha épica.
Quizás la explicación de la encendida adhesión a políticas
oficiales tenga que ver con que, hacia el mes de octubre, 559 represores habían
sido condenados, 61 personas resultaron absueltas, cerca de 300 estaban siendo
juzgadas y 1131 se encontraban procesadas. Este mapa, que encuentra a apellidos
como Astiz, Acosta, Barreiro y Menéndez en la cárcel, y que vio morir a Jorge
Rafael Videla en el penal de Marcos Paz, podría ser leído como causa suficiente
para que ciertas mujeres que se plantaron durante tres décadas frente a los
gobiernos en reclamo de justicia para sus hijos, pasen a ser militantes de
quien ocupa la Casa Rosada.
Sin embargo, el año que termina marca un hito en la postura
de los organismos que puede dejar graves
consecuencias para la lucha por los derechos humanos. Un fiscal federal de
Tucumán pidió la citación a indagatoria del jefe del Ejército, César Milani,
por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976, y ante ello,
voces emblemáticas de los organismos prefirieron el silencio o la declaración
de compromiso.
Hasta hace poco, las entidades de derechos humanos pudieron
tener diferentes abordajes sobre recibir o no un subsidio, elevar el tono de
protesta acerca de un hecho actual, la elección de una retórica más o menos
agresiva y un sinfín de motivos. No obstante, las diferencias se dejaban de
lado a la hora del reclamo de justicia, memoria y verdad por cada desaparecido.
Ocurre que en La Rioja, la madre de Plaza de Mayo Marcela Brizuela
de Ledo y su hija Graciela se han quedado bastante solas. Milani fue señalado por
testimonios ya en 1984 en el “Nunca Más” riojano y por pruebas documentales más
recientes, aportadas, entre otros, por el CELS. Como mínimo, se sabe que el
joven Milani fue el sumariante del expediente que fraguó la desaparición del
soldado Ledo como una “deserción”.
Madres y Abuelas se retiraron de la lucha por Ledo. Estela
de Carlotto, titular de Abuelas, extrema la prudencia y se limita a decir lo
obvio: todo sospechoso debe ser investigado. Al menos, su postura es menos
chocante que la de Hebe de Bonafini, que eligió el abrazo a Milani.
Como la política no deja espacios vacíos, otras voces que aún hoy defienden la
impunidad y hasta justifican la represión exhiben una repentina vocación de
justicia exclusivamente referida a la desaparición de Ledo.
De su lado, el Gobierno nacional no sólo ignora los reclamos
de la familia Ledo sino que activó represalias políticas contra abogados y
dirigentes riojanos que comparten la lucha y, hasta hace poco, eran militantes
kirchneristas.
Si Milani (inocente hasta que se demuestre lo contrario) no
fuera titular del Ejército de este Gobierno, la lucha para apartarlo del cargo
dados los sólidos indicios en su contra no tendría fisuras entre los organismos.
Allí hay un quiebre inspirado en una lealtad dogmática o de otro tipo que se
volvió lesiva. Los líderes del movimiento de derechos humanos deberían revertir
su silencio, antes de que sea demasiado tarde.