Gastón Aguirre no es extranjero pero habría causado conmoción social
Escribe
Sebastián Lacunza
Escuchado el discurso de la presidenta Cristina Kirchner sobre el proyecto de Código Procesal Penal, las expectativas de los interesados en la vigencia de la legalidad y los derechos humanos fueron puestas en que el texto aclarara la elusiva tipología de "conmoción social" y las condiciones para las deportaciones sumarias de extranjeros capturados in fraganti cometiendo delitos menores.
El apartado sobre la expulsión exprés de extranjeros detalla:
Artículo 35. Suspensión del proceso a prueba (ndr: interrupción del proceso penal para llegar a una sentencia)También podrá aplicarse respecto del extranjero en situación irregular en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, conforme el artículo 184 de este Código, o imputado por un delito con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar. (...) La prohibición de reingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de quince.
Artículo 184. Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.
En tanto, sobre la "conmoción social", que en la cadena nacional fue mencionada después de una alusión al motochorro que quedó filmado al intentar asaltar a un turista canadiense, el texto a ser debatido en el Congreso aporta las siguientes precisiones:
Artículo 185. Prisión preventiva. Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código.
Si el flamante Código Civil y Comercial y el pendiente de aprobación Código Penal obedecieron a un amplio proceso de debate, todo indica que el de Procedimiento Penal tiene sólo dos inspiradores: Sergio Berni y la famosa "gente que tiene miedo y está harta", colectivo que encuentra como vehículo de expresión a los conductores televisivos y sus panelistas. Se sabe, éstos no son más que meros altavoces de las preocupaciones sociales, despojados de todo interés e ideología.
De modo que la Presidenta (cuyo gobierno reglamentó en 2010 una ley considerada ejemplar por la Organización Internacional para las Migraciones y reclamada en su momento por Jorge Bergoglio) recoge ahora la voz del pueblo, como también lo hiciera Néstor Kirchner al promulgar las leyes Blumberg que establecieron criterios como una pena de hasta diez años, equiparable a un homicidio, a quien portare armas de fuego de cualquier calibre y contare con antecedentes de delitos dolosos (años después, la Justicia declaró inconstitucional este raro artículo).
Tanto de las palabras de Cristina como del texto del proyecto, nadie puede inferir qué significa la "conmoción social" como causal de prisión preventiva. Entrevistado por el diario Página 12, el joven secretario de JusticiaJulián Álvarez informó que será decisivo un escenario con "una sensación muy fuerte de impunidad". Editores de canales de cable ya anticiparon que denegarán apelaciones a sus sentencias.
De este modo, de aquella teoría sobre la percepción superficial de inseguridad ensayada por algún vocero en medio de los vaivenes kirchneristas entre el manodurismo y el garantismo, se da paso a otra sensación, esta vez para justificar el ingreso grandilocuente a la avenida de la demagogia.
Más terrenal resulta la iniciativa de las deportaciones sumarias de extranjeros, extremo ensayado a comienzos del siglo XX.
¿Quién buscaría las pruebas del delito en la mochila de un paraguayo? ¿Quién sería el encargado de encontrar testigos para acusar a un colombiano de que el celular que tiene en la mano no es de su propiedad? Hace poco menos de un año, el Gobierno y afines denunciaban, con razón, la extorsión a la democracia por parte de policías que se amotinaron y organizaron robos masivos en casi todo el país. La misma calificación cupo en 2012, cuando la revuelta fue de los gendarmes. Cientos de expedientes judiciales documentan la práctica del gatillo fácil, torturas en comisarías, detenciones arbitrarias (sobre todo, de inmigrantes de países vecinos) y participación policial en toda la cadena del delito. Organismos públicos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o privados, como Amnistía Internacional, dieron cuenta de que, en gran medida, la democracia real no llegó a las fuerzas de seguridad, por si hiciera falta un señalamiento externo.
El kirchnerismo afirma que a su izquierda sólo está la pared. Sin embargo, se da la paradoja de que el sector del oficialismo que se supone más sensible a la vigilancia de los derechos humanos se llama mayormente a silencio, cuando no juega con justificaciones exóticas ante el predominio del discurso de Berni. Tan activa se muestra la izquierda kirchnerista para llenar tres estadios medianos en el último mes y medio (Ferro, Argentinos Juniors y Atlanta) como dormida a la hora de hacerse ver, redactar documentos o fijar posiciones parlamentarias en contra de la estigmatización de extranjeros. La pasividad incluye a un otrora dinámico sector social que reconoce el impulso del gobierno al juzgamiento del terrorismo de Estado. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo aparcan sus divisiones para coincidir en el silencio. Dentro del mainstream del movimiento de derechos humanos, la notable excepción, una vez más, es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que no expone las inhibiciones de sus colegas.
La oposición, por su parte, suele denunciar que el oficialismo no es más que una mera impostura de izquierda. Dicho esto, los referentes antikirchneristas no pierden oportunidad de colocarse a la derecha del gobierno o, en este caso, dado el alto rating que aportan las insinuaciones xenófobas, al costado. Con buen criterio, la UCR optó esta vez por advertir por la desigualdad ante la ley que supone el fast track de la deportación, pero el titular del partido, Ernesto Sanz, se enredó en una explicación en la que pareció considerar que la expulsión, lejos de un perjuicio, sería un beneficio que permitiría a los foráneos eludir la cárcel. Hasta el Partido Obrero, tan locuaz para pelear por un aumento del mínimo no imponible de Ganancias, olvidó hasta ahora la necesidad de expresarse.
Si el texto transita el Parlamento sin modificaciones, como suele suceder, tocará a algún juez, dentro de unos meses o años, decretar su inconstitucionalidad. De este modo, habrá más espacio para un limbo jurídico que resulta políticamente tan redituable.
@sebalacunza
El apartado sobre la expulsión exprés de extranjeros detalla:
Artículo 35. Suspensión del proceso a prueba (ndr: interrupción del proceso penal para llegar a una sentencia)También podrá aplicarse respecto del extranjero en situación irregular en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, conforme el artículo 184 de este Código, o imputado por un delito con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar. (...) La prohibición de reingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de quince.
Artículo 184. Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito.
En tanto, sobre la "conmoción social", que en la cadena nacional fue mencionada después de una alusión al motochorro que quedó filmado al intentar asaltar a un turista canadiense, el texto a ser debatido en el Congreso aporta las siguientes precisiones:
Artículo 185. Prisión preventiva. Corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código.
Si el flamante Código Civil y Comercial y el pendiente de aprobación Código Penal obedecieron a un amplio proceso de debate, todo indica que el de Procedimiento Penal tiene sólo dos inspiradores: Sergio Berni y la famosa "gente que tiene miedo y está harta", colectivo que encuentra como vehículo de expresión a los conductores televisivos y sus panelistas. Se sabe, éstos no son más que meros altavoces de las preocupaciones sociales, despojados de todo interés e ideología.
De modo que la Presidenta (cuyo gobierno reglamentó en 2010 una ley considerada ejemplar por la Organización Internacional para las Migraciones y reclamada en su momento por Jorge Bergoglio) recoge ahora la voz del pueblo, como también lo hiciera Néstor Kirchner al promulgar las leyes Blumberg que establecieron criterios como una pena de hasta diez años, equiparable a un homicidio, a quien portare armas de fuego de cualquier calibre y contare con antecedentes de delitos dolosos (años después, la Justicia declaró inconstitucional este raro artículo).
Tanto de las palabras de Cristina como del texto del proyecto, nadie puede inferir qué significa la "conmoción social" como causal de prisión preventiva. Entrevistado por el diario Página 12, el joven secretario de JusticiaJulián Álvarez informó que será decisivo un escenario con "una sensación muy fuerte de impunidad". Editores de canales de cable ya anticiparon que denegarán apelaciones a sus sentencias.
De este modo, de aquella teoría sobre la percepción superficial de inseguridad ensayada por algún vocero en medio de los vaivenes kirchneristas entre el manodurismo y el garantismo, se da paso a otra sensación, esta vez para justificar el ingreso grandilocuente a la avenida de la demagogia.
Más terrenal resulta la iniciativa de las deportaciones sumarias de extranjeros, extremo ensayado a comienzos del siglo XX.
¿Quién buscaría las pruebas del delito en la mochila de un paraguayo? ¿Quién sería el encargado de encontrar testigos para acusar a un colombiano de que el celular que tiene en la mano no es de su propiedad? Hace poco menos de un año, el Gobierno y afines denunciaban, con razón, la extorsión a la democracia por parte de policías que se amotinaron y organizaron robos masivos en casi todo el país. La misma calificación cupo en 2012, cuando la revuelta fue de los gendarmes. Cientos de expedientes judiciales documentan la práctica del gatillo fácil, torturas en comisarías, detenciones arbitrarias (sobre todo, de inmigrantes de países vecinos) y participación policial en toda la cadena del delito. Organismos públicos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o privados, como Amnistía Internacional, dieron cuenta de que, en gran medida, la democracia real no llegó a las fuerzas de seguridad, por si hiciera falta un señalamiento externo.
El kirchnerismo afirma que a su izquierda sólo está la pared. Sin embargo, se da la paradoja de que el sector del oficialismo que se supone más sensible a la vigilancia de los derechos humanos se llama mayormente a silencio, cuando no juega con justificaciones exóticas ante el predominio del discurso de Berni. Tan activa se muestra la izquierda kirchnerista para llenar tres estadios medianos en el último mes y medio (Ferro, Argentinos Juniors y Atlanta) como dormida a la hora de hacerse ver, redactar documentos o fijar posiciones parlamentarias en contra de la estigmatización de extranjeros. La pasividad incluye a un otrora dinámico sector social que reconoce el impulso del gobierno al juzgamiento del terrorismo de Estado. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo aparcan sus divisiones para coincidir en el silencio. Dentro del mainstream del movimiento de derechos humanos, la notable excepción, una vez más, es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que no expone las inhibiciones de sus colegas.
La oposición, por su parte, suele denunciar que el oficialismo no es más que una mera impostura de izquierda. Dicho esto, los referentes antikirchneristas no pierden oportunidad de colocarse a la derecha del gobierno o, en este caso, dado el alto rating que aportan las insinuaciones xenófobas, al costado. Con buen criterio, la UCR optó esta vez por advertir por la desigualdad ante la ley que supone el fast track de la deportación, pero el titular del partido, Ernesto Sanz, se enredó en una explicación en la que pareció considerar que la expulsión, lejos de un perjuicio, sería un beneficio que permitiría a los foráneos eludir la cárcel. Hasta el Partido Obrero, tan locuaz para pelear por un aumento del mínimo no imponible de Ganancias, olvidó hasta ahora la necesidad de expresarse.
Si el texto transita el Parlamento sin modificaciones, como suele suceder, tocará a algún juez, dentro de unos meses o años, decretar su inconstitucionalidad. De este modo, habrá más espacio para un limbo jurídico que resulta políticamente tan redituable.
@sebalacunza