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Un lobista con pluriempleo en el Estado

Sebastián Lacunza
Página 12


Se abre una puerta de un despacho oficial y aparece Facundo Sosa Liprandi. Este joven consultor, encargado de prensa y lobista de 35 años fue contratado para tareas que se superponen en el Senado, la Oficina Anticorrupción (OA), el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de Salta y siguen las designaciones... 
La información publicada en PáginaI12 el lunes pasado de que Sosa Liprandi y su consultora Consuasor prestan servicios para la OA, dirigida por Laura Alonso, en un caso de abierta incompatiblidad con la Ley de Ética Pública, permitió iluminar un esquema omnipresente en dependencias del Gobierno, en el que intereses públicos y privados aparecen mezclados. 
La asunción presidencial de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, habilitó la canilla de contratos para Sosa Liprandi, con ingresos de varias decenas de miles de pesos por cada designación, algunas de ellas full time. En el mismo momento en que este consultor se transformaba en pluriempleado, su socio Juan Gabriel Gentile ingresaba a la Casa Rosada para desempeñarse como subsecretario de Comunicación Pública, al tiempo que personal de la empresa Consuasor, fundada por ambos, comenzaba a pisar firme en los pasillos del Estado. 
Consuasor fue creada en 2005 por los estudiantes veinteañeros de la Universidad Católica Sosa Liprandi, Gentile y Alejandro Giúdice, pero su conformación legal como SRL recién tuvo lugar en diciembre de 2015, según el boletín oficial del 28 de ese mes. Es decir, dieciocho días después de la asunción de Cambiemos en la jefatura de Estado. 
“Cuando empezó el gobierno, se dividieron las tareas. Gentile pasó a la función pública y Sosa Liprandi se hizo cargo de la consultora”, narró una fuente que conoce al detalle el funcionamiento de Consuasor. 
Gentile, quien oficiaba como uno de los voceros de Macri y era muy querido por sus colegas, falleció en septiembre pasado, a los 34 años, por una enfermedad. Como es lógico, el funcionario no figuró en la inscripción formal de la empresa como SRL, en la que sí aparecieron Sosa Liprandi –gerente de comunicación del PAMI entre 2012 y 2015, durante el gobierno anterior– y Giúdice. 
La consultora ofrece servicios de prensa, comunicación estratégica, lobbying para empresas y análisis de riesgo político-institucional. Tanta especialización no fue obstáculo para que la firma desatendiera los insistentes llamados de este diario durante los últimos días. 
El hecho de ocupar espacios clave en despachos oficiales no impide a la firma representar intereses empresariales ante el propio Estado. 
Por el contrario, ése parece ser su atractivo. Consuasor se encarga de la vocería, por ejemplo, de Alonso en la OA y, en parte, del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Es decir, para averiguar un dato sobre una investigación por corrupción en la oficina de Alonso o para comunicarse con President Pinedo (así lo llama Consuasor por ser el tercero en la sucesión presidencial), se debe pasar por el filtro de una consultora, que provee los voceros a sus clientes estatales. 
Un ejemplo palmario de los inconvenientes que genera: para la realización de esta nota, fueron dirigidas varias consultas a la oficina de Alonso desde el jueves pasado, con el objeto de saber montos abonados a Consuasor, forma de contratación y razones por las cuales se apela a una consultora que hace lobby cuando la Secretaría de Ética cuenta con un sector de prensa y responsables políticos del área. Para datos tan elementales, que una experta en transparencia como Alonso debería dejar a mano en la página web, no hubo ninguna respuesta ni de la consultora, ni de Sosa Liprandi, ni de la propia secretaria de Ética, ni de la línea administrativa, que debe remitir las consultas que recibe a Consuasor. 
Alonso brindó esta semana una entrevista a Radio Mitre, pero no trató el tema de las incompatibilidades o probables ilegalidades que atañen a su propia gestión. 
Al ministro Jorge Triaca, Sosa Liprandi lo asesora en comunicación estratégica. Una fuente del Ministerio de Trabajo indicó que el consultor acude habitualmente a la oficina y cobra cerca de 40 mil pesos. Fue adscripto a la “unidad ministro” mediante un convenio sellado en marzo de 2016 con la Universidad de La Matanza, un polémico atajo para tomar empleados con poco control que también aplicó el gobierno anterior. Por esa vía también ingresó a la dependencia de Triaca su cuñado Sergio Borsalino, quien luego fue acomodado por Triaca en la intervención del Sindicato Obreros Marítimos Unidos, al igual que la insultada Sandra Heredia. 
Un mes antes de formalizar el ingreso a Trabajo, Sosa Liprandi había sido designado en la categoría A-2 como asesor de Pinedo, con fecha retroactiva al 3 de diciembre de 2015. El ingreso actual de bolsillo para dicha categoría es de cerca de 50 mil pesos. Pinedo es una figura conocida para Consuasor. El fallecido Gentile fue su vocero durante años y la consultora le ofrece asesoría estratégica desde los tiempos en que era diputado nacional. Consuasor también le provee a Pinedo uno de sus voceros, aunque la jefatura de prensa está a cargo, como corresponde, de la planta regular con la que cuenta todo senador. Esta semana se supone fue agitada para Sosa Liprandi, con Triaca y Alonso ocupando titulares de los diarios. 
Ello le pudo haber presentado alguna dificultad para cumplir con sus funciones para el gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, también en medio de una crisis por el cierre del ingenio San Isidro. El 16 de febrero pasado fue contratado por el Ministerio de Gobierno de la provincia norteña por un año con opción a prórroga, bajo la figura de “asesor técnico”, sin ningún detalle de tareas, con un sueldo de 30 mil pesos menos retenciones. Su caso es uno más de los varios de contratos con consultoras que comparten las administraciones Macri y Urtubey, cuya sintonía no es sólo política. 
Todo lo anterior no fue obstáculo para que Sosa Liprandi se desempeñara en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (dedicación 100 por ciento, indica un registro oficial) desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2017, cuando cesó sus actividades en la cartera de Sergio Bergman. Esa prórroga se la perdió. 




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