Mano a mano con la periodista británica expulsada el viernes del país, cuando llegó para participar de la OMC. Dice que el episodio va en línea con la política doméstica de Cambiemos.
Escribe
Sebastián Lacunza
@sebalacunza
Letra P
Responde “no”, suspira y sonríe. La periodista británica
Sally Burch es categórica al ser consultada sobre si alguna vez había sido
expulsada de un país como le ocurrió el viernes, cuando intentaba ingresar a
Buenos Aires para participar de la cumbre de la Organización Mundial del
Comercio que tendrá lugar entre el domingo y el miércoles en el Centro Cultural
Kirchner y hoteles cercanos.
Una cámara federal de La Plata hizo lugar a un habeas corpus
colectivo en favor de los rechazados, pero la decisión llegó tarde. Burch ya
había sido obligada a embarcar en el vuelo de las 19.30 con destino a Lima.
Tiene 68 años y vivió la segunda mitad de su vida en
Ecuador, donde reside. En 1977, participó en Canadá de la fundación de la
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), con el fin de doblegar el
bloqueo informativo impuesto entonces por las dictaduras militares de la
región, y en 2003 coordinó el comité de Contenidos y Temas de Sociedad Civil de
la cumbre mundial de la Sociedad de la Información.
Expuso y discutió en decenas de encuentros internacionales,
varios de ellos bajo el paraguas de Naciones Unidas. Responde a la Letra P a
horas de aterrizar en Quito, la ciudad que eligió por razones personales y
donde dirige ALAI.
-¿Cómo se siente?
-Hay una sensación de indignación porque, en un espacio
multilateral de Naciones Unidas, normalmente está reconocida la participación
de la sociedad civil y el trabajo de prensa. El hecho de que la Argentina haya
rechazado a más de 60 personas inscriptas y aceptadas por la OMC es indignante,
no hay antecedentes, sin ninguna justificación válida.
-¿Qué cree que llevó
al gobierno de Mauricio Macri a adoptar esta postura?
-La primera justificación que dio la Cancillería argentina
era que habían analizado que las organizaciones rechazadas eran disruptivas y
no constructivas en el marco de trabajo de la OMC, cosa que es totalmente
falsa. Para el gobierno argentino, una agenda de defensa ciudadana, derechos
humanos y derechos de países en desarrollo es disruptiva. En particular, he
escrito mucho sobre derecho de Internet y alerté que abrir negociaciones sobre
el comercio electrónico es muy peligroso para nuestros países. Son las
propuestas de las grandes trasnacionales, pero Argentina está en la misma
línea, parece.
-¿Estima que el gobierno argentino actuó por su cuenta o hay
intereses no explícitos dentro de la OMC y de poderes extranjeros que lo
apoyaron?
-Eso sería especulación, no le podría decir. Lo único que
comunicó la OMC es que estaba en desacuerdo (con los rechazos). Hubo voces de
protesta en la OMC pero, a mi modo de ver, no lo suficientemente fuertes.
-Su colega noruego Petter Titland está tratando de regresar
a la Argentina luego de la expulsión. ¿Usted permanecerá en Quito?
-Por el momento, sí.
-¿El gobierno británico hizo algo en su ayuda? (El de
Ecuador se mostró activo y emitió un reclamo público).
-Nada.
-¿Le llama la atención? Porque el gobierno noruego está
siendo muy activo para apoyar a Titland.
-Tampoco me comuniqué directamente (con la Embajada del
Reino Unido). Sé que hubo una gestión, pero no me llamaron. Como entré con
pasaporte de Ecuador, no llamé.
-¿Cree que pudo haber influido la buena relación entre el
gobierno de Theresa May y el de Macri?
-No quiero especular. Solo sé que el Gobierno británico fue
bastante tibio en apoyar a las organizaciones del país que estaban en la lista
negra.
- ¿Suena paradójico que esta política hostil venga de un
gobierno que afirma querer reinsertar a la Argentina en el mundo o lo considera
coherente con el perfil conservador de la administración Macri?
-Es coherente con lo que ha estado haciendo al interior del
país. Justo me llegó hace dos días una denuncia de que el consejo consultivo de
la sociedad civil en la Cancillería estaría siendo anulado. Se suma lo que pasó
con el Consejo Federal de Comunicación (creado por la ley audiovisual,
virtualmente derogada). Lo grave es que esa política la implemente en un
espacio multilateral cuando el país sede lo que tiene que hacer es garantizar
las condiciones para realizar el encuentro.
-¿Está al tanto de hechos como la detención de Milagro Sala
o las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante protestas mapuches?
-Sí, por supuesto. Obviamente hay una tendencia en América
Latina, no sólo en la Argentina, de desconocimiento de derechos básicos.
También en Brasil y Paraguay. Creo que es el regreso de una política neoliberal
con fuerza, sin ninguna propuesta nueva, que ve como disruptivos los intentos
ciudadanos de garantizar derechos básicos, justicia social y comunicación.