Resulta dificultoso mencionar a un gobernante de una democracia occidental que no haya protagonizado en los últimos años una disputa referida a los medios de comunicación de su país. Claro que hay excepciones o diversos grados de intensidad, pero de Francia a Brasil, de Ecuador a Italia, la relación entre el poder político y la prensa saltó a los titulares como nunca antes.Hay quienes pasan a protagonizar noticias por sus vínculos obscenos con un holding de medios. David Cameron está ahora dando explicaciones por haber sentado a la mesa de las decisiones de Downing Street a los hombres de Rupert Murdoch, a la vez que el premier conservador maniobraba para abrir más puertas a News Corporation.
Otros, especialmente en América Latina, se volcaron a confrontar con grupos de medios líderes, hegemónicos o dominantes. Rafael Correa es uno de los presidentes que van a la vanguardia de esta ofensiva, con apenas menos pompa queHugo Chávez. Algunos de estos mandatarios hilvanan, mientras tanto, otros conglomerados de prensa afines, o manejan con poca sensatez los medios estatales que van creando.
Y está Silvio Berlusconi, caso único, quien tiene metida en un baile a la política italiana hace dos décadas, en la que irrumpió a caballo del casi monopolio de la TV privada.
Hasta el siempre correcto Barack Obama se atrevió en algún momento de su primer año de gestión a decretar un bloqueo informativo a la cadena Fox News (¡de Murdoch!), que lo insulta a diario.
La puja sirvió a algunos gobernantes latinoamericanos para ampliar su base de sustentación al plantarles cara a grupos mediáticos que a lo largo de décadas habían acumulado enemigos a los que les habían hecho morder el polvo; entre ellos, prensa competidora que había sufrido condiciones desiguales y poco democráticas frente al líder.
Sobre los excesos verbales que involucra la batalla de gobernantes y empresas periodísticas, alcanza con escuchar ciertos discursos de Chávez, o leer el exabrupto y la penosa ironía referida a Correa del columnista de El Universo Emilio Palacio(ver aparte).
A caballo de malas artes mediáticas en su contra, que se mezclan con críticas genuinas -función esencial de toda prensa-, Correa frecuenta un combate altisonante. El presidente ecuatoriano suele abrevar en la denostación del «terror mediático».
Hasta allí, la sangre no llega al río. En una democracia, la disputa puede ser de alto calibre, incluso vulgar. El intercambio incluye pecados retóricos, y ello es comprendido como legítimo por las organizaciones pro libertad de expresión más serias y respetadas en el mundo.
Distinto es cuando entran a correr sanciones penales o civiles, abusos de las figuras de calumnias e injurias, o juicios sumarísimos como ariete de la batalla.
La sentencia del miércoles no es exclusiva del Ecuador ni mucho menos. Sí resulta excepcional la magnitud de la pena por un simple artículo de opinión, a la vez que un síntoma de que Correa dio un mal paso al que no se atrevió ni Hugo Chávez. El mandatario venezolano se dotó de legislación que podría ser utilizada con fines de censura si se aplica con un criterio laxo, como la norma de Responsabilidad Social en Radio y TV o una ambiciosa reforma al Código Penal, amén de alguna otra tentación, pero hasta ahora esas herramientas actuaron más como amenaza latente.
A tal punto Correa queda en offside, que ayer se sumaron legítimos reclamos de ONG como Reporteros Sin Fronteras o de veedores de organismos estatales interamericanos que, en su momento, enarbolaron elogios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina.
Así las cosas, es probable que el mandatario ecuatoriano haya obtenido el miércoles una victoria judicial que lo conduzca a una derrota argumentativa, de la que podría tener difícil retorno.